El aumento de asesinatos de ecologistas en América Latina choca con la retórica de los Gobiernos

Aumenta la violencia y aumenta la retórica. Al menos 14 países de Latinoamérica y el Caribe, entre ellos México, Brasil y Guatemala, han ratificado este jueves en la Organización de las Naciones Unidas el Acuerdo de Escazú (Costa Rica), un tratado para la protección de los ecologistas. La firma llega dos meses después de conocerse los datos que registran un nuevo récord de asesinatos de defensores del medio ambiente en el mundo. Alrededor del 60% de estos homicidios registrados por la ONG Global Witness ocurre justamente en la región.

La propuesta llega en un momento crítico para el continente, marcado por la impunidad que se refleja en algunos casos simbólicos, como el asesinato en marzo del 2016 de la activista hondureña Berta Cáceres, conocida por su defensa de la tierra, que tras dos años y medio de espera, continúa impune. La gran mayoría de los homicidios se producen en contextos de disputas por los recursos naturales, particularmente el territorio. Ese el caso también del líder indígena Isidro Baldenegro, defensor de las comunidades y los bosques nativos de México, que fue tiroteado en enero de 2017 y que aún no ha obtenido justicia.

Por lo menos 207 defensores del medio ambiente fueron asesinados en todo el mundo en 2017, según el informe anual de la organización internacional Global Witness. Un número que ha ido en aumento en los últimos años, ya que en 2016 se registraron 200 homicidios y en 2015, 185. El recuento que lleva esta ONG de los asesinatos ejecutados este año sobrepasaba en julio los 60, dentro de los cuales al menos una veintena se había producido en Latinoamérica.

“Este acuerdo es novedosísimo, es el único que incorpora la defensa de los que están luchando por los derechos humanos en asuntos ambientales”, asegura a este diario Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU. La funcionaria asegura que el acuerdo, que retoma el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, resulta “histórico” y que con este proyecto el continente se pone “a la vanguardia”.

Sin embargo, las críticas se centran en la poca especificidad del texto. “El contenido no tiene mucho peso en términos prácticos. Por ahora hay mucha retórica, pero poco sobre qué significa. No tiene mucha información sobre los pasos concretos que tienen que aplicar los gobiernos”, manifiesta Billy Kyte, de Global Witness. El jefe de campañas de defensa de la tierra y el medio ambiente de esta ONG asegura que se trata de “un hito” pero mantiene una postura cauta ante la firma del Tratado porque, según él, la exitosa implementación dependerá de la voluntad de los países para cumplir con lo pactado.

El acuerdo, fruto de unas negociaciones en Costa Rica el pasado marzo, se apoya en cuestiones relativas al área medioambiental que incluyen el compromiso de los Gobiernos de facilitar a sus poblaciones el acceso a la información pública y a garantizar el acceso a la justicia a través de la creación de órganos especializados en la materia. Además, el tratado compromete a las naciones a establecer mecanismos para la participación pública en la toma de decisiones y promover entornos seguros para los defensores del medioambiente. En este último punto se incluye la protección de derechos básicos como el “derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente”.

Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, señala que es importante que la sociedad civil compruebe que la implementación se haga efectiva para que no resulte “puro show o pura cortina de humo”. “Sería importante que los Estados que suscriben tengan claro que hay que tener institucionalidad, presupuestos y voluntad política. Si lo hacen solamente por apariencia, podrían pagar un alto costo porque quedarían mal parados ante la comunidad internacional”, dice.

“Nos parece importante que esta herramienta exista reconocida internacionalmente. Sin embargo, no garantiza que la situación cambie de la noche a la mañana. Si no hay presión a las autoridades, las cosas no cambiarán a pesar de la firma de este acuerdo”, asegura Violeta Valdés, secretaria técnica del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, organización que lleva el nombre del ecologista indígena mexicano asesinado en 2014.

Otro de los cuestionamiento que se le hace al texto de Escazú es el artículo que garantiza el acceso a la justicia. Punto controversial para los países firmantes, donde el nivel de impunidad es altísimo. “Hemos suscrito a muchos tratados y muchos convenios. La mayoría de las herramientas para el acceso a la justicia existen pero están mal aplicadas porque no hay voluntad política por parte de las autoridades”, dice Sandino Rivero, abogado a cargo de la defensa de las causas judiciales de los activistas Antonio Esteban y Manuel Gaspar, también asesinado el pasado mayo en Puebla (México).

Bárcena, de la CEPAL, asegura que esta vez la situación es diferente porque se trata de un acuerdo vinculante, lo que pondrá más presión sobre los gobiernos para que formalicen lo acordado. “Una vez que los países se han sumado a ello y lo ratifiquen, hay previsiones para que haya sanciones y autoridades internacionales que puedan actuar contra los Estados que no cumplan”, manifiesta.