¿Qué significa que declaren terroristas a las maras en El Salvador?

La decisión sorprendió a El Salvador: la Corte Suprema de Justicia estableció que las pandillas de maras pueden ser consideradas como grupos terroristas.

Esta resolución puede cambiar el escenario social en el país, que vive la peor ola de violencia de los últimos años.

De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal hasta el 11 de agosto se habían cometido 3.603 homicidios, un promedio de 14 por día. Es la cifra más alta desde 2009.

Muchos de estos crímenes se atribuyen a las pandillas Barrio 18 y MS13.

La decisión de la Corte Suprema se plantea como una acción que puede ayudar a combatir de manera más eficaz los ataques de estos grupos.

Pero también, señalan especialistas, abre la puerta para endurecer la estrategia oficial contra el crimen, como ocurrió la década pasada con el plan Mano Dura contra las pandillas.

También hay riesgo de “exacerbar” a grupos que han solicitado incluso pena de muerte o estado de sitio contra los maras, le dice a BBC Mundo Benjamín Cuéllar, exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

“Hablando de extremidades no vayamos a pasar de las manos duras o durísimas a las patadas de ahogado, porque implicaría poner mayor énfasis en esas posiciones extremas”, advierte.

“Este camino ya lo recorrimos y ya sabemos cuál fue el destino”.

Detalles

La nueva categoría de las pandillas de maras fue establecida en una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema.

En los hechos la resolución pretende hacer más clara la forma como debe aplicarse la Ley Contra Actos de Terrorismo (Lecat).

También se refiere a la Ley de Proscripción de Pandillas, aprobada en 2010 y que castiga la existencia de estos grupos y sanciona a sus miembros.

Estas legislaciones habían sido impugnadas en la Corte debido a lagunas jurídicas en la definición de actos terroristas, y que hace unos años derivaron en juicios contra activistas y movilizaciones sociales.

La sentencia es de carácter constitucional, por lo que no establece mayores sanciones penales ni define estrategias para combatir a la delincuencia organizada, aclara Cuéllar.

En su resolución los ministros distinguieron las acciones consideradas como terroristas de las protestas legítimas.

Así, con esta sentencia se considera como terrorista a quien incurra en alguno o todos estos elementos:

§  El uso de “medios y métodos con amplia idoneidad para generar un terror colectivo“.

§  Afectar “bienes jurídicos personales o materiales con significativa consideración”.

§  Causar potenciales daños “al sistema democrático, la seguridad del Estado o la paz internacional”.

Los ministros de la Corte señalaron que las pandillas Barrio 18 y MS 13 incurren en esta definición penal.

Sanciones mayores

De hecho, algunas acciones recientes de los mareros (como también se les llama en Centroamérica) fueron consideradas como terrorismo por los ministros.

Un ejemplo fue la paralización por tres días al servicio de transporte público realizada hace unas semanas.

Otro elemento es el control que ejercen en lo que consideran sus barrios, donde sólo puede circularse con permiso de las pandillas, y en los cuales los rivales pueden ser asesinados.

También se refieren a la violencia contra estudiantes que ha provocado que aumente la deserción escolar, y el desplazamiento forzado de cientos de familias que son extorsionadas por la mara.

Son acciones cotidianas de las pandillas en El Salvador, y que ahora pueden ser se considerados como actos terroristas.

La sentencia de la Corte Suprema unifica los criterios legales sobre estos hechos, pues antes sólo algunos jueces los consideraban como terrorismo.

Ahora los delitos cometidos por mareros pueden considerarse como una violación a la Lecat, y alcanzar con ello una sentencia de hasta 30 años de prisión.

Riesgos

Pero, ¿cómo se traduce la sentencia de la Corte en la lucha contra pandillas y la delincuencia organizada?

Benjamín Cuéllar recuerda que no se trata de un ordenamiento penal, y por lo mismo las facultades de la Fiscalía General y la Policía Nacional Civil no cambian.

“Es una herramienta legal útil para que las instituciones del estado actúen como deben”, subraya.

“Mantiene las mismas facultades de investigar el delito, sea común o práctica terrorista. Sigue siendo delito y a la Fiscalía le corresponde investigarlo”.

También hay riesgos, advierte a BBC Mundo el analista Roberto Cañas.

“Muchas personas que en su cotidianidad enfrentan la delincuencia pueden pensar que es una solución inmediata y que a partir de esto todo va a cambiar”, explica.

“Pero puede dar lugar a arbitrariedades, puede convertirse en una patente de corso que para que las autoridades cometan discrecionalidades, abusos con el pretexto de que aplican la ley antiterrorista”.

Es una situación compleja, insiste. El Salvador vive una severa crisis de violencia que se combina con las distintas estrategias oficiales contra las maras.

En este escenario la resolución de los ministros es un ingrediente más, dice Cañas.

“Los pandilleros han llegado a un nivel de irrespeto a la vida que una declaración de la corte más o una menos no hace mucho la diferencia”.

“Pero de lo que no se habla es cómo resolver los problemas graves de pobreza y desigualdad que generan la violencia”.