El presidente peruano presiona al Congreso para que apruebe sus medidas anticorrupción

El presidente peruano, Martín Vizcarra, ha jugado su última carta ante el Congreso de mayoría fujimorista, que dilata las reformas de “fortalecimiento institucional y lucha anticorrupción”, y ha planteado una cuestión de confianza por cinco proyectos de ley. Si el Parlamento se la niega, será disuelto de acuerdo a lo que establece la Constitución de 1993 y el Gabinete tendrá que dimitir. Si la aprueba las propuestas legislativas del Ejecutivo tendrán que ser debatidas en la Cámara.

Vizcarra llegó a la presidencia en marzo de 2018. Reemplazó a Pedro Pablo Kuczynski, quien dimitió para evitar ser destituido por la mayoría fujimorista en el Congreso, debido a sus vínculos y tratos con la constructora brasileña Odebrecht. En septiembre de 2017, el Gobierno de Kuczynski planteó la cuestión de confianza para evitar la destitución de la ministra de Educación, Marilú Martens, y el Legislativo la rechazó. Entonces, únicamente se produjo la renuncia del gabinete de Fernando Zavala. Pero en esta ocasión, el presidente puede disolver el Legislativo, ya que sería la segunda ocasión en la que que el Parlamento niega la confianza al Ejecutivo.

La semana pasada, la Comisión de Constitución -liderada por una parlamentaria fujimorista- enterró uno de los proyectos de ley de reforma política enviados por el Ejecutivo: el que plantea que levantar la inmunidad de los congresistas sea una decisión de la Corte Suprema.

El Congreso, de mayoría fujimorista, ha impedido el cumplimiento de sentencias contra legisladores por delitos cometidos antes de que fueran electos, retrasando, por ejemplo, la votación del levantamiento del fuero y facilitando la fuga. Desde el mes pasado, por ejemplo, está prófugo Edwin Donayre, congresista condenado por robar gasolina mientras era comandante general del Ejército. Otro congresista fujimorista fue condenado la semana pasada por corrupción cuando era alcalde, y su partido lo protege.

Además, el martes por la noche la Comisión Permanente del Parlamento blindó al ex fiscal general Pedro Chávarry, al rechazar dos denuncias constitucionales en su contra: una por el delito de organización criminal y otra por encubrimiento personal.

El fiscal supremo Tomás Gálvez es investigado por uno de sus pares a causa de sus vínculos con la mafia del sistema de justicia llamada Cuellos Blancos del Puerto. La denuncia constitucional que descartaron el martes parlamentarios fujimoristas y uno del Partido Aprista también recomendaba su suspensión, destitución e inhabilitación en la función pública.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, Chávarry criticó la prisión preventiva de 36 meses impuesta contra la líder de la oposición, Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos por la recepción de fondos para la campaña electoral de la caja B de Odebrecht.

El cabecilla de los Cuellos Blancos, el ex juez supremo César Hinostroza, fue destituido poco antes de que revisara un fallo que podía librar a la ex candidata presidencial de esa investigación por lavado. En septiembre del año pasado, IDL-Reporteros difundió un chat de los congresistas más cercanos a la hija mayor de Fujimori, en el cual acordaban proteger a Chávarry de las acusaciones que enfrentaba desde junio, cuando estalló el escándalo de la corrupción en la justicia.

En ese contexto, el presidente anunció la noche del miércoles que hará uso de la cuestión de confianza y criticó frontalmente las decisiones recientes de la mayoría parlamentaria que incluye a políticos del Partido Aprista.

“Ayer en la Comisión Permanente del Congreso, hemos observado un descarado blindaje, pese a todos los indicios que exigían iniciar una investigación en los fueros correspondientes, la mayoría congresal tomó la decisión de archivar las denuncias constitucionales contra el señor Pedro Chávarry. Comparto la indignación en relación a estos hechos”, dijo el mandatario rodeado de más de 40 personas: los miembros de su gabinete y los gobernadores regionales.

Seguidamente, detalló que presenta la cuestión de confianza por cinco proyectos de ley que buscan “que la inmunidad parlamentaria no se convierta en impunidad, que las personas condenadas no puedan ser candidatos”, que los candidatos sean elegidos en elecciones primarias abiertas, y eliminar el voto preferencial. Los otros proyectos apuntan a “garantizar la participación política de la mujer con paridad y alternancia, y a prohibir el uso del dinero sucio en las campañas electorales”.

Vizcarra también exhortó a los congresistas a “reconsiderar el archivo de las denuncias constitucionales del ex fiscal de la Nación [Pedro Chávarry]”, y recordó que desde julio pasado ha liderado esfuerzos para luchar contra la corrupción.

El discurso anticorrupción del jefe de Estado, sin embargo, ya ha sufrido un agotamiento. En la encuesta más reciente del Instituto de Estudios Peruanos, difundida el pasado domingo, un 39%  de los encuestados aprobaban su gestión, y un 50% lo suspendía. Pero el Congreso luce peor en un sondeo realizado a finales de abril de la misma encuestadora: un 84% lo desaprobaba y un 70% apoyaba su cierre.

“Sabemos que el Congreso nos tiene acostumbrados a maniobras inaceptables para blindar a quienes podían haber cometido actos de corrupción, librándolos de ser juzgados y detenidos, evidenciando un pacto con la impunidad”, añadió en un mensaje frente a la prensa en el Palacio de Gobierno, aunque sin opción a preguntas.

“Esta firme decisión de corregir y cambiar el sistema político y judicial afecta intereses de grandes grupos económicos, que son protegidos por políticos inescrupulosos”, afirmó. Minutos después, una de las antiguas líderes de Fuerza Popular, la congresista Luz Salgado, respondió al presidente y lamentó “los adjetivos calificativos que ha utilizado contra el Congreso”.

Vizcarra ya usó el recurso de la cuestión de confianza en septiembre pasado, cuando el Congreso demoraba la aprobación de reformas constitucionales que planteó frente a la crisis del sistema de justicia y del sistema político. Aquella vez, el fujimorismo acabó aprobando las medidas del mandatario.