Testimonio de militar narra vuelos de la muerte

Fuertes revelaciones sobre crímenes de la pasada dictadura militar en Argentina (1976-1983), surgen del testimonio del teniente coronel Eduardo Francisco Stigliano, quien antes de morir a fines de 1991, en una demanda de pensión por “neurosis de guerra”, detalló a la jefatura militar su participación en el asesinato de 53 detenidos, cuyos cadáveres fueron arrojados al río de La Plata desde aviones militares, y también de la ejecución de jefes de la organización Montoneros y otros militantes.

Este documento, que impactó entre los familiares de miles de víctimas, fue encontrado en los archivos que aparecieron el año pasado en un sótano del Ministerio de Defensa y permitió conocer cómo funcionaba la Sección de Operaciones Especiales en Campo de Mayo (SOE) durante la dictadura, que hasta estos momentos era una versión fantasma de los hechos.

La SOE fue la encargada de la represión que dejó decenas de desaparecidos entre los integrantes de la de la organización Montoneros, que en los años 79-80 regresaron del exilio para participar aquí en una contraofensiva contra la dictadura ya debilitada.

Las periodistas Alejandra Dandan y Victoria Ginzberg, de Página 12, accedieron a este documento por medio del cual Stigliano, fallecido a los 49 años en Entre Ríos, reclamaba haber sido gravemente afectado por cumplir estas órdenes criminales.

“Las prácticas concretas que afectan al suscripto (…) están referidas virtualmente al método ordenado para la ejecución física de los subversivos prisioneros, a los cuales sin ningún tipo de juicio de defensa, se me ordenaba matarlos a través de los distintos médicos a mis órdenes con inyecciones mortales de la droga ketalar. Luego los cuerpos eran envueltos en nylon y preparados para ser arrojados de los aviones Fiat G 22 o helicópteros al río de La Plata”, narró el militar ante el ejército.

Relató también que los aviones partían en horarios nocturnos desde el batallón de aviación del ejército “601”.

Otra metodología a la que hace referencia es la de los fusilamientos ordenados por el comandante de Institutos Militares con la presencia de los directores de las distintas escuelas de armas y otros institutos para comprometerlos en el crimen.

Este documento es clave para el juicio que se realiza por el asesinato y desaparición de los participantes de la contraofensiva, ordenada por la dirección de Montoneros y por medio de la cuál regresaron a Argentina clandestinamente militantes desde el exilio, algunos muy jóvenes, la mayoría de los cuales están desaparecidos.

De esta manera confirma y da detalles en primera persona sobre delitos de lesa humanidad, y demuestra que en Campo de Mayo se concentró el accionar represivo contra los miembros de Montoneros que regresaron al país entre 1979 y 1980. Es asimismo clave “para identificar a un grupo de tareas hasta el momento desconocido como la SOE en la guarnición de Campo de Mayo”, señalan las periodistas.

El 17 de octubre de 1991, el teniente coronel hizo un descargo sobre su trastorno de salud -“una especie de neurosis con síndrome violento”- en su domicilio, que le fue tomado por un oficial de la Brigada de Caballería Blindada 2 de Entre Ríos, que se trasladó hasta su casa.

El testimonio, con que el militar intentaba lograr un retiro anticipado resulta impresionante en todos sus aspectos, y advierte sobre las secuelas que le dejó lo que llamaban “la lucha contra la subversión” en realidad secuestros, torturas, asesinatos en todos los casos a personas indefensas hacinadas en los Centros Clandestinos de Detención, uno de los cuáles estuvo en Campo de Mayo.

En su informe, Stigliano relata sus “pesadillas en forma permanente, relacionadas con las actividades que, como jefe de la SOE de la guarnición militar de Campo de Mayo, se me ordenaron ejecutar y que constituyeron violaciones flagrantes a la Constitución, las leyes y reglamentos militares, toda vez que se identificaron con las prácticas más aberrantes que se puedan concebir, en relación al respeto básico de los derechos del prisionero de guerra consagrados en los Convenciones de Ginebra, el derecho internacional de guerra y otras leyes que rigen el orden internacional”, sostuvo el militar.

En el año 2010 un reporte de la revista entrerriana Análisis, que dirige Daniel Enz, investigador de los crímenes de la dictadura militar en la provincia de Entre Ríos, demostró como Stigliano logró que se designara durante la dictadura a su cuñado Florencio Arteaga, como agente encubierto del Batallón 601.

El informe de Stigliano a sus superiores en 1991 ante la Dirección de Personal del Estado Mayor General del Ejército (EMGE) tiene un enorme valor en lo judicial y en la reconstrucción histórica de los sucedido durante la pasada dictadura.

Como señalan los periodistas de Tiempo Argentino, Stigliano había dado testimonio sobre los llamados vuelos de la muerte mucho antes de las declaraciones (en 1995) del ex marino Adolfo Scilingo quien también mencionó una “necesidad” de descargarse de hechos del pasado cuando denunció esos vuelos en alguno de los cuáles participó.

En la historia clínica de Stigliano se certifica que “el 17 de septiembre de 1979, fue asistido por presentar una perforación en la mano derecha por esquirla de granada (…) en circunstancias en que el causante cumplía una misión de combate ordenada contra la subversión”.

Aquel día, el integrante de la conducción nacional de Montoneros, Horacio Mendizábal, y el ex diputado peronista Armando Croatto, quien encabezaba el brazo sindical de esa organización estaban esperando en el estacionamiento de un supermercado en la localidad de Munro a un compañero Jesús María Luján Vich, sin saber que éste había caído dos días antes en manos del ejército. Los secuestradores de ese militante lo llevaron después de terribles torturas al lugar de la cita.

“Los represores, a su vez, no imaginaron que Luján Vich saltaría del auto para malograr la emboscada con un grito. Fue el primero en caer. El tiroteo fue breve y concluyó con la muerte de sus dos compañeros, luego de que Mendizábal alcanzara a arrojar una granada. Sus esquirlas atravesaron la mano del jefe de la patota” que era nada menos que el entonces capitán Stigliano. De esto también habló en su carta.

Doce años después, con un cuadro depresivo creciente y confesando persistentes pesadillas, Stigliano hizo su reclamo ante el EMGE para obtener un aumento salarial en concepto de invalidez por su neurosis de guerra. Sin embargo, algunos de sus jefes consideraron “la gravedad de las afirmaciones vertidas… por el causante, que deben ser analizadas por afectar a la Fuerza, exteriorizando con ello un deliberado propósito de generar problemas institucionales”.

El 19 de noviembre de 1991, Stigliano envió un largo escrito de siete cuartillas con su firma, en la que mencionó una visita del general Leopoldo Fortunato Galtieri al centro clandestino El Campito recalcando que su propósito era dialogar con el delincuente subversivo “Petrus” (luego ejecutado). Aclara que el detenido había sido capturado bajo sus órdenes.

Lo que estaba describiendo eran los últimos momentos del dirigente Horacio Domingo Campiglia, secuestrado el 12 de marzo de 1980 en el aeropuerto de Río de Janeiro, después de aterrizar procedente de México, junto con Mónica Susana Pinus, en el marco de la Operación Cóndor. Ambos están desaparecidos.

De acuerdo a los testimonios reunidos ambos fueron bajados a golpes por un grupo de argentinos con la presencia de efectivos del ejército de Brasil, en una acción conjunta. El jefe del grupo de tareas argentino era Stigliano. Este documento es una pieza clave y abre nuevas posibilidades de búsquedas que ayudarán en la causa donde se investigan y juzgan, los crímenes de lesa humanidad en contra de los detenidos-desaparecidos, que participaban en la contraofensiva. Pero también arroja elementos importantes para la investigación sobre la coordinadora criminal de las dictaduras que fue la Operación Cóndor y el papel del Batallón 601, en este siniestro laberinto.