5 reformas que sacuden el pasado conservador de Chile

Menos de un año después de que Michelle Bachelet asumiese como presidenta de Chile por segunda vez prometiendo grandes reformas, la mandataria ya presentó los principales proyectos con los que pretende generar profundos cambios en su país.

Algunas de sus propuestas legislativas buscan cambiar los cimientos de la educación, la economía y la política chilena, dejando atrás el viejo sistema que rige desde la era de Augusto Pinochet (1974-1990).

Otras iniciativas impulsan cambios sociales, que pretenden modernizar a uno de los países más conservadores de la región.

BBC Mundo analiza las 5 reformas que podrían cambiar a Chile.

REFORMA EDUCATIVA

Esta fue una de las principales promesas electorales de Bachelet.

La mandataria había sufrido al comienzo de su primer mandato (2006-2010) las protestas de los estudiantes secundarios (conocida como la “revolución pingüina”, por el color del uniforme escolar).

Pero el conflicto a gran escala por la educación estalló durante el mandato de su sucesor, Sebastián Piñera (2010-2014).

Tras decenas de masivas manifestaciones de los estudiantes secundarios y universitarios, que fueron apoyadas por gran parte de la sociedad, Bachelet presentó como parte central de su plataforma electoral una propuesta para poner fin al lucro en el sistema educativo, la principal demanda de los estudiantes.

La reforma educativa de Bachelet pretende combatir uno de los principales problemas del país sudamericano: la desigualdad.

Desde que Pinochet eliminó la educación terciaria gratuita, en 1981, todas las universidades chilenas cobran la matrícula, al igual que muchas escuelas secundarias.

Eso llevó a que el país tenga la educación superior más cara del mundo, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Mario Garcés Durán, director de la ONG ECO Educación y Comunicaciones, le dijo a BBC Mundo que lejos de ser un mecanismo de movilidad social, la educación en Chile se convirtió en “un sistema de reproducción de la desigualdad”.

Para revertir esto, Bachelet ha propuesto una reforma escalonada.

Su primer proyecto de ley, que fue aprobado recientemente, contempla cambios en el sistema escolar.

Por un lado, garantiza una educación gratuita, eliminando gradualmente los copagos en los colegios subvencionados (que pasarán a ser financiados por el Estado).

También prohíbe que las instituciones educativas que reciben financiamiento público apliquen mecanismos de selección de estudiantes para evitar discriminaciones.

Además responde a uno de los principales reclamos de las protestas estudiantes: una educación de calidad y sin fines de lucro.

Para esto, ordena que todos los establecimientos que reciban algún tipo de aporte del Estado destinen esos recursos en mejorar la calidad y, en un plazo de tres años, se transformen en corporaciones o fundaciones sin fines de lucro.

Por ahora las propuestas de la mandataria han sido consideradas “insuficientes” por el movimiento estudiantil.

Muchos padres chilenos también expresaron su preocupación de que las medidas lleven al cierre de escuelas públicas.

Algunos también critican que la reforma no alcance a los colegios privados.

Por su parte, Bachelet anunció que su gobierno alista la segunda fase de la reforma educacional que contempla la gratuidad en la universidad, la eliminación de la dependencia de los municipios y el fortalecimiento de los docentes.

REFORMA TRIBUTARIA

La reforma impositiva que propuso Bachelet -y que fue promulgada en septiembre de 2014- tiene como objetivo principal financiar los cambios en el sistema educativo.

La ley busca aumentar la recaudación fiscal en tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB) de aquí a 2018, lo que equivale a unos US$8.300 millones (de los cuales unos US$5.000 serán destinados a la educación).

Contempla un aumento de impuestos para las empresas y una reducción de la tasa gravable para las personas físicas.

También creará impuestos adicionales a alcoholes, bebidas azucaradas y emisiones contaminantes de vehículos, además de mecanismos de lucha contra la evasión.

Al igual que con la reforma educativa, Bachelet explicó que busca reducir la desigualdad y para esto propone que los que más tienen contribuyan más.

Las grandes empresas tendrán un aumento impositivo del 7% (del 20% al 27%) en un plazo de cuatro años.

Y se eliminará gradualmente el Fondo de Utilidades Tributables (FUT), un sistema que nació con el pinochetismo y que permite a los empresarios pagar impuestos solamente por las utilidades que retiran y no por sus ingresos totales, algo inédito en el mundo.

Los opositores al gobierno argumentan que los cambios frenarán el crecimiento de la economía, que ya atraviesa una desaceleración.

Pero el exministro de Hacienda democratacristiano Alejandro Foxley aseguró a BBC Mundo que “el legado de la reforma tributaria será permanente y significativo en el punto de vista de mejorar la distribución del ingreso”.

REFORMA ELECTORAL

Una de las reformas más históricas que busca el oficialismo es el fin del llamado sistema binominal.

Así se conoce a la fórmula electoral instalada en 1980 por Pinochet.

El sistema, único en el mundo, divide el país en distritos electorales donde se eligen dos representantes.

Para que un partido obtenga ambos escaños debe sacar dos tercios de todos los votos. Si logra menos que ese porcentaje, la segunda vacante va directamente a la segunda fuerza, incluso si esa fuerza saca muchísimos menos votos que la primera.

El único requisito es que esa segunda fuerza alcance al menos el 33% de los votos (es decir, un tercio).

Según el analista político Manuel Antonio Garretón, el sistema beneficia fuertemente a la primera minoría del país, ya que el partido ganador debe duplicar los votos de la segunda fuerza para lograr el segundo escaño, y el resto de las minorías quedan excluidas.

Expertos como Garretón atribuyen al sistema binominal la prevalencia de los partidos conservadores en el Parlamento.

El analista dijo a BBC Mundo que gracias a este sistema la derecha pudo tener un número similar de congresistas que el oficialismo en el Congreso durante los gobiernos de la Concertación (1990-2010).