Defensor pretende evitar límites a la consulta previa

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó ayer un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 2298, que modifica el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas sobre actividad hidrocarburífera en áreas protegidas.

Denunció que se vulnera  al menos cinco artículos de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE).
El Defensor hizo la observación  de los artículos 10 y 11 del Decreto  29033 porque modifica los tiempos establecidos para la consulta. El recurso fue presentado  ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El   reglamento de consulta y participación para actividades hidrocarburíferas o   DS 29033, está en vigencia desde 16 de febrero de 2007 y establece los marcos legales para realizar la consulta previa e informar a la población sobre actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas.
El DS 2298 entró en vigencia a partir de 18 de marzo de 2015.  Villena explicó que estos  cambios establecen que el Órgano Ejecutivo determinará la metodología y el cronograma para el proceso de consulta en territorios indígenas, basándose en el criterio de asistencia o inasistencia a las convocatorias que realice la autoridad competente a las comunidades indígenas.
“Esta definición atenta contra los principios constitucionales que establece la autodeterminación de los pueblos indígenas a definir, sin presiones ni injerencias, sus propios mecanismos de consulta, en base a sus tiempos y sus propias normas”, afirmó la autoridad.
Vulneración
Además, la acción de inconstitucionalidad plantea que las modificaciones al Decreto 29033 vulnera cuatro instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado boliviano, entre ellos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
El DS 2298 establece un plazo no mayor a  45 días calendario para realizar la consulta. 
Hasta la fecha, hay al menos tres normas que establecen la autorización para la  exploración y la explotación de recursos hidrocarburíferos en  áreas   protegidas. Esto generó la crítica de indígenas, organizaciones no gubernamentales e intelectuales. 
El Gobierno amenazó con expulsar a cuatro organizaciones no gubernamentales durante  las últimas semanas debido a que “usan el pretexto de la defensa de la Madre Tierra para servir a intereses transnacionales”, según afirmó el vicepresidente del Estado, Álvaro   García Linera.
La  autoridad argumentó que   se puede  combinar la defensa del bosque, de los ríos, con la agricultura y la explotación de los recursos naturales. 
Uno de los conflictos latentes sobre la explotación de hidrocarburos es el que se registra en Takovo Mora.