La tragedia que cambió a México para siempre

La desaparición de 43 estudiantes normalistas durante la noche del 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, al sur de México, marcó un punto de inflexión para el presidente Enrique Peña Nieto.

Cuando ganó la presidencia en 2012, a Peña Nieto se le conoció como el reformador moderno que prometía un gobierno más democrático y transparente. Sin embargo, la desaparición de los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa en Iguala dejó perplejos a México y al mundo, y hundió al gobierno de Peña Nieto en una neblina de corrupción y encubrimientos cada vez más turbia.

Desde entonces, el índice de aprobación de Peña Nieto ha rondado el veinte por ciento la mayor parte del tiempo. Los mexicanos votarán para elegir a un nuevo presidente el 1 de julio y el candidato del partido de Peña Nieto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tiene pocas posibilidades de ganar.

La tragedia de Ayotzinapa conmovió a México como ninguna otra, en parte debido a que los jóvenes desaparecidos -muchos de los cuales eran adolescentes- estaban estudiando para convertirse en maestros rurales. Muchos de ellos esperaban regresar a sus comunidades, en lugar de unirse a los cárteles del narcotráfico o emigrar a Estados Unidos, como hacen muchos de sus pares.

Los 43 se convirtieron en un símbolo de las decenas de miles de inocentes que también han desaparecido en la guerra cínica e ineficaz contra los cárteles del narcotráfico que ha diseminado la complicidad penal y la corrupción por todos los niveles del gobierno.

La resolución de un tribunal federal del 4 de junio en contra de la Procuraduría General de la República puede marcar una nueva era de independencia del sistema judicial mexicano. En un dictamen unánime de 712 páginas, los magistrados concluyeron que la investigación gubernamental sobre el ataque a los estudiantes tuvo fallas y fue irregular, y determinó que no había sido “pronta, efectiva, independiente ni imparcial”.

Los tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito resolvieron una serie de amparos interpuestos por la Procuraduría General de la República en relación con la sentencia pronunciada por un tribunal inferior a favor de cuatro hombres que declararon haber sido torturados por las autoridades como parte de la investigación federal sobre la desaparición de los 43 estudiantes. En su dictamen, los magistrados resolvieron que existen indicios suficientes para suponer que las confesiones e imputaciones en contra de los inculpados fueron obtenidas con tortura.

No obstante, el tribunal no se quedó ahí y también condenó al gobierno federal por usar la tortura como uno de los componentes de un caso fabricado y al hacerlo se violó el derecho de las víctimas a una investigación justa e independiente. El gobierno había manifestado con firmeza que en el ataque de 2014 solo habían participado funcionarios locales corruptos, incluyendo a la policía municipal, así como un grupo de narcotraficantes que confundieron a los estudiantes con rivales y los incineraron en un basurero cercano.

Los expertos jurídicos y otros comentaristas describieron esta resolución como inaudita e histórica. Y también como absolutamente inesperada.

“La resolución confirma lo que los supervisores internacionales ya habían demostrado: que la investigación de Ayotzinapa fue una farsa”, dijo Daniel Wilkinson de Human Rights Watch. “El hecho de que un juzgado federal concluya que no se puede confiar en los fiscales del país para que manejen este caso es devastador”.

Los magistrados se basaron en gran medida en las evidencias recabadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un pánel de cinco expertos en asuntos legales y derechos humanos de América Latina que el gobierno de Peña Nieto, bajo presión internacional, invitó para ayudar a investigar lo sucedido con los estudiantes.

En dos informes -de septiembre de 2015 y abril de 2016- los expertos expusieron lo que parecía ser un encubrimiento orquestado por funcionarios federales de lo que realmente sucedió. Los expertos presentaron grabaciones de video del investigador principal del gobierno, quien parecía plantar evidencia para sustentar la teoría del gobierno de que miembros locales de la delincuencia organizada habían incinerado a los estudiantes en el basurero.

En los medios mexicanos afines al gobierno se orquestó una campaña de difamación en contra del grupo de expertos y el gobierno se negó a renovar el mandato del grupo. El GIEI tuvo que salir del país.

El gobierno decía de dientes para afuera que aceptaba las recomendaciones de los expertos y de otras organizaciones internacionales, pero estaba determinado a cerrar el caso en sus propios términos. En el transcurso del año pasado, básicamente abandonó la investigación. Los estudiantes siguen desaparecidos.

El tribunal ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad integrada por representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Ministerio Público de la Federación también formará parte de la comisión, pero su participación será subordinada. Las organizaciones internacionales que han seguido el caso, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, también participarán.

El gobierno no tardó en manifestar su desacuerdo con la resolución. Algunos analistas sugirieron que el tribunal se había extralimitado. Todos parecieron concentrarse en el elemento más controvertido: ¿los magistrados realmente podían ordenar a los investigadores gubernamentales que acataran las instrucciones de una comisión compuesta por los representantes de las víctimas?

El 21 de junio, el gobierno presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia, argumentando que la resolución se extralimitó al darle esas facultades a la comisión para la verdad de las víctimas. Suponiendo que la Suprema Corte acepte considerar el caso, podrían pasar al menos seis meses antes de que emita una resolución. Para entonces, habrá un nuevo gobierno.

El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, del partido populista de centroizquierda Morena, tiene una amplia ventaja en las encuestas. El ex jefe de gobierno de Ciudad de México, Marcelo Ebrard, asesor clave de López Obrador, me dijo que quiere darle cumplimiento a la resolución. “Hay que hacerla; una comisión para la verdad que coincida con el proceso jurídico”. Manifestó que López Obrador declararía su postura sobre la apelación pendiente ante la Suprema Corte después de la elección.

Nunca olvidaré el año de rabia y pena posterior a las desapariciones de los estudiantes, las marchas que llenaban las calles de Ciudad de México con hasta medio millón de manifestantes. El repudio del pueblo mexicano a este gobierno echó raíces entonces y ahora se expresa en el deseo de tener un gobierno que rompa de manera tajante con el statu quo corrupto.

“Estamos ante el fin de un gobierno”, dijo Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, defensor legal de las víctimas de Ayotzinapa. “Los mecanismos de poder están aflojándose. Se están abriendo nuevos horizontes”.

Dadas las presiones internas y externas sobre México para que resuelva el caso de los estudiantes desaparecidos, parece poco probable que la resolución de la Suprema Corte favorezca al gobierno de Peña Nieto, cada vez más aislado, débil y a unos meses de dejar el poder.

México necesita justicia para los 43 estudiantes. Gracias a los tres valientes magistrados, ahora hay una posibilidad genuina de lograrlo. La disposición del próximo mandatario a implementar esta resolución histórica será una primera prueba de la seriedad del nuevo gobierno para promover un sistema judicial que le sirva al pueblo en lugar de a los criminales.