Una sociedad condenada al espanto

Acorralado por varios frentes,  el Gobierno argentino a la cabeza de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió jugar todas sus cartas para sacar las castañas del fuego en jugadas que los analistas califican como exultantes. A pocos menos de 10 meses para las elecciones en el país, la muerte del fiscal Alberto Nisman que investigó el atentado contra la AMIA parece haber detonado como factor clave en la batalla electoral. Desde el Ejecutivo se cree que  la muerte del fiscal fue obra de los enemigos del Gobierno. A esa versión se suman quienes se anteponen a los sueños del electorado por consumir una sentencia pública para derrotar en las urnas a los incrédulos de esta teoría. Entretanto, la oposición no parece irradiar con demasiada altura los desafíos que se presentan en un ambiente presumiblemente favorable. Todos han acudido a las dimensiones ocultas del espejismo homicida para denunciar la debilidad  del Estado. La ocupación de esos espacios no encuentra sin embargo un camino libre  de obstáculos. La oposición es presa de sus propios fantasmas y encarrila un discurso de unidad que nadie conscientemente es capaz de creer.

En estas circunstancias cruciales y temibles, en una sociedad ambigua y descreyente de los mensajes que escucha de uno y de otro lado, surge la necesidad de una purga interna que remueva las tripas. Jueces socios y políticos oportunistas, cuando no, le han puesto el cherry encima de la torta al desestimar en las últimas horas la imputación que tenía lista Nisman contra la presidenta argentina, su canciller y un par de funcionarios allegados al poder.  El dirimidor de esta batalla adversa al destino que todos esperaban se llama Daniel Rafecas que desestimó la denuncia al considerar que no están dadas las mínimas condiciones para iniciar una investigación penal a partir de la documentación presentada.

Rafecas consideró: “Ha quedado claro, que ninguna de las dos hipótesis de del deliro se sostienen mínimamente, la primera (“Comisión de la Verdad”), porque el presunto delito nunca se cometió; y la segunda (baja de las “notificaciones rojas”), porque la evidencia reunida, lejos de sostener mínimamente la versión fiscal, la desmiente de un modo rotundo y lapidario, llevando también a la misma conclusión de la inexistencia de un delito”.

El juez sostuvo que el análisis de los acompañados al momento de la presentación de la denuncia, “inhiben el inicio de un proceso penal por cuanto no sólo dejan huérfano de cualquier sustento típico al hecho descripto como una supuesta maniobra de “encubrimiento” y/o “entorpecimiento de la investigación” del atentado a la AMIA destinado a dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní, sino que por el contrario, tales evidencias se contraponen de modo categórico al supuesto “plan criminal” denunciado“.

En ese sentido, opinó: “De este modo, todas las supuestas gestiones, tratativas y negociaciones que la denuncia le adjudica a distintas personas que no integran organismos públicos -reflejadas en las escuchas telefónicas aportadas-, quedan -en el mejor de los casos- circunscritas a la antesala del comienzo de ejecución que requiere -como se adelantó- el Derecho Penal para su intervención en el marco de las hipótesis delictivas sostenidas”.

En cuanto a la participación de la presidenta, el juez concluyó: “No hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual Jefa de Estado respecto -aunque sea- a una instigación o preparación (no punible) del gravísimo delito de encubrimiento por el cual fuera no sólo denunciada sino también su declaración indagatoria requerida, delito que, además, y como ya expuse previamente, no existió, en ninguna de las dos hipótesis planteadas en el requerimiento de instrucción”.

Asimismo, también negó cualquier implicación del canciller  Timerman: “A lo largo de las miles de líneas de conversaciones escrutadas durante varios años, no surge una sola mención, una sola referencia, una sola gestión, una sola participación, ni del Canciller argentino, ni de absolutamente nadie de la cartera que conduce. No hay una sola vez en la que la Cancillería argentina aparezca envuelta en lo que Nisman denominó la ‘diplomacia paralela de facto'” y precisó: “Si hay algo que surge del resultado de las escuchas, es que Timerman, y en definitiva, la ‘diplomacia real’, lejos de ser un aliado de estos individuos, eran justamente el rival a vencer, a derrotar, a torcerle el brazo”.

Un caso patético que ensombrece las tramas y prolonga en drama en la que se debate una sociedad habida de justicia y esclarecimiento.