Fuerte movilización en Argentina para impedir la excarcelación de torturadores

Era un debate que parecía superado en Argentina. Tras el escándalo que supusieron las leyes de punto final y los indultos de los 90, el país vivió un proceso modélico en el siglo XXI que parecía totalmente encauzado. La mayoría pensaba que los represores de la última dictadura militar (1976-1983) acabarían sus días en la cárcel como Jorge Videla, que murió en prisión en 2013, a los 87 años. Pero una inesperada sentencia de la Corte Suprema ha abierto la puerta a una posible excarcelación de 248 de los casi 500 militares que aún están entre rejas, entre ellos algunos de los más crueles, como Alfredo Astiz, el Ángel de la muerte, famoso por infiltrarse entre los colectivos de derechos humanos para después ayudar en el asesinato de las fundadoras de madres de la plaza de Mayo y de dos monjas francesas. Y en Argentina se ha producido una fuerte movilización para impedirlo, que implica a todos los sectores sociales y prepara una gran marcha el miércoles (#10MNuncamas).

El país austral, ejemplo mundial por la condena a los protagonistas de su última dictadura, la búsqueda de sus desaparecidos y la recuperación de sus hijos nacidos en cautiverio, se ha revuelto contra una interpretación benévola de la Corte Suprema que permite acortar las condenas a aplicar el llamado “dos por uno”, esto es que cada día pasado en prisión preventiva cuenta doble. El escándalo es de tal calibre que incluso el Gobierno de Mauricio Macri, al que algunos grupos acusan de estar indirectamente detrás de esta decisión judicial, ha mostrado abiertamente su rechazo a esta sentencia. La presión social es tan fuerte que la mayoría de los expertos rechazan la posibilidad de que se produzca una excarcelación masiva porque no será fácil que los jueces quieran asumir esa responsabilidad.

Ricardo Gil Lavedra, un destacado jurista que fue miembro del tribunal que condenó a la Junta Militar en 1985, en un juicio histórico, rechaza el fallo pero confía en que no tenga efectos devastadores y Argentina pueda seguir siendo un ejemplo mundial. “Este es uno de los pocos puntos de consenso que tiene la sociedad argentina, la necesidad de juzgar y condenar estos crímenes”, explica. Gil Lavedra cree que la movilización tendrá sus frutos. “Son los jueces inferiores los que tendrían que aplicar este criterio de la sentencia de la Corte Suprema. Muchos de ellos la van a resistir, van a reargumentar impidiéndolo”, asegura. Cada juez, en cada caso, tiene que aplicar una decisión y si los abogados no están de acuerdo recurrirán hasta que llegue de nuevo a la Corte Suprema.

“La sociedad argentina rechaza cualquier pacto de impunidad”, asegura Victoria Donda, diputada e hija de desparecidos, nacida en el centro de detención de la ESMA y criada por un represor que ahora está en la cárcel y también podría beneficiarse del nuevo criterio. “Por suerte el sistema judicial argentino funciona caso a caso, probablemente vaya a haber muchos jueces que no se lo pongan tan fácil, no es de aplicación automática. Pero el problema es el mensaje político de que hay vía libre para liberarlos”, sentencia.

Donda culpa al nuevo Gobierno de Mauricio Macri por haber generado “un ambiente” propicio para que sucediera una cosa así. De hecho, explica, dos de los tres jueces que han votado a favor de este fallo y que han forzado un cambio en la línea que seguía hasta ahora la Corte Suprema, implacable con los delitos de lesa humanidad, fueron nombrados a propuesta de Macri. “Creo que hay una interpretación de algunos jueces de para qué dirección está rumbeando el Gobierno la política de derechos humanos. Los dos jueces que puso el macrismo están en esa tesitura. Los jueces suelen medir esa situación. Pero ante avances de estas características la sociedad va a resistir más fuerte que nunca”.

Sin embargo, el Ejecutivo rechaza de plano esta interpretación. Marcos Peña, mano derecha de Macri, criticó la sentencia. “Consideramos que el dos por uno es un símbolo de impunidad en la Argentina, es un mecanismo que hace que se consagre la impunidad y beneficie a los delincuentes más complicados”. Peña aseguró que el Gobierno de Macri seguirá con la política de “memoria, verdad y justicia y la búsqueda final de la impunidad”. “Acabamos de traer de Washington documentos desclasificados para seguir profundizando el conocimiento de la verdad como reclaman los organismo de derechos humanos”, remató. María Eugenia Vidal, gobernadora de Buenos Aires y persona clave del macrismo, fue aún más lejos: “Nuestra posición es clara: los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes, porque la única forma de aliviar el dolor, de reparar en algo el sufrimiento de las víctimas y de sus familias es con respuestas justas”.

El Congreso también prepara una fórmula para acotar la aplicación de la sentencia y un abogado incluso ha presentado una denuncia contra los jueces del Supremo por prevaricación. Nada remueve tanto las aguas en Argentina como la posibilidad de que los represores caminen tranquilamente por la calle como hacían en los 90, cuando se podía ver a Videla haciendo ejercicio en la Costanera, al borde del Río de la Plata.