Gob. administrará Bs 5 millones de los discapacitados

El Gobierno redujo cinco  millones de bolivianos  a  la renta para las personas con discapacidad y esos recursos pasarán   al presupuesto de programas sociales para ese  sector de la población administrado por la Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad (UEFNSE) del Ministerio de la Presidencia.
“El Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad tenía un presupuesto anual de 40 millones (de bolivianos), 20 millones para el pago del bono y 20 millones para los programas sociales a favor de las personas con discapacidad”, informó a este medio una fuente gubernamental, quien pidió guardar su nombre en reserva.
El proyecto de Ley de Inserción Laboral y de ayuda Económica para las Personas con Discapacidad, recientemente aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), destina 15 millones de bolivianos como el “aporte” del Estado al pago del bono, pero antes esos recursos llegaban a  20 millones  de bolivianos.
Esa norma, aún no promulgada, establece que los municipios pagarán el bono desde 2018. 
Según  fuentes consultadas,  los cinco millones de bolivianos descontados del presupuesto original de 20 millones, ahora serán destinados a  proyectos en favor de los discapacitados. 
“Ya no serán 20, sino 25 millones de bolivianos para ese fin”, remarcó la fuente después de asegurar que la UEFNSE  ejecutará los recursos de forma  coordinada con las  organizaciones de personas con discapacidad  para mejorar sus condiciones de vida. “Se impulsarán  proyectos de vivienda, capacitación, salud y otros”, dijo el funcionario.
A finales de agosto, inmediatamente fue aprobada en el Legislativo la citada ley, este medio     buscó la versión oficial del Ministerio  de la Presidencia sobre el recorte en el aporte estatal al bono, pero no logró que sus consultas sean respondidas; por eso,  se tuvo que recurrir a otras fuentes de información.
Municipios asumirán costos    Según el artículo tercero del proyecto de ley sancionado en la Asamblea Legislativa Plurinacional,  los municipios recibirán  15 millones de bolivianos del aporte gubernamental. Si este dinero no alcanzara a pagar a todos los discapacitados graves y muy graves, la diferencia será cubierta con recursos ediles.  
El monto de la renta será de 250 bolivianos mensuales y “entrará en vigencia en 2018”. Se exceptúa de ese pago a los beneficiados con inserción laboral.
En 2016 ese sector social  protagonizó movilizaciones para pedir al Gobierno se les pague a todos los discapacitados (por igual) un   bono mensual de 500 bolivianos, ello fue rechazado.
Desde 2012, cuando se promulgó el Decreto Supremo 1133, las personas con discapacidad reciben la Renta Solidaria de 1.000 bolivianos anualmente. Este pago estará vigente hasta diciembre de este año.   El 29 de agosto, el  Senado sancionó la ley de  inserción laboral y ayuda económica para las personas con discapacidad. El Ejecutivo aún no la promulga.
El artículo 163 de la Constitución Política  establece en sus incisos 8 al 12 que cuando un proyecto de ley es aprobado por el Legislativo, el presidente del Estado tiene 10 días hábiles para promulgar la norma.