El colapso de una represa desata la indignación de los brasileños contra las mineras

Tres días después de que el colapso de una represa liberara un torrente de lodo y residuos mineros que ha ocasionado la muerte de al menos 60 personas y ha dejado a 292 desaparecidas en la ciudad brasileña de Brumadinho, los residentes tuvieron que evacuar el 27 de enero conforme una segunda presa amenazaba con colapsar. Esta situación generó pánico e indignación entre los habitantes que han denunciado la poca responsabilidad de la poderosa industria minera de Brasil ante el suceso.

Las sirenas sonaron antes del amanecer, activadas por las fuertes lluvias y los niveles peligrosamente altos del agua en una represa ubicada en un complejo de mineral de hierro de la empresa Vale S. A. Rescatistas en busca de sobrevivientes del desastre decidieron dejar esa tarea para enfocarse en evacuar a los residentes hacia un área de mayor altura.

Para el final del día, a los residentes se les permitió volver a sus hogares. Sin embargo, para muchos brasileños, esta última advertencia fue una evidencia más clara de que el sistema que regula a la industria minera no funciona, lo que pone en riesgo las vidas de las personas y hace peligrar al medioambiente.

Aun así, pocos esperan que las políticas sean más estrictas durante el gobierno del nuevo presidente, Jair Bolsonaro, que durante su campaña prometió restringir las multas y facilitar las regulaciones a la minería y a otras industrias que explotan los recursos naturales.

Hay más de cuatrocientas represas mineras como la que colapsó en Brumadinho en el estado de Minas Gerais, el centro neurálgico de la industria minera brasileña. Hace tres años, otra represa similar explotó en la ciudad de Mariana, a 120 kilómetros, y causó la muerte de diecinueve personas y desencadenó uno de los peores desastres ambientales en la historia brasileña. Esa represa era propiedad de Vale y la companía minera angloaustraliana BHP.

Algunas represas que han sido consideradas “inestables” han continuado operando durante años, dijo Bruno Milanez, un profesor de Ingeniería Industrial en la Universidad Federal de Juiz de Fora. Lo preocupante, dijo, es que las estructuras que colapsaron en Mariana y Brumadinho fueron certificadas como “estables”.

En Brasil, auditores independientes verifican la seguridad de las represas mediante inspecciones regulares y el análisis de registros por escrito. El problema, según expertos como Milanez y Luiz Jardim, un profesor de Geografía en la Universidad Estatal de Río de Janeiro, es que las mineras eligen y contratan a los auditores y proporcionan toda la documentación.

Y eso no ha cambiado en los tres años que han pasado desde el desastre de Mariana, afirma Jardim. El marco regulatorio se ha relajado luego de que la caída en los precios internacionales de las materias primas ha obligado a las compañías mineras a reducir costos lo que, según afirman los expertos, en algunos casos se ha traducido en llenar las represas por encima de su capacidad, reducir los presupuestos de seguridad y el fracaso en establecer sistemas de emergencia.

“Estos no son eventos excepcionales. Las represas se rompen. Más lo harán”, dijo Jardim. “Ya sea que el sistema de monitoreo tiene defectos o las compañías han encontrado la manera de manipularlo”.

Fabio Schvartsman, director ejecutivo de Vale, dijo que todavía investigan la causa de la ruptura del 25 de enero. La represa de Brumadinho ha estado inactiva durante tres años y fue certificada como estable en diciembre pasado.

No obstante, un representante de Ibama, la agencia federal de protección del medioambiente, advirtió en ese entonces que las represas de Brumadinho no estaban libres de riesgo.

“Se romperán ante cualquier negligencia por parte de quienes se encargan del manejo de riesgos”, dijo el representante, de acuerdo con anotaciones de una reunión en diciembre del concejo estatal sobre las regulaciones mineras que fueron enviadas a The New York Times.

En la reunión, los miembros del concejo votaron sobre la solicitud de Vale para conseguir un permiso que expandiera las operaciones en el complejo minero que incluía a la represa Brumadinho. Maria Teresa Corujo, una activista, fue la única integrante en votar en contra.

“Siento una mezcla de dolor, asco, odio e indignación”, dijo sobre la aprobación y agregó que la industria minera en el estado de Minas Gerais “domina todos los niveles de poder, coopta y amenaza”.

Uno de los pocos cambios concretos después de la tragedia de Mariana fue un requerimiento para que las compañías mineras instalen alarmas en las comunidades en riesgo debido a las rupturas de las represas.

Aunque las sirenas sonaron previo a la evacuación del 27 de enero, los residentes de Brumadinho dijeron que no hubo advertencia previa sobre el torrente letal del 25 de enero.

“Nos dijeron que si algo ocurría en algún momento, una alarma se activaría para darnos tiempo de sacar todo”, dijo Dari Pereira, de 39 años, un operador de maquinaria que escapó con su familia segundos antes de que un río de fango arrasara con su casa el viernes.

No hubo tiempo para sacar la ropa, el auto, ni siquiera a las mascotas, dijo Pereira. Escuchó un extraño sonido de crujido; después, el grito de su suegra en la casa de al lado sobre que la represa se había roto. Él corrió y se llevó a los niños. “Segundos después de que corrimos, vi a una ola llevarse todo, la casa, todo”, dijo.

El domingo, refugiado en la casa de su hermana, fue despertado por las sirenas que advertían de una nueva amenaza. “Tuve tanto miedo”, expresó. “Pensé: ‘¡No otra vez, Dios mío!'”.

De nuevo, la familia huyó solo con la ropa que traían puesta, contó mientras estaba sentado en una clínica local con una pequeña mochila de ropa donada y sin una idea clara de su futuro.

Mientras intentaban comprender lo que habían perdido, muchos residentes se preguntaron por qué no fueron advertidos sobre los riesgos.

Ademir Caricato, un líder comunitario en el vecindario de Parque da Cachoeira, donde alrededor de cuarenta casas fueron destruidas y hasta el momento una persona sigue como desaparecida, dijo que los representantes de Vale les dijeron a los residentes el año pasado que la presa representaba poco peligro.

“Nosotros seríamos los primeros en morir”, recuerda que dijo uno de los empleados, al señalar que las oficinas administrativas de la mina están justo debajo de la represa.

Raquel Dodge, procuradora general de Brasil, anunció la creación de un equipo especial para investigar el caso de la tragedia de Brumadinho, y los jueces ordenaron a Vale que destinara 11.000 millones de reales (alrededor de 2900 millones de dólares) para pagar los daños causados por el colapso de la represa.

No obstante, los expertos afirman que están escépticos de que las cosas mejoren bajo el gobierno del nuevo presidente de extrema derecha, Bolsonaro, quien basó su campaña en una plataforma a favor de los negocios y abiertamente hostil a las regulaciones ambientales. Prometió abrir áreas protegidas a la minería y eliminar la “industria” de multas ambientales.

Después de visitar la zona de la tragedia, tanto él como su ministro de Medioambiente, Ricardo Salles, dijeron que las represas mineras necesitan una regulación más estricta. Pero cuando Salles fue el jefe ambiental del estado de São Paulo intentó, sin éxito, facilitar que las mineras obtuvieran certificados de seguridad y de impacto ambiental.

Posterior a la tragedia de Mariana, Vale y BHP destinaron 780 millones de dólares a crear un fondo para reparaciones, y llegaron a un acuerdo que valía mucho más con los procuradores brasileños estatales y federal. Sin embargo, los críticos afirman que la poca responsabilidad personal (lo que incluye a las penas de prisión) de los responsables genera una sensación de impunidad.

“Nadie ha sido condenado personalmente. Todos los gerentes y directores han seguido adelante y tienen vidas normales”, dijo Milanez. “Las posibilidades de que Brumadinho termine de la misma manera son muy altas”.