Sin consensos, el MAS impone inhabilitaciones e impugnaciones

De casi un centenar de impugnaciones revisadas ayer por los miembros de la comisión Mixta de Constitución, uno solo fue aprobado por prueba del denunciante. Fue el caso en contra de Loyda Iriarte Ramos, quien postula al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por Tarija, la denunciante presentó resolución de destitución como juez y pese a eso Iriarte seguiría en funciones, los legisladores aceptaron la prueba y procedieron a inhabilitar a la tarijeña.

Pero ese fue el único caso de inhabilitación por prueba presentada, en los demás casos solo se dio lectura a su denuncia. El principal argumento para desestimar las impugnaciones fue la falta de presentación de “prueba idónea” ya que la mayoría de los casos tenían solamente documentos en fotocopia simple.
Ninguno de los casos fue aprobado por consenso de la comisión, todos fueron aprobados por los dos tercios que tiene el MAS en el legislativo. La diputada Susana Rivero desempeña papel de juez porque es la responsable de emitir las resoluciones que ya van con recomendación y estas recomendaciones son aprobadas por la mayoría masista sin escuchar los argumentos de los opositores; los denunciantes particulares no estaban presentes.

Las publicaciones de prensa de personas que estuvieron vinculadas al Gobierno nacional tampoco fueron tomadas en cuenta, porque eran fotocopias simples, lo mismo que las fotocopias de las declaraciones juradas de algunos candidatos, no constituyeron “prueba idónea” para el oficialismo.

Lo mismo sucedió con los candidatos inhabilitados. Un solo caso, el de Hugo Vargas Palenque, fue reconsiderado por la calidad de prueba que  presentó el interesado, de los restantes, sus inhabilitaciones fueron ratificadas.

Los tiempos
La senadora Jeanine Áñez criticó el poco tiempo que hubo para recopilar la documentación y justificar las impugnaciones, las que ella presentó, todas fueron desestimadas, lo mismo sucedió con el caso de cuatro diputados opositores que presentaron inhabilitaciones para 31 candidatos.

El diputado Wilson Santamaría dijo que para presentar pruebas de juicios sería necesario ser parte querellante y no fue posible conseguir otras pruebas.
Sin embargo, el oficialismo que rechazaba las pruebas de fotocopia, aceptó las impugnaciones contra Silvia Alarcón y Mirtha da Costa, que fueron senadoras del MAS. En este caso no había “prueba idónea”, pero la senadora Adriana Salvatierra dijo que en aras de la ética se tomaría en cuenta las fotocopias e inhabilitaron a las dos.

Pero ese criterio no primó para otros casos en los que incluso se presentaron pruebas con fotografías, como el de Karina Almaraz Montoya, quien sería simpatizante del MAS y funcionaria del Ministerio de Gobierno, pero como eran fotocopias, fueron anuladas.

Hoy debe finalizar la revisión de las impugnaciones.