Bolivia, Brasil y Argentina, los que más ampliaron pensiones

Informe del Banco Mundial muestra que estos tres países fueron los que más ampliaron las pensiones de jubilación

Algunos países alcanzaron altos porcentajes entre mayores de 65 años, pero se enfrentan al desafío de las mejoras y la sustentabilidad a medio y largo plazo

En el siglo XXI, América Latina ha aprovechado los años de bonanza de los precios de las materias primas y la mejora de sus políticas fiscales para ampliar la cobertura de los sistemas de pensiones. Cada país emprendió reformas distintas. Algunos alcanzaron altos porcentajes de mayores de 65 años con el beneficio previsional, pero enfrentan los desafíos de elevarlo y darle sustentabilidad en el mediano y largo plazo. Otros aún tienen mucho por mejorar en cuanto a la cantidad de beneficiarios y de la suma que perciben. Estas son por lo menos algunas de las conclusiones de un informe del Banco Mundial que lleva el título de Más allá de las pensiones contributivas. Catorce experiencias en América Latina y que se publica este jueves.

La región siempre ha sufrido el problema de la informalidad laboral de buena parte de sus trabajadores y de la baja proporción de ancianos que cobran una jubilación. Tras la crisis de la deuda externa de los 80 y durante los 90 sobrevinieron tiempos de ajuste fiscal, aumento del desempleo, caída de contribuciones a la Seguridad Social y privatización de los sistemas de pensiones en diversos países, como Chile, Argentina o México, con excepciones como Brasil. En los 2000, continuaron las reformas, pero con otro objetivo: el de llevar las pensiones a quienes no habían podido contribuir en su vida activa por la informalidad del empleo o el paro. Incluso se revirtieron privatizaciones como en Argentina.

Los diversos países aplicaron programas variados de ampliación de cobertura según el nivel con el que contaban en forma previa. Los que disponían de mayores porcentajes de adultos mayores con pensión tendieron a universalizar el beneficio y los de menos, se focalizaron en atender a los pobres, no sin dificultades para identificarlos, como sugiere el trabajo del Banco Mundial. La excepción ha sido Bolivia, que ha dado un salto sideral en la cobertura.

De los 13 países analizados en Latinoamérica (el restante caso es del Caribe), Argentina y Bolivia lideran en porcentaje de mayores de 65 años con pensiones, con un 91%, seguidos por el 86% en Brasil y Uruguay y el 83% en Chile. México y Colombia alcanzan a apenas el 44%, Perú al 41%, mientras que las cifras más bajas aparecen en El Salvador (17%) y Paraguay (29%). El Banco Mundial advierte sobre la necesidad de “esfuerzo adicional” en estos países.

Para analizar el progreso de los últimos años, el informe da cuenta del porcentaje de los nuevos pensionistas que accedieron al beneficio sin contribuciones o con aportes rebajados sobre el total de la población mayor a los 65 años. Entonces destaca la inclusión de Bolivia (90%), Brasil (48%) y Argentina (41%). En cambio, ha sido menor la incorporación de beneficiarios en Chile (27%), Colombia (21%), México (18%) y Perú (15%). En Uruguay solo se sumó al 6% de los adultos mayores, pero porque de por sí el nivel anterior de cobertura era alto. Distinta era la situación previa de otros países con progreso acotado como El Salvador (4%) y Paraguay (13%).

Claro que el entusiasmo de los gobiernos de distintos colores políticos por universalizar las pensiones en algunos países o llegar a los más pobres en otros también se topa con el desafío de la sostenibilidad en el futuro. El programa de ampliación de cobertura demanda un gasto equivalente al 2,5% del PIB en Argentina, el 1,9% en Brasil y el 1% en Bolivia. No por casualidad son los países que más han logrado ampliar la cobertura. Hay algunos con relativamente alta proporción previa de pensionistas que han destinado poco dinero, como Chile, con el 0,2% de su PIB, pero otros con muchos retos pendientes que han gastado aún menos, como Colombia, México y Perú, con el 0,1% cada uno.

El Banco Mundial cita varias investigaciones que demuestran que las pensiones no contributivas no desincentivan en forma significativa que los trabajadores activos busquen empleo o contribuyan a la Seguridad Social. Otros factores influyen más sobre estas situaciones. Además, el organismo multilateral recomienda no centrarse solo en los costes sino también en el beneficio de la ayuda: evitar que los mayores caigan en la pobreza al dejar de trabajar o asegurarles que cobren un ingreso cercano al que tenían en su etapa laboral. En algunos países, las nuevas jubilaciones no contributivas alcanzan niveles más cercanos a las contributivas (77% en Argentina, 67% en Costa Rica y 57% en Uruguay), mientras que en otros están alejadas (4% en Colombia, 6% en Ecuador y 8% en Bolivia). Si se comparan las pensiones no contributivas con el PIB per cápita de cada país, los que mejor pagan son Argentina (39,6%), Paraguay (29,3%) y Uruguay (18,4%). Los que menos beneficios dan son Colombia (4,3%), México (4,9%), Ecuador (7,7%) y Perú (8,6%). Brasil paga pensiones equivalentes al 17,2% de la renta personal media y Chile, al 12%.

La población latinoamericana es aún joven, pero va camino del envejecimiento. Uno de los desafíos a futuro es ampliar la cantidad de trabajadores que contribuyen a la Seguridad Social. Solo en cinco países la proporción supera el 50%: Chile, seguido por Uruguay, Costa Rica, Argentina y Brasil. En muchos casos los patrones no regularizan a sus empleados. También hay trabajadores autónomos que no advierten los beneficios de contribuir a un sistema de pensiones que históricamente no ha pagado bien. El reto radica incluso en mantener los logros alcanzados. Como advierten los editores del informe y coautores de su capítulo introductorio, Rafael Rofman, Ignacio Apella y Evelyn Vezza, “una situación políticamente adversa podría resultar en la reversión de algunas” de las reformas que han ampliado la cobertura.