Balas y votos, el narcotráfico y la violencia en México

La llegada al poder de Enrique Peña Nieto y del PRI en 2012 suponía el aterrizaje de una vigorosa juventud de tecnócratas moviéndose en el cuerpo de un veterano partido con ocho décadas de vida. El único capaz de poner orden en el crimen organizado y con operadores hábiles para pacificar la sangría que precedía la etapa de Felipe Calderón (2006-2012). La realidad es que seis años después la violencia es aún peor. Está más extendida y hay más muertos, más carteles, más armas y más droga en el mercado. Con más de 29.000 muertos, 2017 fue el año más violento de las últimas dos décadas.

Según las encuestas, la inseguridad, corrupción y economía son los tres problemas que más preocupan a los mexicanos. Pero no siempre fue así. Los veteranos recuerdan que antes, las campañas y los debates, giraban en torno a la pobreza.

Las propuestas para acabar con la violencia marcan la actual campaña, en la que uno de los candidatos, el líder en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, ha sugerido una amnistía a los implicados en crímenes relacionados con el narcotráfico y en la que el resto de los candidatos plantea, de una u otra manera, continuar con las políticas actuales que, reconocen, fallidas. Estos son algunos de los factores relacionados con la violencia que influirán en las elecciones del 1 de julio.

La lucha por el territorio. La salvaje irrupción de un nuevo actor

Siete carteles se reparten el territorio mexicano: los de Sinaloa y Jalisco Nuevo Generación (CJNG) son los más fuertes, según el estudio publicado en febrero por el centro de análisis InSight Crime. Sin embargo, en Estados como Guerrero hay has más de 70 filiales de los grandes carteles, algunos casi familiares, peleándose por la plaza.

Territorialmente hay restos del cartel de los Beltrán Leyva en Guerrero, en Sinaloa y Sonora (Norte). Fragmentos de Los Zetas y del Golfo se disputan el negocio en Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí y Los Guerreros Unidos y Los Rojos dominan Guerrero y Morelos. Sin embargo, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es el de más rápido crecimiento ante la debilidad de Sinaloa y Los Zetas. Actualmente tiene presencia en ocho Estados (Colima, Veracruz, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco, Nayarit, Guanajuato y el Estado de México) y es el que controla más territorio, según la Fiscalía General del Estado.

Del ‘Chapo’ Guzmán a El Mencho

Tras la extradición de Joaquín El Chapo, Guzmán, varios nombres se disputan el liderazgo del narcotráfico continental. Recientemente Estados Unidos incluyó a Rafael Caro Quintero como uno de los diez hombres más buscados del FBI, por quien ofrece 20 millones de dólares. Caro Quintero, de 65 años, fue liberado por un juez mexicano en 2013 y desde un lugar oculto ha negado dirigir el cartel de Sinaloa. Pero el hombre emergente que más se equipara a El Chapo, tanto en poder de fuego como en su capacidad para imponer el terror, es Nemesio Oseguera, alias El Mencho, jefe del cartel Jalisco Nueva Generación.

Ejército y policías desplegados

A la violencia reinante hace frente un ejército que opera desde hace 12 años sin formación ni un mandato claro para encarar la guerra irregular que libra. De los 214.000 soldados con los que cuenta el Ejército mexicano hay 52.000 desplegados de Norte a Sur del país en Estados como Michoacán o ciudades como Cancún. Los estudios demuestran que allí donde toma las calles, aumenta la violencia.

Paralelamente, el Estado cuenta con casi medio millón de agentes para hacer frente al crimen organizado. En México hay otros 213.000 policías estatales, 163.00 municipales, ampliamente penetrados por el narco. Solo diez de los 32 Estados pagan más de 550 dólares mensuales a los agentes, según datos de la organización social Causa en Común. Ante la putrefacción, un viejo dicho señala que “el tamaño de la violencia de un lugar es del mismo tamaño que su policía”. La creación de un nuevo cuerpo, la Gendarmería, con 40.000 efectivos mejor preparados y pagados, que se suman a los 37.000 policías federales ya existentes, ha resultado ineficaz.

Los vínculos con las autoridades

La penetración del crimen organizado entre los agentes no es la única. En los últimos años se han podido comprobar los vínculos con las autoridades, que van desde políticos locales a jueces, fiscales o gobernadores. Uno de los casos más significativos de este sexenio ha sido el del exgobernador de Tamaulipas (1999-2004) por el PRI, Tomás Yarrington, acusado de tráfico de drogas, extorsión, lavado de dinero, fraude bancario, posesión de sustancias controladas y colaborar con el cartel del Golfo. Un testigo protegido lo acusó en 2012 de lavar dinero para Los Zetas. Además, el pasado año, fue detenido el fiscal de Nayarit, acusado de traficar drogas hacia Estados Unidos.

El dinero, un flujo que no se detiene

Expertos en seguridad calculan que cada año entran al país desde Estados Unidos entre 30.000 y 40.000 millones de dólares fruto del tráfico ilegal de narcóticos, personas o recursos naturales. El crimen organizado mueve el doble de dinero de lo que ingresa el país, 21.000 millones de dólares, en concepto de remesas, una de las tres fuentes de ingresos del país junto al turismo y el petróleo. En combatirlo, el Estado gasta anualmente 57.000 millones.

Al tráfico de drogas, los carteles añaden otros negocios como la trata de personas, el robo de hidrocarburos o la explotación de minas, madera o animales, que deja tanto dinero como la cocaína. Según Naciones Unidas, la marihuana es la droga que más dinero reparte. Cada vez se cultiva más fácil y hay más consumidores.

Menos encarcelados y condenados

Cada vez llegan menos presos a la cárcel y hay menos gente tras las rejas, unas cifras que contrastan con la realidad violenta que se vive en el país. En 2013 ingresaron en prisión 22.500 personas y en 2015 unas 13.500. Un año después, en 2016, hubo la mitad de encarcelados, unos 7.000, y al año siguiente la mitad, menos de 4.000. La caída de las condenas es de un 65%, según datos oficiales.

Según los gobernadores, es consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Sistema Penal, pero su expresión más evidente es que a más muertos, menos encarcelados. Paralelamente la población carcelaria se ha reducido casi un 30%. En 2013 había 40.00 encarcelados y en 2017 menos de 29.000. En los últimos dos años fueron liberados unos 7.000 presos, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo código penal.

Drogas: más producción, más variedad y más mercados

El año pasado la policía estadounidense se incautó de un 20% más de droga que 2016, lo que podría significar una mayor eficacia policial responde a un incremento en la producción de cocaína, principalmente, y marihuana. A ello se suman el aumento en la demanda de otras drogas como el fentanilo o la heroína, cuyas incautaciones aumentaron un 80%, según la oficina antinarcóticos de EE UU (DEA). Paralelamente aumentan la superficie dedicada en México al cultivo de amapola. El ejército detectó el año pasado 28.000 hectáreas frente a las 22.000 de 2016.

Armas, una cada ocho personas

Cada año más de 253.000 armas de fuego pasan de Estados Unidos a México y el 56% de ellas habrían participado en alguno de los 57.000 homicidios cometidos en México entre 2013 y 2016, según la Oficina estadounidense de Rendición de Cuentas de Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés). La académica Magda Coss, eleva la cifra y considera que diariamente pasan ilegalmente 2.000 armas a México, según la autora del libro Tráfico de armas en México (Grijalbo).

Sin embargo, ambos coinciden en que hay 15 millones de pistolas y rifles circulando por el país ilegalmente, un arma por cada ocho personas, incluyendo niños y ancianos. En el bando de enfrente, el trabajo de las autoridades por desarmar a la población deja un pobre balance. Durante el sexenio de Peña Nieto el Ejército se ha incautado de 32.000 armas -cada vez más potentes- entre las que se incluyen miles de granadas, cohetes RPG o fusiles Barret capaces de atravesar el blindaje o derribar un helicóptero militar como sucedió en 2015 en Jalisco.