Expresidente Comibol propone control contra el juqueo

El especialista en temas mineros y expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova, advirtió la falta de un control técnico científico contra el robo de estaño, que ocurre sobre todo a la Empresa Minera Huanuni.

Córdova indicó que las normas por sí solas no corregirán el problema del juqueo o robo de mineral que afrontan las empresas del Estado.

COMERCIO

“Es elemental implementar una cuestión tecnológica que permita reconocer inmediatamente de dónde viene el mineral, y si no está vendiendo el representante autorizado ya es juqueo”, dijo Córdova a ANF.

En 2015, el centro minero perdió 24 millones de dólares por la acción de grupos ilegales que se apropian del mineral en interior mina. Huanuni perdió 2 millones de dólares durante los ocho meses del año.

La Policía propuso un plan de control con sistemas virtuales con un costo de 2.3 millones de dólares.

DELITO

El 29 de agosto, el presidente Evo Morales promulgó la ley de modificación al Código Penal contra el robo o sustracción de minerales, que agrava las penas hasta 10 años de cárcel, y considera a quien roba, quien ayuda y a quien comercializa mineral robado.

Las autoridades tienen la esperanza de que la norma persuada a los jucus y estos desistan de seguir robando, sin embargo, hasta el momento no se muestra ningún resultado importante. “Los jucus continúan ingresando al cerro Posokoni”, dijo el gerente de la empresa Huanuni, Mario Felipez.

En el caso del juqueo, indicó Córdova, no se está yendo a un elemento que es clave, ya que “cada mineral tiene como una especie de huella digital, el que sigue las técnicas adecuadas puede decir siempre este mineral viene de acá o de allá”, como una forma de identificar su procedencia.

COOPERATIVAS

Igualmente, Felipez reconoció, que más allá de la norma, se debe crear “otro tipo de mecanismos que nos ayuden a identificar más claramente cómo se puede evitar ese tipo de situación de blanqueamiento de mineral”, mediante las cooperativas u otros actores mineros.

La Ley 1093 contra el robo de mineral solo aplica sanciones a los ladrones de mineral y no establece ningún tipo de procedimiento y control, sobre todo a las empresas comercializadoras que son las que finalmente compran el mineral robado, refirió Córdova.