Bolivia gastó $us 1,3 millones en su defensa ante el CIADI

Para la defensa de los intereses del Estado frente al proceso iniciado por Quiborax ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), la Procuraduría General del Estado gastó 1.384.801 dólares, monto que sumado a los 406.741 dólares por los honorarios y gastos del centro de arbitraje, y los 42,6 millones que se fijó como compensación a la empresa chilena, dan cuenta de que el proceso le costó al país 44,3 millones de dólares.

“La Demandada (Bolivia) ha cuantificado sus gastos en un total de $us 1.384.801 (incluyendo los anticipos al CIADI), y las Demandantes los han cuantificado en un total de $us 462.000”, se lee en el inciso 194 del documento Decisión sobre la solicitud de anulación del Estado Plurinacional de Bolivia, del 18 de mayo pasado.

En cuanto a las costas del procedimiento de anulación, el pago de los “honorarios y gastos de los miembros del Comité” fueron calculados en 262.380 dólares, en tanto que los “honorarios administrativos del CIADI” llegaron a 106 mil  dólares, y los “gastos directos” a 38.360, que en suma dan los 462 mil dólares que tuvo que cubrir Bolivia.

“La Procuraduría debe hacer pública esa información (honorarios y gastos del Tribunal Arbitral, gastos y cargos del Secretariado en relación con el procedimiento y pago por la utilización del CIADI). Este asunto debería ser de conocimiento del pueblo boliviano, en todas las etapas que ha seguido, tanto en lo administrativo, como en lo procesal  porque  afecta los intereses del Estado”, explicó al respecto Karen Longaric, exdirectora de Asuntos Jurídicos de la Cancillería y profesora de Derecho Internacional de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

La experta apuntó que uno de los gastos más onerosos del proceso de defensa estuvo destinado al pago de honorarios del estudio jurídico contratado por la parte demandada.

“Los honorarios de estudios jurídicos extranjeros expertos en arbitrajes  sobre inversiones son cuantiosos, pero tampoco es un arancel rígido, todo depende de la complejidad del caso, del monto demandado, de los elementos favorables para  la defensa”, sostuvo Longaric.

Por su parte, el experto en arbitrajes Ronald Martin explicó que es importante aclarar que el procedimiento ante el CIADI incluyó dos partes.

“Tenemos que tomar en cuenta que este procedimiento ha tenido dos partes: una primera correspondiente al arbitraje propiamente dicho, y una segunda correspondiente al procedimiento de anulación. Los honorarios a los que se hace referencia son los correspondientes al procedimiento de anulación e incluyen los honorarios de los abogados, los gastos de registro de la solicitud ante el CIADI, los honorarios de los miembros del comité y cualquier otro en los que haya incurrido el Estado”, dijo.

Respecto a los honorarios de las firmas legales extranjeras, Martin hizo notar que su tarifario varía “entre los 750, 1.400 o 1.500 dólares por hora de trabajo”, en tanto que la remuneración a los árbitros “puede llegar a un máximo de 3.000 dólares diarios por sesión de trabajo, lo que implica que cada árbitro estaría cobrando 300 por hora”.

En los documentos publicados por el CIADI se detalla que la defensa de Bolivia estuvo encargada al estudio Gomm & Smith, de Miami, Estados Unidos, y Dechert LLP.

Quiborax ganó arbitraje sólo con 4 abogados

En el capítulo “Representación de las Partes”, del documento Decisión sobre la solicitud de anulación del Estado Plurinacional de Bolivia, del 18 de mayo de 2018, se precisa que el equipo jurídico de Quiborax  y Non Metallic Minerals (NMM) estuvo conformado por sólo cuatro abogados, en tanto que la defensa de Bolivia incluyó a nueve juristas, entre nacionales y extranjeros.

Por Quiborax y NMM figuran Andrés Jana, Johanna Klein Kranenberg, Rodrigo Gil y Constanza Onetto, del estudio jurídico Bofill Mir & Álvarez Jana, con residencia en Santiago de Chile.

En representación de Bolivia participaron Pablo Menacho (procurador general del Estado), Ernesto Rossell Arteaga (subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado), Yovanka Oliden Tapia (directora general de Defensa de la Procuraduría General del Estado); Eduardo Silva Romero, José Manuel García, Audrey Caminades, Luis Miguel Velarde, Álvaro Galindo Cardona y Juan Felipe Merizalde, de la firma legal Dechert LLP, con residencia en París, Francia, y Washington, DC, Estados Unidos.

A lo largo del proceso, la parte demandante no modificó su equipo jurídico, en tanto que la defensa nacional incorporó y dejó ir a varios profesionales, entre ellos funcionarios que ahora trabajan en el Gobierno.

El pago final fue fijado en 42,6 millones de dólares

El viernes 8 de junio, Bolivia suscribió un acuerdo de transacción final con las demandantes Quiborax y Non Metallic Minerals,  de 42,6 millones de dólares. El 18 de mayo, el CIADI dispuso un pago de 57 millones de dólares por la anulación de sus operaciones en el Salar de Uyuni, pero ese monto fue negociado entre las partes.

“Se ha firmado un contrato transaccional para dar cumplimiento pleno, oportuno y definitivo al laudo de 16 de septiembre de 2015, emitido por un Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones”, informó ese día el procurador general del Estado (PGE), Pablo Menacho.

La autoridad precisó que la reducción de los 14,4 millones de dólares se debió a que ambas empresas renunciaron al 20%  del monto neto de la indemnización,  al 50% de los intereses y a la totalidad de las costas determinadas por el laudo.

No obstante, en el inciso 197 del documento Decisión sobre la solicitud de anulación del Estado Plurinacional de Bolivia, “el Comité (del CIADI) determina que Bolivia debe hacerse cargo de los honorarios y gastos de los miembros del Comité y los derechos por la utilización del CIADI. Por otra parte, teniendo en cuenta todas las circunstancias de la diferencia y la conducta de las Partes durante el procedimiento de anulación, cada Parte se hará cargo de los gastos de su defensa”.

En ese sentido, el Gobierno aseguró que con sus gestiones ante el CIADI logró “un ahorro para el país de 108 millones de dólares”, que en principio reclamaban las partes demandantes.