Ropavejeros se movilizan, CEPB pide sanciones

UNA MULTITUDINARIA MARCHA CAUSÓ UN COLAPSO EN EL CENTRO PACEÑO

El sector pide que se anule el decreto que prohíbe la venta de prendería usada y afirma que el programa de reconversión fracasó. Para los empresarios es contrabando.

Una multitudinaria marcha de ropavejeros causó un colapso ayer por la mañana en el centro de La Paz. 
El sector exige la abrogación del Decreto Supremo 28761, que prohíbe la importación y venta de ropa a medio uso. En su cabildo decidieron continuar con las movilizaciones.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió la detención de las personas que se dedican al expendio de prendería usada, debido a que cometen el delito de contrabando.
La marcha de los ropavejeros se inició en la Ceja de El Alto  y  culminó  en la plaza de San Francisco, donde el sector movilizado organizó un  mitin que determinó dos votos resolutivos:    continuar con  marchas en cada una de la regiones y dar un “voto castigo” al partido de Gobierno.
“Hoy por la tarde (ayer) hemos decidido que vamos a continuar movilizados, estamos volviendo a cada una de nuestras regiones y además vamos a darle ‘voto castigo’ a este Gobierno, porque no nos escucha y atenta contra nuestras fuentes de trabajo”, dijo ayer la secretaria de hacienda de la Confederación Nacional de Ropa y Prendería a Medio Uso, Jhovana Rodríguez. 
El representante de los comercializadores de ropa usada de Oruro, Amador Tapia,  dijo  que desde hace un año piden  audiencia a la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, pero sin éxito.  

El vicepresidente nacional del sector, Gonzalo Cabrera, cuestionó el programa de reconversión productiva, impulsado por el Gobierno, que no funcionó por falta de  “un estudio serio”.
“Somos más de 300 mil comerciantes en todo el país. Nosotros pedimos la derogatoria o modificación del decreto 28761, pero el Gobierno se cierra, no nos quiere escuchar. De manera constante somos víctimas de los efectivos del Control Operativo Aduanero en las trancas del país”, dijo.
Según el dirigente,  los únicos beneficiarios del plan fueron pequeños grupos,  que obtuvieron créditos y que luego volvieron a vender prendería usada.
El sector privado
El presidente de la CEPB, Daniel Sánchez, pidió ayer al Ministerio Público que enjuicie a los importadores y comercializadores de ropa usada por ejercer  una actividad ilegal, que daña a la industria nacional.
“La prendería usada es ilegal y  tiene que ser capturada por las autoridades; los que se dedican a esta actividad deben ser arrestados y enjuiciados por la Fiscalía, como se hizo con los dueños de autos indocumentados”, dijo.
El presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Víctor Ramírez, afirmó  ayer que su sector está en estado de emergencia y calificó de “política” la movilización de los ropavejeros, que sólo buscan chantajear al Gobierno.

“Conamype ratifica que debe cumplirse el decreto 28761. Estamos en estado de emergencia, no podemos permitir que se siga lacerando  a la industria nacional. Miles de compañeros migraron a otros países por culpa del contrabando, no queremos más basura americana”, enfatizó, según radio Fides.

La  prohibición

Norma El Decreto Supremo 28761, de abril de 2007, prohíbe la importación y venta  de prendería usada   a partir de marzo de 2008. El sector movilizado asegura que  el programa de reconversión productiva fue un fracaso. 
En 2007, el Gobierno destinó 10 millones  de dólares de recursos públicos para el programa: 5 millones para la conversión comercial y  otros 5 millones para la reconversión productiva.

Hasta abril, decomisaron 2.488 fardos de ropa usada

Entre enero y abril de este año, el Comando Operativo Aduanero (COA) decomisó alrededor de 2.488 fardos que contenían ropa  usada, los cuales   intentaban ser internados al país por la vía del contrabando. 
Desde 2010, se incautó  62.276 fardos de prendería usada en total. La región donde hubo más decomisos fue  Oruro.
De acuerdo con un reporte de la Aduana Nacional, durante los primeros cuatro meses de este año, en Oruro se decomisaron  1.242 fardos, en La Paz  656 fardos, en  Santa Cruz 339 fardos y el resto en  otras ciudades.
En junio, la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, aclaró  que la entidad no puede realizar el control  en el mercado interno, mientras  no se tenga una denuncia formal. 
Tampoco puede  actuar de oficio para proceder al decomiso de la prendería de segunda mano con fiscales y efectivos del COA.
El presidente de la Confederación Nacional de Micro y Pequeña Empresa, Víctor Ramírez, afirmó que el contrabando de  ropa usada se incrementó de 80 millones de dólares, en 2011, a 160 millones de dólares, y la reconversión productiva no funcionó.  
“La venta de ropa usada en el mercado interno se incrementó de 80 millones de dólares  a  160 millones de dólares y el número de vendedores  ascendió de 30.000, en 2006, a 250 mil, hasta 2013”, cuestionó.
Los  comerciantes están movilizados desde ayer.

Contrabandistas impulsaron la marcha, según el  Gobierno

El Gobierno afirmó ayer que la movilización de los comerciantes de prendería a medio uso fue impulsada por los  contrabandistas y  los denominados “farderos”, más  conocidos como los grandes comerciantes.
“Había un cálculo de parte de la dirigencia de este sector, que pensó que durante esta semana la movilización iba a mezclarse, juntarse con otros movimientos y conflictos sociales de nuestro país (…). La movilización de los ropavejeros fue impulsada por contrabandistas y farderos (grandes internadores de ropa usada)”, apuntó ayer por la tarde el viceministro de  Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada.
La anterior semana, la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, propuso a los ropavejeros que sustituyan las prendas usadas y vendan  las que produce la Empresa Nacional de Textiles (Enatex). 
Además, enfatizó que no se derogará la norma que prohíbe la importación y comercialización de ropa usada. Agregó que ya hay “fideicomisos listos para operarlos, pero falta obtener los mercados internacionales”.
En mayo de 2007, el Gobierno presentó el plan de reconversión productiva, para el cual se destinaron 10 millones de dólares,  provenientes del Banco de Desarrollo Productivo.
El objetivo principal del programa era que los comerciantes de ropa usada cambiaran de actividad con el apoyo de créditos, capacitación y asistencia técnica.
Rada  agregó que el sector intentó generar una convulsión conjunta con los dueños de autos indocumentados y los jubilados.