La depuración de las mafias políticas argentinas

A los jueces federales les bastaron 15 días para detener o procesar a una legión de ex funcionarios kirchneristas. Y, por si fuera poco, cayó Ibar Pérez Corradi, acusado de instigar el triple crimen de Quilmes/General Rodríguez. Si bien la extradición promete ser remota, en Comodoro Py apuntan que María Servini de Cubría podría ir a tomarle declaración a Paraguay. No sería la primera vez que ella apela a ese recurso.

Parece haber llegado la hora de una gran depuración institucional. Pero es mentira. La Justicia no está avanzando sobre un poder corrupto. Se están quebrando mafias. Las delaciones y los pases de factura aportan pruebas. Y hacen que los tribunales ya no puedan seguir disimulando. Julián Ercolini “investigaba” a José López desde 2008. Igual que Daniel Rafecas, que esperó a que el ex secretario revoleara 10 millones de dólares en un convento para allanar su domicilio. Héctor Cappaccioli y el resto de los procesados por Ariel Lijo financiaron en las droguerías la campaña de Cristina Kirchner hace una década. Las fechorías de Sergio Schoklender con Hebe de Bonafini, por las que Marcelo Martínez De Giorgi llamó a declarar a De Vido, López y otros dirigentes, se conocen desde hace cinco años. Si los magistrados se desperezaron fue porque López decidió donar su fortuna a las monjitas.

Nada que sorprenda: para que Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan recorrieran las estancias de Báez hizo falta que apareciera el video de Martín Báez contando plata en La Rosadita. El ejemplo más risueño es el de los camaristas de Casación Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Pedro David. Desde comienzos de 2014 debían resolver si López tenía que ser investigado desde 2003 o desde 2006. Se acordaron de hacerlo el martes 14, horas después de que el imputado ofrendó sus termosellados a la madre Alma. Los tres jueces demostraron que son capaces de burlarse de sí mismos. Dijeron: “Todo lo expuesto también impone el mejor desenvolvimiento del proceso desde un imperativo de celeridad atento la entidad de la maniobra endilgada, ya que como desde siempre se evoca: ‘Un Estado que no se rigiera por la justicia se reduciría a una banda de ladrones’ (San Agustín)”. Los jueces federales participan, con gobernadores, intendentes y legisladores, del desbande general del kirchnerismo.

Se rompe a los apurones un pacto de una década, al amparo del cual se siguieron cometiendo las irregularidades que ahora se sancionan.

¿Qué habría pasado con los sobrecostos de la obra pública si Ercolini o Rafecas hubieran actuado con la celeridad que aconsejan los camaristas de Casación? Tal vez el Estado se habría ahorrado varios millones de dólares. La ignorancia fue deliberada. En 2005 Roberto Lavagna denunció sobreprecios en las licitaciones de infraestructura. Y Sergio Acevedo dejó la gobernación de Santa Cruz porque se negó a devolver a De Vido el adelanto de fondos de algunas construcciones. Ese mismo año, el nuevo ministro de la Corte, Horacio Rosatti, se alejó del Ministerio de Justicia para no aprobar un plan carcelario del filántropo López. Para Cristina Kirchner las denuncias eran destituyentes. Ahora que son irrefutables, ella también se despega: “Yo no le di la plata”. No hacía falta aclarar.

Las mismas pruebas que acorralan a la ex presidenta exponen a los jueces federales como proveedores de impunidad. Los procesamientos en masa son la otra cara de la siesta de diez años. El sistema institucional está paralizado ante el fenómeno. La reacción más vital aparece en la sociedad civil. Liderado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de organizaciones reclamó al Consejo de la Magistratura una auditoría sobre los tribunales de Comodoro Py. Al Consejo nunca se le había ocurrido. El examen pretende detectar las demoras en las causas; cuántas son elevadas a juicio; si en los peritajes se repite algún patrón que indica connivencia; qué rol cumplen las fuerzas de seguridad e inteligencia, entre otros detalles.

Estas preguntas producen desasosiego en Comodoro Py, que ha sido una organización blindada. El ejemplo más notorio es el del camarista federal Eduardo Freiler, célebre por su prodigioso enriquecimiento. Lo denunció el abogado Ricardo Monner Sans. Pero el juez Marcelo Martínez De Giorgi lo sobreseyó, a pedido del fiscal Ramiro González, quien ni siquiera pidió un peritaje. González es profesor invitado en la cátedra de Freiler. Y Martínez De Giorgi está casado con una secretaria de la sala en la que “el justiciable”, por usar el léxico de su colega Jorge Ballestero, es camarista. Por estas razones Monner Sans impugnó la sentencia por fraudulenta. El planteo cayó en manos del juez Sebastián Ramos, cuyo hermano, Martín, es secretario de Martínez De Giorgi. ¿No correspondería que, por tratarse de un camarista federal, Freiler sea examinado por un magistrado de otro fuero? Lo mismo cabe para la causa en la que Rodolfo Canicoba y el fiscal Pedro Zoni investigan la sociedad de Freiler con la cuñada del juez Ariel Lijo en una financiera.

La endogamia de los procedimientos se extiende a las designaciones. Varios magistrados hicieron lobby ante el Consejo por la designación de sus secretarios como jueces. Martín Ramos, aspirante a un juzgado de Morón, tuvo apoyo en sobredosis: hasta su hermano juez abogó por él.

La vida institucional no se está regenerando. Se acaba de romper un acuerdo negociado por última vez en marzo del año pasado: varios magistrados federales acordaron con la Casa Rosada una tregua para no perturbar la carrera de Daniel Scioli, Carlos Zannini y Aníbal Fernández.

Con López en desgracia, De Vido evacuó los pájaros de su opulenta chacra de Puerto Panal. ¿Adónde los llevó? Antiguos empleados de Planificación apuestan por una próspera cabaña pampeana, cercana a General Acha. Los canarios convivirían con los Aberdeen Angus. Preguntar por Hugo De Vido, hermano del allanado diputado.

Nadie entiende cómo cayó López. Seguro no fue por acción de la Justicia. En los tribunales observan un detalle: su antiguo abogado, Darío Richarte, tiene vínculos estrechísimos con la AFI. Richarte fue el letrado de muchos funcionarios kirchneristas. Patrocinó a López, pero también a Boudou, Cameron, Claudio Uberti y Alfredo Scoccimarro, entre otros. Renunció a esas defensas apenas el espía Antonio Stiuso, que tuvo un dominio inigualable sobre Comodoro Py, fue jubilado por la señora de Kirchner. Richarte trabajó con Stiuso desde la época de Fernando de la Rúa, cuando era segundo de la entonces SIDE. Tiempos en que las finanzas del espionaje las manejaba Juan José Gallea. El mismo que las maneja hoy. Entre una y otra experiencia, Gallea se encargó de los fondos del grupo mediático de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel. Ese grupo fue el instrumento preferido de los ataques contra la oposición y el periodismo que los Kirchner encomendaban al obediente Stiuso. Según declaró Garfunkel, Richarte era socio oculto del holding. Hoy Richarte es vicepresidente de Boca. Secunda a Daniel Angelici, quien apadrina a Gallea en la AFI. En esta telaraña se sostiene una tesis: lo que parece un saneamiento sería, en rigor, una venganza ejecutada por los mismos agentes que antes suministraban protección. ¿Cambiemos?

Angelici fue denunciado por Elisa Carrió como gestor de Mauricio Macri en la justicia federal, por lo cual se abrió una causa por tráfico de influencias. Está en el juzgado de Sebastián Casanello. Este juez, promocionado por La Cámpora, fue el ángel guardián del kirchnerismo. Con el fiscal Marijuan, tardó tres años en allanar a Báez. Bajo una presión insoportable, lo detuvo. Pero liberó a Martín, el hijo del constructor, quien estaba en las mismas condiciones que su padre.

El último en impugnar a Casanello porque apaña a la ex presidenta es Báez. Teme ser el chivo expiatorio. Por eso recusó al juez diciendo que lo vio en Olivos, esperando reunirse con su presunta socia. Casanello niega haber estado alguna vez en Olivos. La desmentida es persuasiva: si hubiera participado de la reunión que le adjudican, podría alegar cualquier coartada.

Báez insiste. Pone como testigo a su acompañante, Daniel Álvarez, a quien cita como ex secretario de los Kirchner. Es verdad, Álvarez fue secretario de los Kirchner, pero también fue candidato de Báez en Río Gallegos y uno de sus contactos con Miguel Pires. Se trata de un broker de jugadores aproximado por Báez a Néstor y Máximo Kirchner para las adquisiciones de Racing. Lázaro fue imprudente en mencionar a Álvarez: en cualquier momento le abren otra causa por lavado de dinero, pero en el fútbol.

En las acusaciones de Báez hay muchos detalles sospechosos.

Registra detalles intrascendentes, como la indumentaria de todas las personas a las que cruzó. Pero no logra identificar el día ni la semana de la cita en Olivos. Se ve que perdió las agendas. Hace tres semanas, según sus hijos, las tenía. Y lo más increíble: dice que le reprochó a Cristina Kirchner la presencia de Casanello en la casa. Él, que hasta hoy no se anima a mirarla a los ojos. La denuncia de Báez no fue avalada por sus abogados, sino por los de su hijo Leandro: Claudia Balbín y Santiago Viola. A Balbín se la vincula con el fiscal Eduardo Miragaya, que hoy trabaja en la AFI, a las órdenes de Silvia Majdalani.

¿Báez ataca a Casanello por sí mismo o presta un servicio adicional a los agentes judiciales de la AFI? Sencillo: si se demostrara que Casanello vio a la ex presidenta, no perdería una causa, sino el juzgado. Ese desenlace beneficiaría a Angelici. El juez ya solicitó las llamadas telefónicas del presidente de Boca y las de algunos colegas federales. Para Comodoro Py es una amenaza mucho más inquietante que la auditoría del Consejo.

De todos modos, si Báez llegó a algún acuerdo con gestores de la AFI, el propio oficialismo frustró el entendimiento: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que conduce Mariano Federici, pidió la detención de los hijos del presunto testaferro de los Kirchner. Más trabajo para la doctora Balbín.

Angelici se alegró cuando Servini avanzó sobre la AFA por el desaguisado de Fútbol para Todos. Aníbal Fernández se replegó hacia el hockey sobre césped. Está preocupado. Pablo Paladino, el director del programa, es bastante incontinente. En cualquier momento menciona a Fernando Torretta, agricultor entrerriano y radiodifusor de Quilmes.

El festejo de Angelici duró poco. La FIFA impuso su propia intervención. El antecedente de Fútbol para Todos debería hacer reflexionar a algunos funcionarios. El Ente Nacional de Comunicaciones, que dirige Miguel de Godoy, está por tratar un subsidio a Arsat, a pedido del Ministerio de Telecomunicaciones, que incurriría en la misma desviación por la cual hay tres ex jefes de Gabinete kirchneristas procesados”.