Observan riesgos en la Ley del Notariado

La Ley del Notariado convierte la fe pública en un “botín político” porque establece que la designación de notarios es por tiempo indefinido; además, al depender del Ministerio de Justicia, arriesga la seguridad jurídica: el Gobierno tendría acceso a documentos sobre acciones civiles,  coincidieron ayer la exmagistrada del Tribunal Constitucional (TCP), Silvia Salame y la diputada Rebeca Delgado.

Delgado agregó que esta ley aún no tiene reglamento ni presupuesto, por lo que la suspensión de dos magistradas por detener la aplicación es una excusa del Gobierno para intervenir el TCP. El procurador Héctor Arce dijo que es una norma que “simplifica” procedimientos.

La diputada disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado, coincidió con las observaciones que tiene Silvia Salame, también presidenta del Colegio de Abogados de  Chuquisaca, quien presentó el recurso de inconstitucional contra la Ley del Notariado ante el TCP en febrero pasado.

El Artículo 15 de esta normativa -por ahora está suspendida- dice que la designación del notario es de forma indefinida y que sólo puede cesar en sus funciones por muerte, evaluación de desempeño negativo, destitución por proceso disciplinario, renuncia o por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal.

“Se vuelve indefinida la notaria, en un país donde sabemos la calidad de notarios que tenemos y, por otro lado, en un país donde dependería de un órgano político, es decir, que la notaría sería un botín político”, dijo Salame.

Delgado aseguró que esto es lo más “preocupante” porque todo servidor público tiene un periodo de funciones definido, y de la forma que plantea la norma “todo el mundo va a querer ser notario”.

Defensa

En tanto, el procurador Héctor Arce aseguró que con la Ley del Notariado el ciudadano no tendrá que litigar por meses o años en los procesos voluntarios, sino que esos casos serían resueltos en el día. “Muchos trámites que no tendrían que ser judiciales acaban siendo judiciales, la lógica  de la ley del notariado era sacar todo eso del ámbito judicial y volcar al ámbito notarial”.

Salame responde que “no porque esté colapsado el sistema judicial se va a quitar la seguridad jurídica de los ciudadanos”.

Además,  la CPE “señala claramente quiénes tienen la atribución de administrar justicia, entre ellos no está el Órgano Ejecutivo y ellos al pretender llevar las notarías al Órgano Ejecutivo están proponiendo el divorcio notarial como si fuera un simple contrato”.

En criterio de Arce, que ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados cuando se trató la normativa, indicó que la Ley del Notariado contiene procedimientos modernos, pero además genera independencia para los notarios y trasparencia para la función notarial.

Recursos

La diputada Delgado aseguró que otro tema que se observó es el de los recursos económicos, “los notarios de fe pública generan muchos recursos y siempre todo mundo quiere ser notario. Aquí se ha puesto en la ley que de los dineros netos por concepto de recursos propios específicos  de la dirección serán  transferidos en un 30 por ciento al Ministerio de Justicia. Estamos hablando de dinero”.

Aseguró también que la Ley del Notariado indica que los procedimientos voluntarios que con la antigua ley eran gratuitos con esta nueva norma el ciudadano tendrán que pagar por ese trámite.

El Artículo 1 de las Disposiciones Finales indica que las fuentes de financiamiento de la Dirección del Notariado Plurinacional serán provenientes de sus recursos propios específicos como “la alícuota de aranceles de la vía voluntaria notarial”.

Excusa contra magistradas

La diputada disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado, aseguró que la suspensión de la aplicabilidad de la Ley del Notariado sólo fue una excusa para procesar a las dos magistradas del Tribunal Constitucional (TCP) porque hasta la fecha esta normativa no tiene reglamentos y tampoco un presupuesto asignado para que entre en vigencia.

“En las mismas disposiciones transitorias (…) establece un plazo de 90 días para que se haga el reglamento. Eso dice la disposición VI. Eso se ha sacado en enero, es decir,  que están en pleno plazo, esto no estaba en vigencia, no se había hecho su reglamento. Entonces la Ley del Notario en realidad como tantas leyes no se conoce, no tiene presupuesto, no tiene reglamento”, dijo la diputada Delgado.

Hasta la fecha, no se designó un prepuesto específico para la aplicación de  la Ley del Notariado, puesto que la normativa establece la creación de una Dirección Nacional y sus dependencias en cada departamento, instancias que todavía no existen.

JUICIO A MAGISTRADAS

El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, informó ayer que esa instancia iniciará, después de las fiestas patrias, el juicio a las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Soraida Chanez y Ligia Velásquez, por tres delitos vinculados a la suspensión de la vigencia de la Ley del Notariado. “Todavía no podemos comentar cuál es el procedimiento, no organizamos nada todavía, estamos viendo cómo viajamos a Sucre y trabajando en otras leyes”.