América latina: la corrupción de Norte a Sur

La mayoría de los países de América latina sufren en este comienzo de 2015 importantes casos de corrupción que están poniendo en serios aprietos a diferentes gobiernos, partidos e instituciones de la región.

De México y Panamá a Chile y Argentina; de Brasil y Colombia a Perú y Bolivia la casualidad ha querido juntar en este inicio de año el afloramiento de numerosos casos de corrupción que golpean a gobiernos tanto de izquierdas (como los de Dilma Rousseff, Cristina Kirchner y Michelle Bachelet), como de centroderecha (Enrique Peña Nieto u Ollanta Humala).

Asimismo, a finales de 2014, Venezuela y Paraguay aparecían como los países percibidos como más corruptos de América Latina, según un ránking global de la ONG, Transparencia Internacional (TI).

Lo primero que cabe concluir es que la corrupción es un problema a escala universal. No es genéticamente latinoamericano porque se da en otros contextos como el europeo (España es un buen ejemplo en los últimos años), el asiático (China) o en África.

Es, por lo tanto, un problema universal que responde a la propia naturaleza del ser humano.

El profesor de la Universidad de Chile,  José Zalaquett, explicaba en una entrevista para la revista chilena Qué Pasa que esos casos “no tienen que ver con la economía de mercado, sino con la naturaleza humana. En la medida que usted tenga incentivos que lo muevan en el sentido de la transparencia, la probidad y la rendición de cuentas, y tenga desincentivos para portarse mal, eso influye mucho en el comportamiento. Porque las personas generalmente hacen un cálculo costo-beneficio”.

La presencia de la corrupción a escala regional

Los escándalos de corrupción que han ido apareciendo han sido verdaderos misiles en la línea de flotación de los gobiernos de la región. La aprobación de Michelle Bachelet ha caído hasta el 39% tras conocerse los detalles del llamdo “nueragate”

“Ha sido muy dramático y va a ser siendo muy dramático, porque lastimó de una vez y para siempre el discurso de inclusión, de igualdad, de equidad que distinguía a la Presidenta Bachelet, del cual ella tiene un testimonio de vida. Desgraciadamente el Caso Caval la complica y compromete para siempre. Veo que el Caso Caval es medio irreversible”, afirma el analista chilenoHéctor Soto.

Mientras, en Brasil, el caso Petrobras ha dañado la relación entre el PT y el PMDB, coalición que sustentaba al gobierno de Dilma Rousseff que atraviesa un momento muy delicado, donde incluso se especula con que podría padecer un impeachment.

“No creo en el impeachment de Dilma. Esa idea es un poco fantasiosa e ingenua -dijo al diario argentino Perfil, el analista político Bolívar Lamounier–  pero, sin duda, Brasil ya enfrenta una crisis de gobernabilidad. El gobierno de Dilma es débil, y eso significa que la crisis seguirá por largo plazo”.

Cristina Kirchner, acosada por el escándalo Hotesur, busca cómo eludir a la justicia una vez que deje la presidencia en diciembre. Además, su vicepresidente, Amado Boudou, está doblemente procesado por sendos casos de corrupción.

“Acostumbrada a ser el centro de todas las cosas, cuando entregue la banda presidencial, Cristina Fernández de Kirchner va a tener que poner una buena parte de su energía en contratar a los mejores abogados de la Argentina para no terminar como el ex presidente Carlos Menem, negociando leyes por fueros y convicciones, por libertad ambulatoria”, asegura en La Nación el analista Luis Majul.

Bolivia atraviesa días de gran convulsión debido al escándalo del Fondo Indígena.

El Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción inició un “procedimiento de acción inmediata” con el que intervino el Fondo Indígena para indagar sobre los supuestos malos manejos de recursos económicos destinados a proyectos rurales patrocinados por esta entidad.

El presidente Evo Morales anunció, de hecho, la intervención del Fondo Indígena, hecho que se consumó ayer. “Duele mucho, pero vamos a intervenir caiga quien caiga”.

En Perú el tramo final del gobierno Ollanta Humalase ha visto salpicado por las consecuencias del “caso Belsunde” y sobre todo por el que afecta a la Primera Dama, Nadine Heredia, quien está siendo investigada de forma preliminar por el Ministerio Público por el presunto delito de lavado de activos.

Colombia, que vivió un 2014 marcado por la utilización de fondos públicos para “comprar apoyos políticos” y electorales (el conocido como reparto de “mermelada”), afronta ahora un escándalo que hiere la confianza ciudadana en una institución clave, la Corte Constitucional.

Su presidente, Jorge Pretelt, acaba de apartarse temporalmente de su cargo con el fin de dedicarse a demostrar su inocencia en un escándalo de presunta corrupción que lo involucra. La denuncia en contra de Pretelt tiene que ver con la versión de un abogado según el cual, el presidente de la Corte le pidió unos 200 mil dólares para que el tribunal fallara en favor de una empresa fiduciaria que él representaba.

Fuera de Sudamérica, en Panamá el expresidente Ricardo Martinelli afronta una complicada situación por supuesta corrupción al expresidente del país.

La Corte Suprema panameña quiere investigar al exjefe del Estado por el caso de la compra con supuestos sobrecostos de comida deshidratada a través del gubernamental Programa Nacional de Ayuda (PAN).

El exgobernante panameño fue señalado por el exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli como supuesto responsable de la firma de un contrato de 45 millones de dólares para la compra de esa comida, cuyo destino eran los comedores de las escuelas públicas del país.

El exgobernante sostiene que es víctima de una “persecución política” dirigida por su antiguo aliado electoral y vicepresidente, Juan Carlos Varela, actual jefe del Estado panameño, quien ha negado esa acusación.

Y en México el presidente Enrique Peña Nieto ha visto como se esfumaba el “Mexican moment” no solo por los problemas económicos y la crisis de seguridad (matanzas de Tlataya e Iguala) sino por dos escándalos de posible corrupción: el que afecta a su esposa, Ángelica Rivera, y el que golpeaba a su secretario de Hacienda,Luis Videgaray.

Soluciones integrales: castigos más duros y que se cumplan

Combatir la corrupción no es un atarea fácil. Las leyes son necesarias pero no suficientes en caso de que no existan sólidas instituciones autónomas y capaces de investigar y castigar a aquellos que comentan actos de corrupción.

Zalaquett, en entrevista con la revista chilena “Que Pasa”, señala que deben existir  incentivos para “portarse bien” ya que “en la medida que las sanciones sean más altas, duelan más y exista una mayor posibilidad de que se apliquen, por supuesto que los desincentivos contra la corrupción son mayores”.

Aboga por sanciones ejemplificadoras porque “hoy cometer un delito económico no parece tener un gran castigo. Tampoco violar la ley electoral. Aumentar el costo es muy importante”.Zalaquett en la revista Que Pasa explica que “en el caso de los delitos económicos, a diferencia de los pasionales, el delincuente o potencial delincuente saca un cálculo costo-beneficio. Piensa así: “La posibilidad de que me pillen es el 50%; la posibilidad de que salga bajo fianza otro 50% y, al final, la posibilidad de que me condenen a pagar una cifra mayor de la que me embolsé es 0%”. Esto, porque en definitiva lo condenan muchas veces a pagar una suma menor. Entonces hay un desincentivo. En cambio, con el delincuente pasional no hay problema de incentivo o desincentivo, sino de impulsos”.
Cambio de mentalidad

Los casos de corrupción en los diferentes países latinoamericanos tienen varios puntos en común. Por ejemplo afectan a la financiación de los partidos (caso Penta en Chile) y de las campañas de diputados y senadores (caso Petrobras).

Han sacaso a la luz la escasez de controles institucionales (casos de México) y la enorme concentración en manos de los presidentes (Argentina).

Además, se dan tras tres lustros en los que ha cambiado profundamente la sociedad. Se trata de sociedades más urbanas y más de clases medias que tienen su propia agenda.

Más activas y empoderadas, las clases medias exigen mejores servicios públicos, seguridad y transparencia.

Zalaquett añade que “estamos viviendo no una época de cambio, sino un cambio de época. Hoy la ciudadanía está mucho más preocupada de cuestiones morales o éticas que afectan a la cosa pública… con las protestas ciudadanas del 2011 comenzó un nuevo tema: la igualdad de oportunidades. Sin embargo, el mundo político no se ha adaptado”.

Sin embargo, algunos autores creen que la lucha contra la corrupción va incluso más allá de las instituciones. El chileno José Antonio Viera-Gallo, quien fuera exSecretario general de la Presidencia con Bachelet, considera que el lema laguista de que “las instituciones funcionen” no es suficiente.

Su ong Chile Transparente defiende la idea de un Compromiso Nacional por la Probidad y la Transparencia surgido desde la sociedad civil y que debiera ser asumido por los actores públicos y privados mostrando a la población su voluntad de crear nuevas reglas que sean más estrictas en la relación entre política y dinero.

Viera-Gallo señala en el Líbero que “la idea global es que, con ser muy importantes, las leyes para asegurar la probidad no bastan ya que el desafío de fondo es un cambio cultural de pautas de conducta que debe partir desde la escuela. Tanto el sector público como el privado deben premiar las buenas prácticas, la entrega de información y la rendición de cuentas, y por el contrario condenar las colusiones, el cohecho, el soborno, el uso de información privilegiada, el tráfico de influencia y el lavado de activos”.