Defensor del Pueblo insta a juzgar a Ministro

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, exigió ayer al viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, iniciar de inmediato acciones penales en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, para que sea procesado y sancionado por los delitos relacionados con discriminación, por haber afectado al magistrado Gualberto Cusi y los derechos de todas las personas que viven con VIH en el país.

El Defensor del Pueblo, en una extensa carta dirigida al viceministro Cáceres, además advierte que si se deja en la impunidad la acción del Ministro “se puede generar la idea que cualquier ciudadano o ciudadana, incluyendo los profesionales médicos, pueden incurrir en esta transgresión en la más completa impunidad y por lo tanto, impulsar al temor y el recelo y por lo tanto la autodiscriminación”.

Calvimontes en ruedas de prensa la semana pasada, dio a conocer la enfermedad que sufre el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, sin su consentimiento, y después, justificó que realizó esa revelación, porque la autoridad judicial “es una persona doblemente peligrosa” por el mal que sufre.

“Le solicito muy respetuosamente, pero al mismo tiempo le demando que intervenga Usted de inmediato en este caso, gestionando ante las autoridades que correspondan que se tomen las medidas legales y administrativas pertinentes para que el señor Ministro de Salud, sea procesado y sancionado por la comisión de delitos relacionados con la discriminación”, señala el Defensor en su carta al Viceministro.

El Defensor detalla las normas que el titular de salud vulneró con sus declaraciones, como la Constitución Política del Estado, la Ley 3729, el Código Penal y la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación.

Asimismo, detalla los acuerdos internacionales a los que se adhirió Bolivia respecto a las personas que viven con VHI, entre ellos la Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/sida, los derechos humanos y las conclusiones de la Conferencia Internacional de SIDA.

“En todas ellas se señalan compromisos y recomendaciones claras sobre la confidencialidad, y el compromiso de prevenir la discriminación y el estigma sobre esta población, que el propio ministro Calvimontes ratificó en un informe del 31 de marzo de 2014”, recuerda en la nota el Defensor.

Ese informe, señala, pone en evidencia que el Ministro era plenamente consciente de la gravedad de sus declaraciones y la afectación a los derechos de la población que vive con VIH.

En ese marco, el Defensor puntualiza que “incluso una eventual renuncia o destitución al cargo (que ocupa Calvimontes), no debe tenerse como sanción suficiente frente a la alevosía y premeditación de sus acciones discriminatorias”.

Asimismo, el Defensor manifiesta que “la definición de que alguien es peligroso para la sociedad, implica que su propia existencia o condición debe tenerse por perjudicial e intolerable para la comunidad, lo que en sí misma es una posición discriminatoria y lo es mucho más si esta situación tiene que ver con su estado o condición de salud o por una supuesta determinación respecto a un tratamiento”.

Finalmente Villena, al insistir en la intervención del Viceministerio de Descolonización, señala que la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, “no reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno y que la persona que en ejercicio de la función pública, conociere hechos de racismo y toda forma de discriminación, está en la obligación de denunciar ante las autoridades correspondientes; en caso de no hacerlo será pasible a la sanción dispuesta en el artículo 178 del Código Penal”.

Acciones penales

El abogado defensor del magistrado del Tribunal Constitucional, Eduardo León, anunció que hoy presentará una demanda penal contra el ministro de Salud por los delitos de difamación, calumnia, injuria y discriminación.

“Se va a solicitar la aplicación de la máxima pena que, por concurso real, llegaría alrededor de los ocho años de cárcel”, señaló al dar a conocer que el fin de semana se preparó la demanda con el apoyo de otros juristas.

Posteriormente, dijo que el magistrado presentará otra denuncia contra el Gobierno de Bolivia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).