Venezuela: Fiscal General en la mira del gobierno

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) anunció el martes 20 de junio que había iniciado una investigación que podría conducir a la destitución de la fiscala general del país; una decisión vista como una estrategia para silenciar a la crítica más pública del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

En un comunicado, el tribunal dijo que había abierto una investigación contra Ortega por “la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo”. El TSJ dijo que estaba respondiendo a una denuncia de Pedro Carreño, diputado del partido oficialista, quien puso en duda las facultades y el estado psicológico de la fiscala general.

Ortega sorprendió al país por sus recientes declaraciones que la convirtieron en una férrea oponente del presidente al denunciar la represión de las protestas y al exigir que los manifestantes encarcelados sean juzgados en tribunales civiles, no militares, como ordenó Maduro.

El martes pasado, Ortega condenó la investigación como evidencia de que la democracia está fallando en Venezuela. “Se pretende anular cualquier disidencia política que aparezca”, dijo. “El Estado puede entenderse como disuelto y qué tristeza da tener que decir eso”.

Ella también se ha convertido en un obstáculo para el TSJ, que es controlado por los aliados del presidente. A fines de marzo, los jueces del tribunal emitieron un fallo que despojaba a los legisladores de sus funciones y les concedía a los magistrados la capacidad de aprobar leyes. En ese momento, Ortega celebró una conferencia de prensa y dijo que la decisión era una “ruptura del orden constitucional”.

La medida fue vista como una grave disidencia entre los miembros del partido oficialista, y empezaron los rumores de que los altos funcionarios estaban en contra de Maduro. Poco después, el presidente le ordenó al tribunal que revocara gran parte de la sentencia. Ortega ha continuado con sus críticas y denunció que hubo irregularidades en la elección de los magistrados del TSJ, una medida que irritó a los aliados de Maduro.

A pesar de sus declaraciones, hasta ahora no se habían tomado medidas oficiales para neutralizarla. En su solicitud ante el TSJ, Carreño acusa a Ortega de “violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución” y afirma que actuó “con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución”.

“No solo debe ser destituida, sino que puede y debe ser enjuiciada”, añadió.

José Vicente Haro, experto en derecho constitucional de Caracas, señaló que si bien el tribunal tiene la capacidad de abrir una investigación sobre hechos ilícitos, solo la Asamblea Nacional, controlada por los legisladores de oposición, podría removerla de su cargo. Sin embargo, muchos creen que el TSJ podría procesarla debido al patrón de las recientes decisiones tomadas por los magistrados y que han sido calificadas por los expertos como “legalmente dudosas”.

Aunque Ortega solía apoyar las acciones represivas contra las manifestaciones, sus recientes declaraciones le han ganado el respeto de los actores políticos y ciudadanos involucrados en la actual ola de protestas de Venezuela.

Hasta el momento, más de 70 personas han muerto durante las protestas. Fabián Urbina, de 17 años, murió el lunes después de un enfrentamiento con la Guardia Nacional Bolivariana.

Patricia Torres y Ana Vanessa Herrero colaboraron en la investigación de este reportaje.