Ley obliga a los colegios a que instalen cámaras de seguridad

La Ley de Seguridad Ciudadana obliga a las unidades educativas a instalar cámaras de seguridad, recordó el ministro de Gobierno, Carlos Romero. La autoridad señaló que el monitoreo de las mismas estará a cargo de la Policía.

“En el tema específicamente de las unidades educativas, hemos establecido una cláusula, en la ley de seguridad, que obliga la instalación de cámaras de videovigilancia en varios sitios. Primero en unidades educativas y  luego,  por ejemplo, en  los centros de diversión nocturna de jóvenes”, dijo el ministro Romero  en una entrevista en el programa El pueblo es noticia, del canal estatal  BoliviaTv.

La implementación de los equipos está  a cargo de las alcaldías, en el caso de los colegios fiscales; mientras que los privados  dependerá del sistema.

La Policía desplegó un megaoperativo de rastrillaje en El Alto y La Paz tras conocerse el  secuestro de la niña Camila Cruz Ticona  al salir de su colegio el 28 de julio. Se logró encontrar  a la pequeña luego de  identificar, en las imágenes de las cámaras de la unidad,   a la persona que se la llevó.

Romero destacó el trabajo de los uniformados y medios. Recordó que  los gobiernos subnacionales deben invertir el 10% del IDH asignado en tareas de seguridad ciudadana.

La compra e instalación  de los equipos de vigilancia para los colegios  fiscales debe ser asumida por las alcaldías.

“A veces hay confusión y  algunas críticas de  directores  de colegios privados. Decían que  es una inversión muy grande e imposible, pero no es así. Una cámara de videovigilancia  tiene un costo  unitario  de entre 3.000  a 3.500 dólares”, dijo Romero.

Explicó  que luego de ser instalado el equipo,  se lo debe  conectar al sistema de la Policía, institución que estará a cargo de la  vigilancia. Aclaró que no es necesaria la instalación de salas de monitoreo en las escuelas, ni la contratación de personal extra para esas tareas.

“Necesitamos las cámaras no sólo para casos de trata y secuestro de personas, sino también para el microtráfico de droga en las unidades educativas. Últimamente también de  drogas sintéticas, como diazepam”, acotó.

El Ministro enfatizó   que para que los operativos de seguridad   sean más oportunos, se requiere la participación de varias instituciones. Aseguró que la Policía está capacitada para actuar rápido, pero demandó la participación de otras reparticiones.

Coordinan más control en el registro de los servicios domésticos

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que se coordinará con el Ministerio de Trabajo para que los sistemas de registro en los servicios domésticos tengan más control.

“Estamos reflexionando,  veremos cómo podemos garantizar  a  través del Ministerio de Trabajo. Es para que las personas de servicios de trabajo  doméstico y  cuidado de niños tengan un mayor filtro y un mayor nivel de seguimiento”, dijo Romero.

El 28 de julio, la niña Camila Cruz,  de siete años, fue secuestrada por una falsa postulante a niñera que la recogió al salir de su colegio. La mujer se había presentado con sus padres un día antes, en respuesta a un anuncio para servicios de cuidado que pusieron en el periódico.

La secuestradora estudió la actividad de la familia y confundió a la niña para llevársela. El momento de recogerla le dijo que fue contratada por sus padres.

Camila fue recuperada por la Policía tras un operativo  un día después de su secuestro. Se encontraba dentro de un ropero en la casa de la secuestradora.

Asimismo, el ministro de Educación, Roberto Aguilar,  aseguró ayer que la cartera que  dirige  trabaja permanentemente por la  seguridad ciudadana. Informó que se realizan acciones en coordinación con  la Policía Boliviana.

“Lo que recomendamos es que los directores de unidades educativas públicas y privadas coordinen directamente con las alcaldías y con la Policía para generar mecanismos de apoyo. Ya hay algunos,  hemos podido observar que los papás  hacen apoyo a través de formas comunitarias, se turnan a la hora de entrada y salida”, dijo  Aguilar.

Destacó que la Policía haya promovido las brigadas estudiantiles para generar mecanismos de apoyo participativo por parte del estudiante, aunque dijo que se necesita mayor vigilancia. “Una de las posibilidades son las cámaras de seguridad que ayudaron a identificar con rapidez a  la secuestradora, como en el último caso de secuestro”, manifestó el Ministro.