Unión Europea pide erradicar más coca, el Gobierno apunta a Yungas

Después de repasar los resultados sobre los dos últimos años de erradicación de coca, el embajador de la Unión Europea en Bolivia, León de la Torre Krais, exigió al Gobierno boliviano que cumpla con mantener las 22.000 hectáreas de coca que refiere la Ley de Régimen de Coca. Como señal de compromiso, el Gobierno decidió la edificación de un cuartel en Yungas para las tareas de interdicción y erradicación en el presente año.

“Esa labor especializada tiene todavía un objetivo más ambicioso, llegar a la superficie neta de las 22.000 hectáreas de coca, tal y como está previsto en la ley. Desde que arrancó la cooperación de la UE en este ámbito, hace ya más de una década, hemos tenido unos años muy positivos con un descenso de la zona de cultivo excedentaria, en los dos últimos años hubo un pequeño repunte y confiamos que el próximo monitoreo realizado por la Unodc, con nuestro apoyo, se revierta esta tendencia y se vuelva a la senda anterior”, dijo ayer el embajador europeo, luego de la suscripción de un convenio para la edificación de un cuartel de Umopar en la región de Yungas, con apoyo económico de este ente multilateral.

El ministro Romero dijo que ellos lograron ingresar a zonas donde antes no ingresaba la DEA y que ahora el Estado tiene las posibilidades económicas para realizar tareas en estas zonas.

“Obviamente, expandir nuestra área de acción al norte de La Paz, a Yungas y áreas protegidas es posible porque hay un compromiso de un Estado, hay una participación responsable de nuestra Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), hay una coordinación potable con las organizaciones sociales y si bien hemos enfrentado coyunturas de emboscadas hacia nuestros efectivos, estos son casos aislados, no representan la regla general”, dijo la autoridad en el mismo acto.

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, había adelantado estos operativos hace casi un mes, porque dijo que la mayor parte de la coca excedentaria en Yungas se encuentra en la zona de La Asunta, en la provincia Sud Yungas.

“En Yungas de La Paz nos faltaba otra base policial-militar, para cada operativo tenemos que movilizar desde el trópico de Cochabamba hacia Yungas y, operativamente y logísticamente, es muy dificultoso y es más caro, por eso se vio la necesidad de construir estos campamentos en Santa Ana de Huachi, que está en el municipio de en Palos Blancos”, dijo Cáceres.

El acuerdo

Ayer, los ministerios de Defensa y de Gobierno suscribieron un convenio mediante el cual Defensa cede un espacio para la edificación del cuartel del “Campamento móvil para erradicación de coca excedentaria en el norte de La Paz”.

La construcción tendrá un costo de Bs 8,6 millones y cobijará a 165 efectivos que ocuparán tres bloques. El acuerdo establece que esta es la primera fase del proyecto y que más adelante se tiene previsto construir helipuertos. La edificación estará a un kilómetro de la pista que tienen las FFAA en esa región.

El viceministro Cáceres dijo que este cuartel permitirá el control del tráfico de cocaína entre Perú y Bolivia, que viene por la región norte de La Paz y que por eso se decidió este nuevo edificio de Umopar.

La Asunta, Caranavi, Guanay, Teoponte, Apolo e Ixiamas son las poblaciones donde el Gobierno identificó como zonas en crecimiento y, por lo tanto, necesita de un centro de operaciones que le permita desplazar efectivos en poco tiempo y a bajo costo.

El ministro de Defensa, Javier Zabaleta, dijo que el apoyo de la entidad castrense no solo es en el terreno que cedieron, sino en los efectivos que participan anualmente en las operaciones de erradicación y también en el apoyo aéreo de los aviones Hércules C-130, los helicópteros Súper Puma “y de cualquier otra aeronave que esté disponible para cualquier operación de lucha contra el narcotráfico”.

Los consensos

Pero los dirigentes de Yungas informaron que el Gobierno ya no busca consenso con los cocaleros de la región y que impone todos los operativos y tareas de erradicación. El dirigente José Luis Campos afirmó que este cuartel fue proyectado hace un año y que los dirigentes solamente fueron informados porque el Gobierno no les consultó dónde podría instalar la nueva base.

“Nosotros podemos apoyar que construyan sus bases o cuarteles en las zonas ilegales, pero el Gobierno quiere traer a regiones ancestrales y que están reconocidas en la Ley de la Coca, ellos mismos están faltando a su palabra de erradicar en zonas ilegales”, dijo Campos.

El ministro Romero respondió que esta base fue consensuada con las organizaciones sociales y con las autoridades ediles de cada municipio donde tendrá influencia la nueva base. Los dirigentes afirmaron que llegaron a los alcaldes porque el Gobierno sabe que no puede concertar con la dirigencia de Adepcoca, que es la que aglutina a todos los productores de coca de Yungas.

Ayer debía producirse la reunión de los dirigentes de Adepcoca en La Paz, pero por ausencia de varios de los dirigentes la misma se pospuso para la próxima semana y el primer punto que abordarán en ese evento será la construcción de la nueva base policial que fue proyectada por el Gobierno.

El Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) será responsable de administrar los Bs 8,6 millones que entregará la Unión Europea al Gobierno para esta tarea. La misma, según la nota oficial, no contempla el equipamiento de los edificios.