Corte Interamericana de Derechos Humanos en la mira

En la próxima Asamblea General de la OEA, a celebrarse en junio, se deben llenar cuatro vacantes existentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para ellas, existen cinco candidatos: La costarricense Elisabeth Odio Benito, el chileno Eduardo Vío Grossi, el uruguayo Alberto Pérez Pérez, el ecuatoriano Patricio Pazmiño y el argentino Eugenio Zaffaroni.

Los tres primeros pertenecen a países con largas tradiciones de defensa de los derechos humanos a lo cual suman una destacada trayectoria jurídica nacional e internacional. Eduardo Vío, por ejemplo, ya ha sido juez de la Corte IDDHH.

Los dos últimos han suscitado críticas y se considera que, de acceder a la Corte, acarrearían un desprestigio que nunca gravó a ninguno de sus jueces sino que, además, serían proclives a debilitar el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el marco de la OEA.

EL POSIBLE JUEZ Y SU AMIGO

El candidato ecuatoriano Patricio Pazmiño Freire ha reconocido su antigua amistad con el presidente Rafael Correa y es, en la actualidad, presidente de la Corte Constitucional de su país, organismo que integra a propuesta de su amigo Correa.

Éste ha sido un encarnizado enemigo de la Comisión IDH, especialmente en materia de libertad de expresión. Últimamente la calificó de remanente “neocolonialista” y sostiene que carece de poder coercitivo, a diferencia de la Corte cuyos fallos son obligatorios para los Estados.

La Comisión, sin embargo, es esencial como elemento del Sistema IDDHH pues ella debe denunciar ante la Corte a los Estados que incurrieran en violaciones a los derechos humanos y que hubiesen reconocido su jurisdicción (24 en la actualidad). La Comisión, además, evalúa el desempeño de los 36 Estados miembros de la OEA en materia de derechos humanos por mandato de la Carta de la Organización.

La sutileza paquidérmica de Correa ha llevado a pensar que la estrategia que sigue es aproximarse a la Corte para bajarle el perfil a la Comisión. Para ello comenzó con algo inusual: donó un millón de dólares a la Corte al día siguiente que el candidato Pazmiño firmara un acuerdo marco con ella en su calidad de presidente la Corte Constitucional. La donación fue calificada por abogados ecuatorianos como “un abierto soborno”. El otro elemento de la estrategia es incorporar a un amigo y aliado a la Corte para afectar el funcionamiento del Sistema desde adentro.

El propio Pazmiño tiene antecedentes serios, como la firma de un sentencia brindando amnistía a quien estaba condenado por violación de una niña cuando la amnistía estaba dirigida a superar conflictos ecológicos con campesinos. También existe un dictamen en el cual jueces de la Corte Constitucional critican severamente el desempeño de Pazmiño como presidente del organismo. El único elemento de trascendencia jurídica del candidato ecuatoriano es su amistad con Correa.

LÍMITE DE EDAD, PROSTITUCIÓN Y DICTADURAS

El gobierno argentino postuló a Eugenio Zaffaroni para ocupar uno de los cargos vacantes. Debe notarse que Zaffaroni acaba de renunciar como juez de la Suprema Corte de Justicia argentina el 31 de diciembre pasado, una semana antes de cumplir los 75 años que la Constitución argentina fija como límite para desempeñarse como juez. Zaffaroni no podría ser juez en Argentina por disposición constitucional.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos que regula todo los referido a la Corte, establece en su artículo 52 las condiciones para ser juez, una de las cuales es que el candidato reúna “las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales…” Zaffaroni, por tanto, no cumple con esta condición.

El mismo artículo 52 establece, además, que los jueces de la Corte serán elegidos “entre juristas de la más alta autoridad moral”. Está fresca en Argentina la polémica que desató su designación como juez de la Suprema Corte cuando, al mismo tiempo que ejercía la judicatura, poseía al menos seis departamentos en Buenos Aires en los que se ejercía la prostitución.

La polémica se zanjó políticamente y, en lo judicial, Zaffaroni responsabilizó a su conviviente Ricardo Ontiveros quien se declaró culpable y fue sancionado con una benigna multa.

En los 20 años que se desempeñó como juez, Zaffaroni juró ante dos dictaduras militares. En su exposición ante el Senado, con motivo de su designación, afirmó que “Juré por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, juré por el Estatuto de Onganía, juré por la Constitución reformada por Lanusse en 1973, juré por la Constitución Nacional de 1853 y juré por la Constitución reformada en 1994”.

La organización Madres de la Plaza de Mayo incorporó a Zaffaroni en la lista de los más de 400 jueces que, con su conducta de rechazo a los habeas corpus, facilitaron la desaparición forzada de personas.

En resumen: Eugenio Zaffaroni exhibe una conducta propia de un político cualquiera pero, de ninguna manera, de un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.