Muñoz: Son aguas compartidas que los dos países pueden utilizar

En el décimo quinto piso del Ministerio de Relaciones exteriores chileno, ubicado en lo que fue un clásico hotel de Santiago, a pocos metros del Palacio de La Moneda, el canciller Heraldo Muñoz explica los pormenores de la demanda en La Haya contra Bolivia por las aguas del Silala, a pocas horas de haberla anunciado a la opinión pública. “Estamos protegiendo los recursos que le pertenecen a Chile”, señala en entrevista exclusiva con EL PAIS. “La presidente de la República ha determinado que no podemos permanecer pasivos ante las amenazas de Bolivia, que incluyeron incluso detener el curso de las aguas”.

Pregunta. ¿Qué pretende Chile con esta demanda?

Respuesta. Tener la certeza jurídica de que el río Silala es un curso de agua internacional y que Chile como país aguas abajo tiene derechos que deben ser establecidos por la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En segundo lugar, Chile cree necesario resolver esta disputa genuinamente existente por la vía de los mecanismos de solución de diferencias. Ante estos dos propósitos fundamentales, nuestro argumento es que el derecho internacional establece de manera clara que cuando hay un curso de agua internacional, y así debiera declararlo la corte, debe existir un uso razonable y equitativo de esos recursos. Lo que está claro para nosotros, desde el punto de vista técnico, es que aquí hay aguas que fluyen naturalmente desde Bolivia hacia Chile por la ley de gravedad, que es la única que el Gobierno boliviano no puede cambiar.

P. ¿Por qué ahora?

R. Porque Bolivia había anunciado que iba a demandar a Chile por el caso del río Silala y por la evidencia de que ellos se estaban aproximando ya a concretar esa demanda. Tanto es así, que algunos de los abogados internacionales que están trabajando con nosotros fueron contactados por la parte boliviana con el mismo propósito.

R. ¿No se presenta ahora dado los conflictos de política interna que enfrenta el Gobierno de Michelle Bachelet? ¿Existe alguna relación?

P. Ninguna. La presentación de una demanda como ésta requiere de mucho trabajo -prolijo, detenido-, y eso se ha venido haciendo durante meses. Afortunadamente, en la máxima reserva. De modo que no se puede simplemente inventar una demanda porque haya un determinado contexto político interno. Esto se viene haciendo con tiempo y con el profesionalismo que caracteriza a la Cancillería de Chile. Uno no se puede contactar con abogados internacionales para que sean parte del equipo de una semana para otra, esto toma meses.

P. ¿Las aguas son del país donde nacen las aguas o del país que las usa?

R. Son aguas compartidas que los dos países ribereños -es decir, Bolivia y Chile-, tienen derecho a utilizar de manera equitativa y razonable. Así lo establece el derecho internacional. Por lo tanto, son aguas compartidas. Y hay muchos casos donde los países se ponen de acuerdo sobre su uso. Es lo que le estamos pidiendo a la corte. No es como dice Bolivia, que son 100% bolivianas y que lo que aquí ha habido es un “robo” por parte de Chile. Esos son agravios y acusaciones infundadas y contrarias al derecho internacional.

P. Chile usa el 100% de las aguas y los bolivianos dicen que debería pagar por su utilización.

R. Según las reglas establecidas del uso razonable y equitativo, hay una dimensión adicional: el uso existente actualmente. Y Chile utiliza esas aguas porque es el país que más ha tenido actividades para el uso de esas aguas. Este río emana a pocos kilómetros de distancia de nuestra frontera y, por el lado boliviano, la población más cercana está a 70 kilómetros. De modo que es natural que haya un uso mayor. Recordemos que el pre acuerdo al que se había llegado el año 2009 con Bolivia contemplaba que los privados chilenos que quisieran hacer un uso mayor de las aguas del lado boliviano pudiesen adquirirlas. De modo que eso siempre estuvo abierto como posibilidad.

P. ¿Para qué le sirven esta agua a Chile?

R. Las aguas son utilizadas básicamente por el ferrocarril Antofagasta-Bolivia y por Codelo-Chuquicamata. También ha habido en el pasado comunidades que han usado parte de esas aguas.

P. Hay quienes sospechan que la demanda busca proteger intereses particulares: el ferrocarril pertenece al Grupo Luksic, uno de los más poderosos de Chile.

R. Aquí lo que se defiende es el territorio nacional y lo que le pertenece a Chile. Nosotros no nos preocupamos de los intereses particulares, sino de los intereses nacionales.

P. Bolivia ha acusado a Chile de haber manipulado esas aguas de manantiales para convertirlas en un río.

R. Hubo una canalización en el siglo XIX en territorio boliviano que no afecta el curso de las aguas, porque igualmente seguiría fluyendo ese río hacia Chile. Lo único que habría ocurrido sin esa canalización es que se habrían perdido aguas en el lado boliviano, pero seguirían fluyendo hacia Chile por la naturaleza del territorio. Y eso tiene un sustento técnico.

P. Esa canalización en territorio boliviano, ¿la hizo Chile?

R. No sé quién materialmente la hizo, pero se realizó antes incluso de una concesión que le otorgó Bolivia al ferrocarril Antofagasta-Bolivia, que es de 1908. Y reitero: no afecta el flujo de las aguas.

P. ¿No es complicado presentar una nueva demanda cuando ya hay otra que se está tramitando en La Haya?

R. Nunca es complicado defender los intereses de Chile y especialmente cuando hay una controversia realmente existente.

P. La presidente Bachelet señaló que las demandas artificiales perjudican el sistema de justicia internacional. ¿No es ésta una demanda artificial?

R. Esta demanda contra Bolivia no es artificial. Nosotros siempre hemos dicho que la demanda marítima boliviana es artificial, pero ésta es una controversia efectiva donde se han agotado todos los recursos diplomáticos. Esta disputa se ha prolongado durante ya décadas, existe desde 1997 cuando Bolivia cambió su narrativa, y nosotros quisiéramos que esto se resolviese a la brevedad posible. Lo que ha hecho Bolivia es instrumentalizar los tribunales internacionales y eso Chile no lo acepta.

P. ¿Todo esto quiere decir que Chile no se retirará del Pacto de Bogotá, como pedían algunos sectores chilenos a propósito de la demanda marítima boliviana?

R. Estamos utilizando justamente el Pacto de Bogotá para fundamentar la jurisdicción de la corte en este caso.

P. ¿Chile con esta demanda busca empatar la demanda marítima boliviana? Porque la corte podría resolver de forma salomónica y conceder un triunfo a cada país.

R. No, porque estos son dos casos absolutamente separados: van por caminos paralelos, en tiempos distintos y no se sobreponen uno sobre el otro. Por lo tanto, creemos que deben ser juzgados en sus propios méritos.

P. ¿Están agotadas entonces las conversaciones bilaterales y los caminos diplomáticos con Bolivia sobre este caso?

R. Por eso es que hemos recurrido a la Corte: se han agotado los esfuerzos que ha hecho Chile siempre de sentarse a negociar. Incluso recientemente en la agenda de 13 puntos, estaba el caso del río Silala y, habiendo presentado Bolivia su demanda contra Chile en La Haya, nosotros estábamos dispuestos a conversar sobre los otros 12 temas. Y eso lo dije varias veces. Bolivia sin embargo lo que ha hecho es amenaza tras amenaza, agravio tras agravio y una negativa total a conversar sobre el Silala y el resto de la agenda bilateral.

P. ¿Y si Bolivia estuviera ahora dispuesta?

R. Prefiero no ponerme en situaciones hipotéticas.

P. ¿No teme una guerra de demandas entre ambos países?

R. Lamentablemente fue Bolivia la que llevó sus aspiración marítima a La Haya cuando Chile siempre ha estado dispuesto a dialogar sobre la base de los tratados. De modo que para esos están los mecanismos de solución pacífica de la controversia. Cuando hayan controversias realmente existentes, y subrayo eso, hay que recurrir a los tribunales internacionales. Chile siempre ha sido un país que ha buscado el diálogo, la conciliación y el entendimiento con sus vecinos. Y nada nos gustaría más que tener un diálogo normal de países vecinos con Bolivia. No es Chile el que ha entrado en el camino e la confrontación.