A cinco escasos días de las elecciones generales del domingo, Guatemala está sumida en una crisis de confianza.
La legitimidad del presidente Otto Pérez Molina pende de un hilo y las voces de protesta se escuchan cada vez más alto.
Además, este martes el Congreso podría tomar una decisión que cambiaría el panorama.
Pero, ¿de qué se trata?
Te contamos esa y otras claves para entender el caso que tiene al país en ebullición.
¿Qué ocurre hoy?
El Congreso convocó para este martes al pleno a una sesión ordinaria en la quedecidirá si levanta o no la inmunidad al presidente Pérez Molina, un general del Ejército retirado.
Lo hizo después de que una comisión de cinco diputados, elegidos por sorteo, decidiera unánimemente el sábado recomendar al Parlamento unicameral que despoje al mandatario de la prerrogativa propia de su cargo que lo exime de ser detenido o apresado.
De perder la inmunidad Pérez Molina podría ser juzgado en tribunales ordinarios por actos de corrupción.
La unanimidad de la comisión sorprendió, ya que dos de los cinco integrantes pertenecen a la formación de Pérez Molina, el conservador Partido Patriota.
Antes, el martes pasado, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala avaló que se celebre un juicio en su contra.
¿Podría dejar de ser presidente?
Si el Congreso optara por despojar a Pérez Molina de su inmunidad y como resultado se emitiera una orden de arresto en contra, el vicepresidente Alejandro Maldonado asumiría el cargo como interino hasta que hubiera una sentencia firme.
Pero para que así sea dos terceras partes del Congreso de 158 escaños (105 diputados) deben votar a favor del retiro de la inmunidad.
Si no se alcanza esa cifra, el expediente se archivaría, aunque podría reabrirse más adelante.
Y en caso de que con 105 votos el Congreso decidiera respaldar al presidente, Pérez continuaría al frente del Ejecutivo hasta el 14 de enero de 2016, cuando terminará su mandato y deberá entregar el poder a su sucesor.
Este último deberá ser elegido este domingo en las urnas.
Además, cuando termine el cuatrienio, Pérez Molina asumirá como diputado no electo del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
¿De qué lo acusan?
El mandatario guatemalteco fue acusado el viernes 21 de agosto por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de ser el líder de una red de defraudación aduanera conocida como La Línea.
El nombre hacía alusión a un número de teléfono al que se podía llamar paranegociar una alteración en los documentos de los furgones de mercadería importada, con el objetivo de pagar menos impuestos.
Por el mismo caso guarda prisión la exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti.
En mayo se vio forzada a renunciar al cargo ante la contundencia de las pruebas en su contra.
¿Qué responde el presidente?
Nada más hacerse pública la acusación en su contra, Pérez Molina convocó de urgencia una junta de gabinete.
Pero cuando se esperaba que anunciara la dimisión, lanzó un mensaje televisado en el que se negó a renunciar al cargo y aseguró que demostraría su inocencia ante los tribunales.
Algo similar dijo este lunes en rueda de prensa.
“Me siento completamente tranquilo”, dijo al inicio de la conferencia, a la que acudió una hora tarde.
“En las circunstancias en que esté viviendo el país -con elecciones convocadas para el domingo- consideré conveniente, aún a costa del desgaste personal, afrontar un proceso judicial“.
Y tras arremeter contra la Fiscalía y la CICIG, pidió a las partes “que se respete el debido proceso”.
¿Quién pide su dimisión?
Son muchos los guatemaltecos que han salido a la calle a pedir la renuncia de Pérez Molina. El jueves fue la última protesta en su contra.
Guatemala amaneció con las calles ocupadas por miles de ciudadanos, unos 75.000 en el interior del país y otros 25.000 en la capital, que reclamaban su inmediata dimisión.
Comenzaron a movilizarse de madrugada, a marchar por las calles principales y converger al mediodía en los centros de las ciudades, donde se sitúan las instituciones de gobierno.
Mientras, en el campo, las organizaciones indígenas y campesinas bloquearon carreteras y obstaculizaron el tránsito en puntos claves.
“¡Renuncia ya!”, fue el grito más repetido.
Y a este clamor también se sumaron las organizaciones gremiales e instituciones.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que aglutina a los principales empresarios de Guatemala, ya pidió su dimisión.
El miércoles la Procuraduría General de la Nación, el organismo que brinda asesoría legal al Estado, recomendó a Pérez Molina “presentar su renuncia al cargo con el fin de evitar la ingobernabilidad que traiga como consecuencia la inestabilidad de la nación”.
Hasta la iglesia se ha pronunciado sobre el caso.
El arzobispo de la Archidiócesis de Guatemala, Óscar Julio Vián Morales, uno de los altos cargos de la iglesia Católica en el país centroamericano, se sumó a las peticiones de dimisión.
¿Cuánto apoyo tiene?
El presidente está cada vez más solo.
Tras la acusación formal y la decisión del presidente de aferrarse a su cargo, seis de sus 13 ministros y otros altos cargos renunciaron.
Los primeros fueron el de Economía y los viceministros de Educación, Salud y Agricultura.
Dejaron sus correspondientes cargos el sábado 22 de agosto, y el lunes se sumaron los titulares de Finanzas y sus dos viceministros, el de Comunicaciones y dos viceministros, y la titular de la Secretaría General de Planificación (Segeplan).
Además, el exministro de Defensa, Manuel López Ambrosio, y el de Interior, Mauricio López Bonilla, abandonaron el país rumbo a Panamá, Estado con el que Guatemala no tiene tratado de extradición.
Así, Pérez Molina está cada vez más solo, a la espera de un dictamen que, en vísperas de elecciones, podría sentarlo en el banquillo.