Médicos firman acuerdo con Gobierno y levantan el paro
Después de 47 días, el paro indefinido de los médicos llegó a su fin. Anoche, representantes de los galenos y el Gobierno firmaron un acuerdo que levantó la medida de presión y garantizó la reanudación de los servicios de salud en todos los hospitales y centros del país.
“Queremos comunicar oficialmente que las medidas de presión, tanto piquetes y huelga indefinida, quedan levantadas a partir de las cero horas de este martes (hoy). Vamos a volver a los hospitales a trabajar con nuestra vocación de servicio”, dijo Aníbal Cruz, presidente del Colegio Médico de Bolivia.
El anuncio de Cruz se realizó minutos después de la conferencia de prensa del ministro de Gobierno, Carlos Romero, que informó que el sector médico envió una carta en la que acepta firmar el acuerdo para poner fin al conflicto de 47 días de paro indefinido y exige incluir una cláusula que garantice que no se aplicarán sanciones a los galenos.
Cruz agradeció el apoyo de la población en estos casi 50 días de protestas y se comprometió a hacer cumplir al Gobierno los puntos del acuerdo para mejorar la situación de los servicios y los profesionales de salud. “Nosotros no claudicaremos en la defensa de la salud, vamos a volver a trabajar con esa vocación de servicio (…), no más hospitales que no tengan el equipamiento suficiente, no más hospitales sin el personal suficiente, vamos a trabajar en aquello, ese es nuestro compromiso”, dijo.
El representante de los galenos detalló, además, que las medidas de presión se levantarán de forma paulatina luego de la firma del acuerdo con el Gobierno.
Este hecho se concretó cerca a la medianoche, cuando los representantes de los médicos y autoridades del Gobierno firmaron el acuerdo. La conferencia de prensa se realizó en el Ministerio de Gobierno. El sector de salud estuvo representado por Luis Larrea y Orlando Moreira, presidentes del Colegio Médico de La Paz y El Alto; respectivamente, y Cruz.
En representación de las autoridades estatales participaron el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales. Y la gran ausente de la noche fue la ministra de Salud, Ariana Campero, que desde el último encuentro de diálogo en Cochabamba fue alejada de las negociaciones.
“Este acuerdo es firmado con anuencia de todos presidentes de los colegios médicos departamentales, a excepción de un pronunciamiento de la regional Tarija, y los colegios de profesionales Conasa y los sindicatos mixtos. Este acuerdo es producto de un voto resolutivo”, dijo Cruz. Según el dirigente, el acuerdo contempla puntos como la creación de una ley general de salud y del instituto de conciliación y arbitraje, la abrogación de los decretos supremos 3385, 3091, 3092 y la derogatoria del artículo 205 del Código del Penal, entre otros.
“El Colegio Médico de Bolivia tiene la obligación de responder a un Consejo Médico Nacional y creemos que este acuerdo es el inicio de una ley general de salud que garantice a la población de Bolivia un seguro universal que sea equitativo, como manda la Constitución Política del Estado”, señaló Cruz.
En la conferencia de prensa Romero indicó que esta es una decisión inteligente porque salvaguarda las expectativas de un sector y advirtió que quienes luego insistan y digan que existió trampa, “esos están en otro juego”.
Romero explicó que tras la firma del convenio comienza una agenda intensa que deberá trabajar la redacción de una ley general de salud y dijo que estos compromisos asumidos, como es la derogación de los decretos 3385, 3091 y 3092, se trabajarán en el curso de las siguientes horas. Respecto a los despidos, descuentos y sanciones, la autoridad dijo que seguirán su tratamiento en las entidades sectoriales que correspondan.
En relación a algunos entes en salud del departamento de Santa Cruz que expresaron su rechazo a la firma del convenio, Cruz reconoció que existen sectores que buscan en forma particular acciones contrarias a la determinación del Consejo Médico, pero adelantó que bajarán en las siguientes horas a sus bases a explicar los alcances del acuerdo.
Se vivieron momentos de tensión antes del acuerdo
Antes de la firma del acuerdo con el Gobierno y el levantamiento del paro indefinido, los médicos expresaron sentirse amenazados y perseguidos por el Ejecutivo, tras el anuncio que realizó en la mañana de ayer el presidente Evo Morales, de asumir acciones constitucionales ante las movilizaciones del sector de salud.
“En vez de buscar una solución pacífica, el Gobierno lanza amenazas, por qué no busca una solución salomónica. Nosotros, como dirigentes, nos sentimos perseguidos, pero lo único que hemos hecho es acatar lo que dicen las bases”, dijo en la tarde Cruz.
Con él coincidió el presidente del Colegio Médico de El Alto, Orlando Moreira, quien aseguró que “no puede ser que ahora se persiga a los dirigentes que sólo oyen a sus bases. Pero nos defenderemos”.
Por su parte, otra de las dirigentes del ente colegiado de La Paz, Rosario Ruiz, quien encabezó ayer en la tarde la marcha de mandiles blancos, aseguró que las amenazas y el amedrentamiento de Morales les “da más fuerza para continuar con las movilizaciones”.
Horas antes, el Primer Mandatario afirmó que debido a que son más de 45 días de paro médico donde se privó al pueblo del derecho a la salud, “he decidido, por la salud y la vida de nuestro pueblo, realizar las acciones constitucionales y también legales correspondientes para que retorne la atención médica y los servicios de salud al pueblo boliviano”.
Esa decisión la tomó de acuerdo con el artículo 35 de la CPE que establece que el Estado protegerá el derecho a la salud y al artículo 38 que indica que los servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida. Por ello, al ser un mandato constitucional y una obligación del Gobierno establecido se asumen esas acciones para “que retorne la atención médica y los servicios de salud”.
Ante esas declaraciones, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Israel Centellas, dijo que Morales “no fue claro” en dicha conferencia de prensa: Podría tratarse por un lado de hacer que “los servidores públicos cumplan con la norma a través de una acción de cumplimiento para que los médicos cumplan con su función y no conculque el derecho a la salud”, o también podría aplicar un “estado de sitio, para continuar en un estado constitucional para mantener la paz social y con la finalidad de que no puedan existir marchas o las personas puedan reunirse”.