Mujeres en el campo callan violencia sexual por vergüenza

Un estudio denominado  “Violencia sexual: prácticas, signos y significados” del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), realizado en 2015 y que se hizo conocer en un evento este lunes por el Día Internacional de la Mujer, previsto para este 8 de marzo, revela que en el área rural de algunas regiones del país, las mujeres callan la violencia sexual que sufren porque tienen vergüenza.

De acuerdo con el estudio, además de la vergüenza, el miedo  y la impunidad también son causas para que haya un silencio respecto a la violencia sexual.

“La investigación, que se realizó en estos cuatro municipios de distintas características culturales, evidencia que la violencia sexual es la forma de violencia menos denunciada, que afecta sobre todo a niñas y adolescentes y cuyos agresores son en gran parte hombres adultos. El silencio condena a las víctimas en estos municipios rurales a tolerar la violencia sistemática hasta por años. La decisión de denunciar no solo está en manos de padres y madres sino de la comunidad”, indica.

El estudio cualitativo incluyó más de 150 entrevistas a autoridades y servidores públicos que atienden casos de violencia y 34 grupos focales con adolescentes, jóvenes y adultos de los municipios de Punata (Cochabamba), Coroico (La Paz), Uncía (Potosí) y Puerto Gonzalo Moreno (Pando), señala el informe.

Testimonios

El estudio se sustentó en bases a distintos testimonios que dieron cuenta que en algunas comunidades se establecen sanciones de justicia comunitaria como multas de 500 bolivianos, chicotazos y trabajos comunales para este tipo de casos. Muy pocos son considerados casos “graves” para sentar la denuncia e involucrar a las autoridades estatales.

“Algunas familias prefieren pasar por alto estos hechos delictivos por mantener las relaciones de amistad al interior de la comunidad. Los casos que sí se denuncian no siempre prosiguen porque las familias no cuentan con recursos económicos suficientes o porque los agresores huyen de la comunidad. Los procesos judiciales se perciben como complejos”, indica el documento.

En otras comunidades, según el estudio, se evidenció que existen autoridades originarias que de manera específica atienden casos de violencia como el corregidor de la comunidad Esse Ejja de Portachuelo Bajo en el municipio de Gonzalo Moreno, en Pando. Esta autoridad lleva un registro de los casos, el resumen de la conversación con los implicados y sus firmas como medio de verificación ante cualquier proceso posterior.

Comercio sexual

Según los testimonios, se denunció en el caso de la comunidad de Portachuelo, que algunas adolescentes y jóvenes son involucradas en el comercio sexual, son inducidas y engañadas para salir de su comunidad hacia la ciudad de Riberalta donde son presionadas a prostituirse en locales nocturnos frecuentados por brasileros y otros visitantes.

“Algunas jóvenes terminan realizando esta actividad de manera voluntaria para lograr algunos recursos económicos. Las adolescentes que regresan a la comunidad reciben castigos físicos de los padres como forma de sanción, pero existen casos en los que la familia se resigna y acepta esa situación como una oportunidad de ingresos económicos para sus hijas y la familia y la posibilidad de que salgan de la comunidad para quedarse en la ciudad”, añade el estudio.

El documento indica también que cuando la violencia sexual es ejercida por un familiar cercano, muy pocas veces se denuncia pese a que las madres conocen del hecho. Los agresores no muestran arrepentimiento y hasta consideran que su actuación es natural.

“Ante estas situaciones, los testimonios mencionan casos de abortos fruto de violaciones, que se ocultan por varias razones, entre ellas algunas creencias de la comunidad. Se menciona, por ejemplo, en una comunidad de occidente, que un embarazo que es consecuencia de una violación puede traer plagas y afectar la cosecha y al ganado o la salud de los comunarios, por lo que bajo ninguna circunstancia se hace público el caso”, acota el estudio.