Roboré, en emergencia por el avasallamiento de área forestal

Al menos 50 hectáreas de la reserva ecológica Paquío, del municipio cruceño de Roboré, fueron tomadas por un asentamiento irregular denominado Túpac Amaru. Autoridades ediles denuncian que avasalladores deforestaron y ocuparon el área protegida con aval de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

En un “Cabildo de la Roboreñidad”, la semana pasada, la población del municipio chiquitano se declaró en emergencia ante “avasallamientos políticos”. La asamblea también exigió la presencia del ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Cesar Cocarico para que explique la situación. Como no hubo respuesta los pobladores amenazan con bloqueos.

“Se han otorgado resoluciones de asentamientos a una comunidad llamada Túpac Amaru. Son algo más de 30 personas que ingresaron, desmontaron y están abriendo caminos con maquinaria pesada”, denunció el alcalde de Roboré, Iván Quezada.

El Paquío tiene una extensión de 24.000 hectáreas y fue declarada Área de Reserva Forestal Municipal (AFRM) mediante Resolución Ministerial 299 de 2006. La zona se considera “de aprovechamiento sostenible con vocación maderera”; sin embargo el asentamiento cuestionado tiene autorización para trabajar la tierra en agricultura y ganadería.

El Secretario General de la Alcaldía Robore, Carlos Ragone, explicó a Página Siete que son 33 comunarios procedentes del Chapare y del Norte de Potosí los que ocuparon el área. A cada uno -según el edil- el INRA le otorgó una hectárea de tierra y la ABT autorizó la tala de árboles.

“Ahí son 33 hectáreas. Pero a ellas se suman otras 20 o más que se han deforestado sin permiso ni del INRA ni de la ABT, para abrir un camino que apenas va en la mitad. Hay cantidad de maquinaria pesada en el lugar que está destrozando la Reserva. En la última inspección que hicimos el panorama era muy triste, los árboles habían sido arrancados y botados por todas partes”, dijo.

Ragone señaló que las denuncias datan de 2015, cuando -como autoridades municipales entrantes- evidenciaron que el INRA estaba dando permisos de asentamientos en áreas protegidas. “Desde entonces hemos mandado queja tras queja y no obtenemos respuesta”.

El burgomaestre roboreño Iván Quezada aclaró que el municipio no está en contra de los asentamientos pero que estos no pueden darse dentro de esta área forestal. “Al sur de Roboré (límite con Chaguara) hay tierras fiscales que pueden ser habitadas y que no están dentro de la reserva ecológica”, sostuvo.

Roboreños amenazan con bloqueos

El lunes pasado diferentes instituciones de Roboré sostuvieron una asamblea en la que determinaron exigir la presencia del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Cé.sar Cocarico, y la reversión de todas las resoluciones de asentamientos otorgadas dentro de la reserva forestal Paquío por considerarlas un atentado contra los recursos naturales. Señalaron que estas son ilegales y amenazaron con bloqueos.

El Secretario General de la alcaldía de Roboré, Carlos Ragone señaló que la Alcaldía lleva años pidiendo respuestas del INRA y la ABT a sus denuncias. “Estas instancias saben muy bien que el área es Reserva Municipal y ni siquiera nos han dado aviso alguno de las autorizaciones. Todo lo han hecho por debajo de la mesa”, manifestó.

Página Siete intentó contactarse con los responsables de la ABT en Santa Cruz para hablar sobre las quejas del municipio de Roboré, pero no obtuvo respuesta. Desde la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, el secretario ejecutivo Adolfo León sostuvo que no hay ilegalidad porque -justificó- “el asentamiento cuenta con autorización del INRA”.

Esta no es la primera denuncia de autorizaciones del INRA dentro de un área rica en biodiversidad como es Paquío o el Valle de Tacubaca. Ragone señaló que hay otros casos que causan alerta.

“Ahora nos preocupa que están apareciendo otros asentamientos que aún no están en el lugar físicamente, pero que ya tienen las resoluciones”, sostuvo.

Más avasalladores

Diferentes municipios y pueblos indígenas denunciaron autorizaciones de asentamientos irregulares en áreas protegidas o forestales importantes para el país.