Vice garantiza trabajo de firmas socias de Fencomin

El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró la continuidad de las operaciones mineras de las empresas privadas que tenían contratos con las cooperativas y garantizó “absoluta estabilidad laboral de los asalariados” que prestan servicios en esas unidades productivas.

“El trabajo de la empresa privada se mantiene, los trabajadores de esa empresa privada se mantienen, pero ahora esa empresa ya no paga nada a la cooperativa, tiene que pagar directamente al Estado”, declaró la autoridad el miércoles, poco después de concluido el acto de interpelación a dos ministros por la muerte de cooperativistas mineros y el exviceministro Rodolfo Illanes, según reporte de Erbol.

García sostuvo que el trabajo de la empresa “no tiene porque detenerse ni tiene porque ser expropiado, lo que se rompe es el acuerdo con la cooperativa”.

Manifestó que las cooperativistas ganaban sin trabajar y de la concesión que entregaban a la empresa privada, en una operación ilegal como si fuera un mini Estado dentro del Estado Plurinacional.

“Ahora hay contratos entre cooperativista y empresas extranjeras, ese derecho no lo tiene la cooperativa de subarrendar lo que es del Estado, por tanto, ese contrato queda anulado de inmediato”, declaró.

El presidente Evo Morales firmó el 1 de septiembre el Decreto Supremo 2891 por el cual “se revierte a dominio del Estado las áreas sobre las cuales se hubieren suscritos contratos de riesgo compartido, de arrendamiento o subarrendamiento entre cooperativas y empresas privadas nacionales y extranjeras”.

En las últimas horas, algunos dirigentes cooperativos insinuaron que interpondría oposición al decreto bajo el argumento de “derechos pre constituidos”. Sin embargo García Linera rechazó esa posibilidad, porque esa figura es válida para aquellas cooperativas que operan bajo los principios de solidaridad y no para las que entregaron concesiones al extranjero con fines de lucro.

Revisión de contratos

En tanto, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) envió ayer varias comisiones técnicas a La Paz, Oruro y Potosí para verificar el estado de situación de 500 contratos firmados con el sector cooperativista antes de la Ley 535 de Minería y Metalurgia del 28 de mayo de 2014, para decidir su reversión o no a favor del Estado. ” Es para verificar si esos contratos están en vigencia y si realmente recuperan esos yacimientos”, informó el asesor dela  presidencia de Comibol, José Pimentel.

AUSENCIA DE POLÍTICA MINERA

Asambleístas del oficialismo y oposición alertan sobre la necesidad de diseñar y aprobar una ‘política minera del país para el desarrollo de este sector y evitar que se vulnere la Constitución Política del Estado, tal cual ocurrió con la suscripción de contratos de cooperativas mineras con capitales privados nacionales o transnacionales.

Los legisladores afirmaron que la interpelación a los ministros de Gobierno y de Minería, Carlos Romero y César Navarro, develó que el Gobierno no cuenta con un régimen jurídico claro y apoyo comprometido para el progreso de la minería nacional y que sólo se explicó de concesiones y algunos beneficios otorgados al cooperativismo minero boliviano, aspectos que no son suficientes.

Cuestionaron, particularmente, la intervención del titular de Minería quien no informó sobre qué ‘políticas de Estado’ se aplican para fomentar la actividad minera y que no se trata solamente de indicar que se han desarrollado reuniones y que los dirigentes acudieron a algunas y a otras no, y que además el cooperativismo decidió dejar la mesa de negociaciones para proceder con sus bloqueos.

FISCALES ALISTAN UNA RECONSTRUCCIÓN

Identifican lugar de las muertes de Sayari

El fiscal departamental de Cochabamba, Ever Veizaga, informó ayer que la comisión de fiscales que investiga la muerte de los cooperativistas Fermín Mamani (25) y Severino Ichota (41) el pasado 25 de agosto, identificó el lugar donde fallecieron ambos mineros que estarían en Sayari y Arque. Ahora se prepara una segunda inspección y reconstrucción de los hechos, una vez que se tengan más datos que aporten a la investigación.

“Se ha hecho un reposicionamiento fotográfico vía el Instituto de Investigaciones Forenses, se ha identificado el lugar donde habría fallecido los dos cooperativistas mineros. Esto se hizo a través de algunos indicios que se han recabado y entrevistas que se realizaron a cooperativistas mineros”, dijo.

Señaló que la comisión de fiscales ha tomado la declaración de 35 a 40 funcionarios policiales, la mayoría jefes de unidades que operaron durante el conflicto. “Lo que nos corresponde como Ministerio Público es identificar los grupos que estaban en los lugares y si es que corresponde al  funcionario policial que haya causado la muerte de los cooperativistas mineros”, dijo.

Veizaga agregó que se está analizando en la comisión de fiscales ir a una segunda inspección dependiendo del análisis que se haga y de los informes internos que se tiene de la Policía “y en todo caso hacer una reconstrucción de los hechos, pero para eso necesitamos tener mayor precisión de qué grupos han participado, cuáles era los lugares, dónde estaban designados”.

Indicó que se está avanzando de manera “significativa al extremo que hemos encontrado muestras de sangre, se ha dispuesto una pericia para identificar si esa sangre corresponde al primer cooperativista fallecido”, sin embargo, también reconoció de que se trata de un caso complejo.

Fotos y videos

El fiscal de Cochabamba Ever Veizaga señaló que se solicitó a los medios de comunicación facilitar fotografías y videos de los días en los que se desarrolló el conflicto minero para identificar a algunas personas que estuvieron en los lugares donde murieron los dos mineros.

“Se ha pedido a todos los medios de comunicación si nos pueden facilitar información para recabar algunos indicios o elementos de convicción para identificar algún grupo o funcionario policial que haya podido disparar un arma, sin embargo, estamos todavía en proceso de recepción de esta información”, dijo.