Líderes políticos de la oposición rechazaron ayer la postura del presidente Evo Morales, quien el martes dijo que está demás la discusión sobre el Pacto Fiscal porque es un planteamiento de la derecha. Calificaron la versión de chantaje y de irrespeto a las leyes del país.
Rubén Costas (Santa Cruz), Ernesto Suárez (Beni), Samuel Doria Medina, Luis Revilla y Soledad Chapetón (La Paz) coincidieron ayer en afirmar que el debate por el Pacto Fiscal es una necesidad que beneficiará a todas las regiones.
Para las autoridades electas y líderes políticos de la oposición en La Paz, hablar del Pacto Fiscal es “fundamental” para dar equilibrio al país en términos de distribución económica porque no sólo se trataría de dialogar sobre el modelo económico, sino de debatir sobre cómo se usan esos recursos.
Así respondieron los alcaldes electos de El Alto y de La Paz, Soledad Chapetón y Luis Revilla, respectivamente, al presidente Evo Morales quien aseguró el pasado martes que la discusión del Pacto Fiscal está por demás, porque hay “un modelo económico que ha demostrado al mundo que estamos mejor que antes”.
Para Rubén Costas, gobernador electo de Santa Cruz y gestor principal del debate por el Pacto Fiscal, la versión del Presidente es desatinada e inconsecuente con las normas legales, pero en el fondo se trata de una contravención porque lo que se busca con la propuesta lanzada y legalizada en la ley de autonomías es beneficiar a todos los bolivianos que más sufren las desatenciones del Gobierno.
“Lo veo como una acción política, propia de un cierre de campaña desesperado del MAS. Ya ni siquiera es capricho, ya es producto de la concentración del poder, del centralismo, que se convierte en altos niveles de corrupción, de narcotráfico y manipulación. Cuando hay un gobierno como el del MAS que pugna por la concentración del poder, las autonomías se convierten en la antítesis del centralismo absorbente y secante”, dijo Costas.
Por su parte, Chapetón aseguró que “ojalá que las autoridades más allá de ver esto como un tema político miren como un tema de desarrollo para aquellas ciudades que menos atención han tenido”.
Para Revilla, la discusión del Pacto Fiscal “no tiene que ver con la cantidad, sino con la calidad de esos recursos. Por lo tanto, vamos a seguir insistiendo con la necesidad de debatir a fin de que podamos no solamente garantizar y tener más recursos sino que éstos se inviertan adecuadamente”.
Repartición del poder
Por su parte, el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, dijo que el Presidente exteriorizó lo que siempre pensó porque “Evo Morales no cree en la repartición del poder, y por eso no quiso las autonomías desde el principio”.
Dijo además que el Pacto Fiscal no sirve para mejorar o empeorar la economía, sino para definir qué niveles del Estado toman las decisiones sobre distintas competencias. Es un mecanismo de distribución del dinero, pero sobre todo del poder.
“Y esto es lo que el Presidente no está dispuesto a aceptar”.
Para el líder de Unidad Demócrata en el Beni, Ernesto Suárez, es muy lamentable que el presidente Morales vuelva a atropellar las normas legales, porque el debate del Pacto Fiscal está instituido en una ley que debe ser cumplida por todos los bolivianos, partiendo del propio Mandatario.
Suárez cree que con este tipo de declaraciones Morales demuestra que tiene una angurria de poder que raya a la tiranía, por lo tanto los benianos asumirán como bandera de lucha la concreción del Pacto Fiscal.
“No sólo los benianos necesitamos recursos, los necesita todo el pueblo boliviano que vive en los lugares más recónditos de la patria. Desde aquí, desde el Beni, vamos a encabezar una lucha frontal, porque esta demanda es histórica, legal y legítima de los pueblos que conciben las autonomías como un sistema de vida”, cerró Suárez.
Ley garantiza la autonomía
La Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 272 dice que la autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción, competencias y atribuciones.
Así también en el artículo 305 de la CPE dice que toda asignación o transferencia de competencias deberá estar acompañada de la definición de la fuente de recursos económicos y financieros necesarios para su ejercicio. Además, reconoce la independencia en el manejo y administración de los recursos de las entidades territoriales autónomas y garantiza que éstos no pueden ser confiscados por el Tesoro Nacional.
Según la Disposición Transitoria Décima Séptima de la Ley Marco de Autonomías, el Gobierno mediante el Ministerio de Autonomías debía elaborar una propuesta sobre el Pacto Fiscal y presentarla ante el Consejo Nacional de Autonomías en un plazo no mayor a seis meses después de conocer los resultados oficiales del Censo Nacional que se realizó el 2012.
El Gobierno convocó a la primera reunión del Consejo de Autonomías en febrero pasado, sin embargo no hubo avances.
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