Soza: Operativo fue coordinado por Raúl García y Clavijo.

Según el exfiscal, no era necesario “semejante despliegue de fuerza y violencia estatal durante el operativo en el hotel Las Américas”, el 16 de abril en 2009.

El exfiscal Marcelo Soza,  refugiado desde hace dos meses en Brasil, presentó el pasado 25 de abril al Consejo Nacional del Refugiado (Conare) de Brasil un documento en el que revela que Raúl García Linera,  hermano del vicepresidente Álvaro García Linera, Luis Clavijo  y el finado Carlos Núñez del Prado coordinaron el operativo en el hotel Las Américas de Santa Cruz, donde fueron abatidos tres ciudadanos europeos acusados de formar parte de un grupo terrorista.
“El operativo se encontraba preparado y parte del equipo del Ministerio de Gobierno estaba alojado en el mismo hotel esperando la llegada del grupo irregular liderado por Eduardo Rózsa. La coordinación del operativo estaba a cargo de Luis Clavijo, Raúl García Linera y Carlos Núñez del Prado”, señala Soza.
Según el documento que presentó Soza al Conare para que le otorgue refugio indefinido, informó que el 14 de abril de 2009 le encomendaron la investigación del caso Terrorismo I  y él asumió el caso “con la decisión y esperanza de contribuir a mi país… y fui nombrado como fiscal por concurso de méritos y examen de competencia”. 
En esa fecha, el Ministerio de Gobierno presentó una denuncia escrita en La Paz en contra del  grupo irregular que se encontraría operando en el país. Ese hecho -señala el documento presentado por Soza al que Página Siete tuvo acceso en Brasilia- dio lugar a que se abra el caso con el control jurisdiccional de la entonces juez del Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal, Betty Yañíquez.  
“Recién a las 24 horas (14 de abril de 2009) de presentada la denuncia en contra del grupo irregular  se produce el atentado en la casa del Cardenal de la Iglesia Católica, Julio Terrazas, ubicado en Santa Cruz”, explica Soza y relata que la madrugada del 16 de abril de 2009 se produjo el operativo en el hotel Las Américas,  en el que murieron Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi  y Michael Dwyer. 
Soza, además, señala -en el documento- que el operativo fue preparado con mucha antelación al atentado en la casa del Cardenal Terrazas porque “todos los detalles estuvieron previstos para que el mismo se desarrolle en ese hotel, porque antes el grupo irregular estaba alojado en el hotel Las Asturias”.

Según Soza, “para que se concrete el operativo era necesario un hecho antijurídico que active la persecución penal” y esto fue el atentado a la casa del Cardenal Terrazas, que inmediatamente fue atribuido al grupo terrorista. “Comete un error (el Gobierno), el de anticipar su presentación (de denuncia)”, indica.
De acuerdo a la investigación -explica Soza-, el grupo irregular se constituyó en Santa Cruz,  donde realizaban prácticas militares “y contradictoriamente participaba en actividades sociales, iba a bares, clubes nocturnos y centros de diversión, características que no son propias de grupos terroristas que actúan de forma totalmente secreta”.
Asimismo, Soza dice que el policía Wálter Andrade Vargas y la dragoneante Marilyn Vargas 
Villca, alias Karen, quien formó parte del equipo de seguridad asignado al Vicepresidente del Estado,   se infiltraron al grupo “por decisión del Gobierno nacional, como confirmó de forma oficial el comandante de la Policía, el general Víctor Hugo Escóbar”.

“Este hecho me llevó a cuestionar en forma interna el operativo policial de la UTARC en el hotel Las Américas. Lo consideré un acto de fuerza irracional e innecesario. Se podían haber evitado las muertes de estas personas y con ellos hubiera contribuido a la investigación… No era necesario semejante despliegue de fuerza y violencia estatal”, indica Soza en el documento, a cuya traducción oficial accedió Página Siete en Brasilia.

Además, “sospechosamente -indica el exfiscal – varios de los presuntos organizadores y financiadores del grupo separatista huyeron del país con destino a Estados Unidos y Uruguay, antes del operativo al hotel Las Américas”.

“Ellos sabían  de estos eventos porque alguien del Gobierno se los había comunicado. Esto ratifica la existencia de un acuerdo previo entre el Gobierno y las logias cruceñas que quedaron libres del proceso”, señala la primera parte del documento, que contiene 16 revelaciones sobre el operativo en el hotel Las Américas y el proceso de investigación del caso Terrorismo I, por el que están imputados 39 persona

Dice que por no obedecer fue desechado

El exfiscal Marcelo Soza, en un documento que presentó a la Conare de Brasil adjuntando pruebas para conseguir refugio, dijo que “como hombre de derecho” intentó cumplir con su función en el marco de la ley, pero “esto no le gustaba al Gobierno” y, de la misma forma como lo hizo con varios de los abogados y fiscales, fue “desechado”.
“He dejado mi país debido a la insostenible persecución que fui objeto. Mi libertad y mi propia vida se encontraban en juego”, afirma el exfiscal Soza.
“El Gobierno, que durante años elogió mi trabajo y lo defendió públicamente, hoy me persigue injustamente y busca mi detención,  de la misma forma como lo hizo con varios de los abogados y fiscales que hasta hace poco han trabajado con el Gobierno en áreas críticas y cumpliendo las decisiones políticas que se tomaban en el denominado gabinete jurídico”, señala la primera parte del documento presentado por el exfiscal Soza al Conare.
Soza se encuentra refugiado en Brasil desde el 11 de marzo de este año.
Legisladores del MAS, al ser consultados telefónicamente sobre las afirmaciones del exfiscal ante Conare de Brasil, evitaron emitir alguna opinión. El senador Adolfo Mendoza manifestó que mientras no tengan en su poder la documentación no emitirá ningún criterio.
Por otra parte, Gary Prado, abogado de los acusados del caso Terrorismo, solicitó ayer al canciller David Choquehuanca que informe sobre el porqué fue detenido el trámite de legalización de la carta de Soza, que tiene el rótulo Al pueblo de Bolivia, que entregó a la Policía Federal de Brasil el pasado 11 de marzo.
“Soza, a tiempo de huir a Brasil, dejó una carta Al pueblo de Bolivia, en la que habla de la manipulación, injerencia del Gobierno, sembrado de pruebas. El Gobierno no quiere legalizar esa carta”, manifestó Prado, para quien la misiva permitirá reconducir el juicio.