Algo huele mal en la justicia

La Asociación de Magistrados de La Paz, rechazó el contenido del nuevo Reglamento de la Carrera Judicial recientemente publicado por el Gobierno, como aparente primer paso al pedido del presidente Morales de “reformar la justicia” por la vía de un referéndum.

Al margen de la utilidad real del referéndum al que quiere convocar el jefe de Estado, resulta  que los actuales jueces  -bombardeados de críticas por su manifiesta venalidad e incapacidad para administrar justicia-  declaren que el reglamento al que se oponen, no reconoce la carrera judicial de los jueces en funciones, lo que quiere decir que ninguno de ellos, “va a ser evaluado para mantenerse en el órgano jurisdiccional”. Con esta posición está claro que se quiere provocar la renovación total de los jueces que ahora alegan que el Consejo de la Magistratura  pretende vulnerar su  derecho a la estabilidad laboral, razón por la que analizan “presentar recursos constitucionales contra el reglamento”.

Empero la posición es dual y contradictoria ya que dicen que no se oponen a ninguna reforma de la justicia, aunque aclaran por otro lado que “este cambio no implica cambiar a todos los jueces ni hacer experimentos”. Es notable que cuando se sienten directamente afectados, los jueces recuerden que tienen derecho a una carrera profesional con estabilidad, derecho que junto a muchos otros, conculcan cotidianamente a innumerables litigantes con fallos amañados, determinados por la incompetencia, la venalidad, el dinero o simplemente por su abierta y conveniente funcionalidad a las autoridades de turno.

La analista Kathryn Ledebur de la “ONG Red Andina de Información” en una entrevista a “BBC Mundo”, afirmó que “siguen habiendo grandes niveles de corrupción en la justicia y las condiciones en las cárceles son preocupantes, con un hacinamiento que llega al 300% en algunos centros”. Recordemos como muestra objetiva, que en los últimos años se han producido varios motines importantes en las cárceles, donde el 84% de los internos están presos a la espera de la celebración de sus juicios, como el que en agosto de 2013 dejó 35 muertos en el penal de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz.

En mayo del 2013, el denominado “Control Disciplinario del Consejo de la Magistratura”, destituyó a cinco jueces y suspendió a otros sesenta por denuncias de corrupción y retardación de justicia. La exencargada de esa instancia, Cristina Mamani Aguilar, declaró que “el Consejo de la Magistratura no encubrirá a ningún juez ni vocal que esté involucrado en casos de corrupción ni de retardación de justicia y por eso se está destituyendo y suspendiendo a estos 65  jueces. Hasta el momento, tengo en mis manos, más de 2.000 denuncias que estamos analizando para establecer si tienen fundamento y si esas denuncias son causal de sanción“. La funcionaria del Consejo extrañamente añadió que en realidad es “el litigante quien tiene la culpa de la corrupción porque ofrece dinero a los jueces y por eso llamamos a la cordura a la gente, a los abogados y a los tramitadores, que no levanten el nombre del juez porque haciendo eso cobran plata que posiblemente sea dinero que no llega al juez”

Las declaraciones de Mamani en lugar de aclarar derraman más tinta sobre la mesa ¿Qué es un Juez que recibe dinero directa o indirectamente para desviar la justicia? ¿No es ésta acaso una declaración contundente desde la más alta posición del Consejo de la Magistratura, de que los Jueces y su entorno son corruptos? Como consecuencia de lo anotado, la medida para transparentar los procesos en la justicia quedarían en la nada y que ninguno o muy pocos de los 2.060 jueces con serias dudas en el desempeño de sus funciones, no sería ni suspendido ni sancionado como determina la Ley.

Por el contrario, las denuncias por ambas causas -corrupción y retardación de Justicia- continúan presentándose en el cotidiano funcionamiento de los juzgados citadinos y rurales; hace sólo unos días, la prensa nacional, masivamente volvió a referirse al caso de una Juez en Santa Cruz que fue sorprendida in fraganti, recibiendo US $1.500 para “archivar un expediente” sin la debida conclusión del juicio, es decir, que en la percepción de quienes formamos parte de la sociedad civil, no vemos cambio alguno y peor aún, tampoco percibimos ninguna voluntad de las autoridades para hacerlo.

El 28 de enero del año en curso, la propia exencargada del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, presentó el Reglamento de la Carrera Judicial “para transparentar la selección de jueces en el país que ahora será por meritocracia y ya no por influencias personales”. Mamani aseguró que con este reglamento, a partir de la presente gestión legislativa, (2015) “…se logrará finalmente seleccionar a los mejores profesionales entre los más de 25 mil abogados que hay en el país”.

Inmediatamente después, en conferencia de prensa, el Presidente de la “Asociación de Magistrados” de La Paz, señaló que no están en desacuerdo “con que nos evalúen, pero que sea con reglas claras, concisas y con personal idóneo para hacer esta evaluación para que los jueces malos sean expulsados”. Sobre el mismo asunto, la primera vicepresidenta de la misma asociación y también en rueda de prensa añadió: “Estamos en estado de emergencia porque se están vulnerando nuestros derechos y vamos asumir las acciones legales del caso. Esta reglamentación de la carrera dice que a los cargos que nos presentemos, lo haremos como cualquier persona, empezando de cero. Entonces es una aberración haber adquirido conocimientos en la carrera judicial”. Mencionó asimismo, que la carrera de todos sus colegas está en peligro porque el reglamento vulnera el derecho y desconoce sus años de trabajo.

Los fiscales tampoco se libran de la crítica

Hace poco el vicepresidente Álvaro García Linera sentenció que “acercarse a un tribunal de justicia huele a azufre”, por lo mal que se encuentra el sistema judicial en el país. A pesar de los esfuerzos que está desplegando el fiscal general Ramiro Guerrero los fiscales actúan con venalidad en función del mejor postor produciendo actuados repletos de incongruencias jurídicas, cuando no de verdaderas afrentas a la ley. Hay casos en el que los administradores de justicia se niegan sistemáticamente a cumplir nada menos que un  auto supremo emergente de la máxima instancia de justicia como la Corte Suprema, con el cuasi argumento de ser entidades técnicas, “que sólo cumplen sus propias determinaciones”.

Recordamos también el reciente desparpajo en las respuestas de una airada exfiscal transferida a la población de Chulumani en los Yungas de La Paz, funcionaria pública tristemente célebre  -entre otros numerosos entuertos- por haber residido durante tres años consecutivos en un inmueble alquilado, negándose a pagar el canon de la renta convenida a una desesperada dueña de casa. Más escandaloso aún el caso de una exfiscal en Santa Cruz que se declaró en huelga de hambre denunciando que una excolega también fiscal, habría estado involucrada en la desaparición y muerte de la ciudadana Yaritza Méndez, execrable acción que también según la denunciante, habría sido protegida a su vez por nada menos que un exFiscal de Distrito, la instancia de máxima autoridad fiscal de un departamento. En aciago devenir, la huelguista de hambre y exfiscal pide que “se limpie su nombre” puesto que con acusaciones falsas y descaradas, fue intencionadamente alejada de la investigación del caso relacionado con la muerte de Yaritza.

Los ejemplos precitados son cien por ciento reales, no fueron tomados de la ficción y no hay duda de que superan por mucho margen, la propia imaginación de la ciudadanía. Lo mínimo que se espera es que si los tribunales de justicia huelen a azufre finalmente se renueven para fortalecer la justicia nacional  mediante reformas serias, contundentes  y con visión, es decir, con sentido y objetivos creíbles,  útiles,  positivos y alcanzables que comiencen por reconocer la capacidad y la experiencia personales de los postulantes.