Bolivia y Rurelec acuerdan indemnización por 31 millones de dólares

La Paz, 2 may (EFE).- El Estado boliviano acordó pagar 31,5 millones de dólares a la británica Rurelec por nacionalizar en 2010 su subsidiaria eléctrica Guaracachi, diez millones menos de lo que fijó un laudo arbitral, informó hoy la Procuraduría General.

El Procurador del Estado, Héctor Arce, dijo en conferencia de prensa que el acuerdo fue logrado en Madrid el martes al final de las negociaciones que siguieron al laudo emitido el 31 de enero por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que estableció por diversos factores una deuda global de 41,8 millones de dólares.

Según Arce, Rurelec ha renunciado a cobrar dividendos por 5,7 millones de dólares, también una suma de 1,4 millones de dólares por obligaciones que tenía con el Estado y a un 35 % de los intereses acumulados, con lo que Bolivia se ahorra 10,2 millones de dólares.

El Procurador destacó que de esa forma el monto de compensación se redujo en un 25 % y adelantó que si se cumplen todos los trámites el monto final acordado, de 31.534.613 dólares, se pagará este mes.

La suma originalmente pretendida por la empresa ante la Corte Permanente de Arbitraje era de 142 millones de dólares.

El presidente boliviano, Evo Morales, nacionalizó el 1 de Mayo de 2010 las acciones de Rurelec en Guaracachi, que representaban el 50 % de la compañía generadora eléctrica, la más grande de Bolivia.

Guaracachi provee el 33 % de la potencia eléctrica del país, que entre el 2009 y 2014 aumentó de 369 a 454 megavatios.

Desde el 2006, Bolivia ha logrado varios acuerdos de compensación con los inversores extranjeros de las empresas nacionalizadas en sectores como el petrolero y las telecomunicaciones, pero todavía afronta otras demandas en los tribunales externos y nacionales.

La Ley de Inversiones promulgada por Morales el mes pasado, establece que las futuras controversias con los inversores extranjeros deben ser resueltas sólo en los tribunales bolivianos.

No obstante, los analistas observan la poca confianza que inspira la Justicia boliviana que, según ha reconocido incluso el Gobierno, atraviesa una grave crisis por las denuncias permanentes de corrupción y desorden institucional.