EEUU pone a Venezuela, Ecuador y Cuba en su lista negra

Su informe sobre Derechos Humanos alerta sobre la concentración de poder y la amenaza a la libertad de prensa.

El documento llama la atención sobre la impunidad en Colombia y México

El Informe mundial sobre el estado de los derechos humanos que cada año publica el Departamento de Estado sitúa a Cuba, Ecuador y Venezuela a la cabeza de los Estados que peor han respetado las libertades públicas de sus ciudadanos a lo largo de 2013 en América Latina. El documento, esencial para que el Congreso determine el reparto de ayudas en la región, alerta sobre la concentración de poder y la progresivo constreñimiento de la libertad de expresión y de manifestación en los dos últimos países. La corrupción, la brutalidad policial, la impunidad, la ineficiencia judicial, la desatención de los derechos de los pueblos indígenas y la falta de respeto a los de los homosexuales son un denominador común en los análisis relativos a cada uno de los Estados del hemisferio.

Aunque en la presentación del documento, el secretario de Estado, John Kerry, ha hecho especial hincapié en la situación de Asia y Oriente Próximo, no ha eludido referirse a la inestabilidad en la que se está sumida Venezuela en las últimas semanas. “El Gobierno se ha enfrentado a los manifestantes pacíficos desplegando a vigilantes armados, encarcelando a estudiantes y restringiendo la libertad de expresión y de reunión”, ha señalado Kerry, quien ha llamado al diálogo para resolver el conflicto.

Los últimos episodios de violencia en Venezuela no aparecen recogidos en el documento del Departamento de Estado, que se ciñe a lo sucedido en 2013, pero sí da cuenta de los altercados tras las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril de las que, cita, “se celebraron bajo denuncias de fraude, incluida la interferencia del Gobierno”. El informe sobre el país sudamericano es especialmente duro en la denuncia de la concentración de poder, iniciada durante los mandatos del fallecido Hugo Chávez, y que ha continuado con su sucesor, Nicolás Maduro. El documento señala la corrupción y la progresiva politización del sistema judicial. “El Gobierno usa a la justicia para intimidar y procesar de manera selectiva a los líderes políticos, empresariales, laborales o de la sociedad civil”, se recoge en el texto.

Libertad de expresión, atenazada

EE UU muestra su preocupación ante la vulneración de la libertad de expresión y de prensa en Venezuela. “El Gobierno ha tomado represalias contra quienes públicamente han criticado al presidente o a sus políticas”, dice el informe que alerta sobre la creciente presión sobre los medios independientes. Una crítica prácticamente calcada a la que hace sobre la situación en Ecuador. “El presidente [Rafael] Correa y su Gobierno han continuado con sus ataques verbales y legales contra la prensa durante este año”.

El informe sobre Ecuador advierte sobre la nueva ley de medios aprobada a mediados del año pasado y la corrupción y falta de transparencia en el poder judicial. El Departamento de Estado también señala la intimidación que se denuncia desde el ámbito intelectual y académico, donde la dependencia laboral del Gobierno tiene, en muchos casos, “un efecto desalentador que lleva a la autocensura”.

En cuanto a Cuba, el tercer Estado latinoamericano incluido en la lista negra en materia de Derechos Humanos de EE UU, el informe también hace hincapié en las amenazas e intimidaciones a los que tiene sometido el régimen de la isla a sus disidentes, si bien reconoce la tímida apertura en materia migratoria operada hace poco más de un año cuando permitió a sus ciudadanos viajar fuera del país. “Los principales abusos fueron el constreñimiento del derecho ciudadano a cambiar de Gobierno y el uso, por su parte, de amenazas, violencia física extrajudicial, hostigamiento, persecuciones y detenciones para impedir la libertad de expresión y de reunión pacífica”, recoge el documento.

Impunidad en Colombia y México

Con todo, el informe más extenso es el dedicado a Colombia. El Departamento de Estado destaca la puesta en marcha de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, pero sigue alertando contra la impunidad, los crímenes de Estado -cometidos por miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad en el marco del conflicto con las guerrillas-, las desapariciones y secuestros -en buena medida perpetrados por las FARC y el ELB- y el problema de los desplazados en estos 20 años de guerra. “La impunidad y la ineficiencia del sistema judicial ha limitado la capacidad del Estado para procesar de manera efectiva a los acusados por atentar contra los derechos humanos y para llevar a la justicia a antiguos miembros de los grupos paramilitares”, señala el informe.

La impunidad, también, y la corrupción en el seno de las Fuerzas Armadas mexicanas son los principales lastres en la observancia de los derechos humanos que el Departamento de Estado denuncia respecto de México.El documento es muy estricto en su análisis de las muertes extrajudiciales, la tortura y las desapariciones perpetradas en el seno de los cuerpos de seguridad mexicanos. “Se han denunciado bastantes desapariciones forzadas por parte de la Armada, la Marina y la policía […] Los secuestros siguen siendo uno de los problemas más serios y menos denunciados entre las personas de todos los niveles sociales, y en muchos, los informes que involucran a la policía son creíbles”. El documento también llama la atención sobre los malos tratos a los que los agentes de inmigración someten a los indocumentados. Pese a las taras del sistema judicial, Washington da la bienvenida a la reforma judicial que prevé la transición a la justicia oral en 26 de sus 31 Estados (en la actualidad está en funcionamiento ya en tres).

La lucha contra la violencia de genero en Brasil

El informe destaca los esfuerzos del Gobierno de Dilma Rousseff para reducir la violencia de género, con la creación de nuevos juzgados específicos para tratar este tipo de delitos y la iniciativa de 114, 4 millones de dólares, Mujeres, Viviendo sin Violencia, para mejorar la atención a las víctimas de abusos y agresiones en el ámbito doméstico. El documento también hace referencia a los abusos policiales durante las manifestaciones de junio del año pasado. “Las fuerzas de seguridad utilizaron balas de goma, sprays de pimienta, gases lacrimógenos contra los manifestantes”, indica. El documento alerta también sobre las condiciones en las cárceles, la corrupción en el Gobierno y la discriminación contra los homosexuales.

Muchos echarán de menos un poco de autocrítica por parte de EE UU, un país donde la pena de muerte, la política de asesinatos selectivos con drones o el centro de reclusión en Guantánamo -denunciados por todas las organizaciones de derechos civiles- no son la mejor tarjeta de visita para presentarse como adalid de los derechos humanos. Kerry ha querido eliminar cualquier atisbo de superioridad en el informe, no obstante. “Nuestro propio camino no ha estado exento de dificultades y, en ocasiones, contradicciones”, ha señalado. “Cuando hoy presentamos un análisis sobre el resto de las naciones, nosotros mismos nos estamos poniendo el listón muy alto y esperamos el mismo grado de responsabilidad aquí porque sabemos que no somos perfectos. No hablamos con arrogancia, sino con preocupación hacia la condición humana”