Bolivia es uno de los países con más linchamientos en América Latina

Según informes internacionales, Bolivia ocupa los primeros lugares de linchamiento de toda la región latinoamericana. La última muerte, de un hombre con esquizofrenia, que caminaba en busca de su madre, ya fallecida, estuvo precedida de una tortura de siete horas por parte de los vecinos de la urbanización San Luis, del sector de San Roque de El Alto. Creyeron que era un ladrón.

Según la publicación el “Linchamientos en América Latina, ¿cosa del pasado?” dada a conocer el 2015, los casos más concurrentes de linchamientos producidos en Latinoamérica durante los últimos años han tenido lugar en Guatemala y Bolivia. NNNU, en 2013, informó que Bolivia es el segundo país con mayor cantidad de linchamientos en la región, después de Guatemala; el organismo internacional manifestó que “es preocupante que en Bolivia se sigan registrando linchamientos y que falten acciones efectivas de las autoridades del Estado”. También el estudio de 2014 “Barómetro de las Américas” de la organización LAPOP, realizado en 25 países, determinó que en Bolivia el 37,2 por ciento de la población acepta esos ajusticiamientos, uno de los porcentajes más altos de la región.

En Guatemala se registra un promedio anual de unos 70 linchamientos, mientras que en Bolivia el promedio asciende a 30, según los registros de la Defensoría del Pueblo y medios de comunicación. No se tiene una cifra oficial, puesto que muchos casos no se denuncian y no son conocidos por los medios.

Para el abogado experto en justicia indígena, Marco Mendoza, existe esta práctica donde no llega la justicia. “A falta de una respuesta institucional se dan los linchamientos. En lugares donde se siente la presencia efectiva de la justicia indígena y el respeto a los usos y costumbres, no se registran estos hechos delictivos”, expresó. Además, agregó, el Estado “es débil para sancionar a quienes cometen éste delito, entonces hay vía libre para que cualquiera pueda incurrir en el mismo”, señaló. En los últimos años el 99% de los linchamientos no han tenido ni proceso ni, menos, sentencia contra los culpables.

Las autoridades prefieren no investigar estos hechos para no irritar a las comunidades. Además, la “ley del silencio” funciona de manera eficiente. Nadie habla. El único caso en el que ha habido sentencia es el que ocurrió en junio de 2004 cuando el alcalde de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, fue secuestrado por comunarios, torturado y quemado en la plaza central del pueblo. Los pobladores sindicaron de corrupto al alcalde y justificaron su delito señalando que habían aplicado “justicia indígena”.

En agosto de 2010 la jueza Nancy Bustillos condenó a los implicados a 30 años de prisión sin derecho a indulto por los delitos de “asesinato, secuestro, vejámenes y tortura”. Se trata Mendoza explicó que el problema de los linchamientos no se registra en las áreas rurales, sino en ciudades intermedias, zonas periurbanas alejadas y regiones como el Chapare. “Es un fenómeno urbano más que rural”, expresó y negó tajantemente que se trate de una forma de justicia indígena.

En agosto de 2015 el director de Tránsito en El Alto, Adrián Coca, a tiempo de atender un caso de linchamiento manifestó “personalmente tengo una disyuntiva qué tal si realmente sean delincuentes, que más tarde salgan de la cárcel y que después asesinen a alguien”.

Por su parte, el Ministerio de Justicia recabando notas de prensa, informó que en 2005 se registraron 15 linchamientos, en 2010 fueron 30 y en 2013, 79. Un documento defensorial reveló que entre 2001 y 2004 en la ciudad de El Alto había un promedio de tres casos por año; sin embargo, entre 2005 y 2008, en la misma ciudad los sucesos aumentaron a 19 casos anuales.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tras la muerte de cuatro policías en mayo de 2010 en el municipio de Uncía, alertó sobre el aumento de estos casos en el país y reveló que más del 47% de los municipios carecían de presencia policial.

En ese mismo sentido, la Defensoría citó como causas de este fenómeno a la ausencia de organismos de seguridad, el crecimiento de la delincuencia, la intolerancia y la desconfianza en la justicia. Aseguró que muy pocos casos son investigados y que la mayoría de ellos permanecen en la impunidad.