Alcaldías agotan sus recursos y escasean el agua y los alimentos

A más de dos meses de estar batallando contra focos de fuego que brotan como hongos en distintos frentes, los gobiernos municipales más afectados empiezan a agotar sus recursos, por lo que piden mayor ayuda para atender las necesidades de los brigadistas y de miles de pobladores. La situación es de mucha preocupación porque escasea el agua, los alimentos y el combustible para movilizar a los brigadistas y llegar con asistencia a las comunidades afectadas.

La ayuda que llega del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) y los donativos no abastecen, por lo que insisten en el pedido de declaratoria de desastre nacional para habilitar más mecanismos de ayuda y recursos.

El alcalde del municipio de Concepción, David Mollinedo, calificó de desesperante la situación que se vive en su municipio porque el fuego se extiende a más comunidades y ya se están acabando los víveres. Dicho municipio batallaba ayer con once incendios, algunos están activos desde hace tres semanas.

“Indudablemente que los víveres se nos acaban, los municipios no tienen recursos. Concepción ya no tiene recursos, estamos a punto de utilizar partidas que corresponden a otro tipo de actividades que son muy importantes”, expresó Mollinedo.

Explicó que la comuna brinda alimentación a casi 150 personas y las provisiones ya están por terminarse. En el caso de las comunidades que solo trabajan para su subsistencia, señaló que ya han sufrido sequía, helada y ahora el fuego, por lo cual han perdido sus pocos cultivos, mientras que el ganado no tiene forraje.

Por su parte, el alcalde de Roboré, Iván Quezada, indicó que ese municipio ya ha erogado Bs 300.000 para atender la contingencia y se necesita más recursos, ya que llevan un mes crítico de incendios, con resultados devastadores. Dichos recursos estaban presupuestados para proyectos y obras de inversión, pero dada la emergencia se tuvo que recurrir a estas partidas.

Según Quezada, ayer el COED hizo llegar un lote de alimentos para los brigadistas y para personas que fueron evacuadas, que alcanzarán para una semana.

Allí las necesidades más apremiantes son agua para el consumo humano y combustible para llegar hasta las comunidades afectadas. Quezada indicó que la sequía, sumado al fuego que dañó las cañerías, han dejado sin agua o con problemas de abastecimiento a unas seis comunidades, como Gavetitas, San Rafael, Aguas Calientes, San Lorenzo Viejo, San Lorenzo Nuevo, Quitunuquiña y a propiedades ganaderas. Incluso, el barrio Altamira, en la localidad de Roboré, tiene problemas de baja presión en el sistema de agua desde hace dos días.

“Cada vez el hueco (económico) es más grande. Se está afectando todas las partidas”, dijo Quezada, indicando que se precisan de depósitos de agua y combustible para los camiones cisternas que llevan agua a las comunidades.

Similar es la situación en San Ignacio de Velasco, donde ya hay 4.500 familias afectadas por sequía e incendios. El alcalde Moisés Salces aseguró que debe atender a 178 comunidades y que varias están siendo golpeadas por la escasez de agua porque los atajados se están secando.

Según Salces, además los comunarios de algunas zonas están abocados a sofocar las llamas que ayer avanzaban en diez frentes y no están pudiendo sostener a sus familias por lo que demandan víveres para la subsistencia. “La situación es grave. La gente nos pide víveres y agua, pero no tenemos cisternas para distribuirles. Lo que tenemos es insuficiente”, indicó el burgomaestre.

Dicho municipio ya ha destinado Bs 400.000 para atender la emergencia, ha brindado asistencia con alimentos a unas 500 familias, además de encargarse de aprovisionar a los bomberos municipales y a voluntarios.

Los pobladores también expresaron su preocupación porque el helicóptero Chinook se abastece de agua de la represa Guapomó, que está con poca agua y es el que abastece a los habitantes.

Por su parte, el alcalde de San Matías, Fabio López, dijo que también se han agotado los recursos municipales y el fuego sigue causando daños, pues el lunes consumió ocho viviendas en Minador.

Los alcaldes coinciden en que urge una declaratoria de desastre nacional para que el país se abra a más ayuda internacional que permita atender con mayor efectividad el fuego y sus efectos.

Los alcaldes de los municipios afectados esperan reunirse hoy con el gobernador Rubén Costas y en los próximos días con el presidente Evo Morales, donde harán conocer sus necesidades.

La Gobernación

La preocupación de las autoridades municipales es compartida por la Gobernación. Así lo hizo saber el director del COED, Enrique Bruno, al indicar que por ello se declaró desastre departamental, pues atender este tipo de incendios se requiere de una gran logística que no se puede sostener con recursos locales.

“Los alcaldes están desesperados. La Gobernación viene cubriendo con sus recursos, pero estamos hablando de un desastre departamental y hemos emitido una declaratoria (de desastre departamental) para que el Gobierno nos ayude, pero ni siquiera la instancia nacional está dando abasto, por eso la exigencia de declaratoria nacional para captar la ayuda externa”, dijo.

A decir de Bruno, los Bs 11 millones que destinó el gobierno departamental para atender el desastre están llegando a su límite y, aunque la Asamblea Departamental está dispuesta a aprobar una nueva partida, se necesita más apoyo.

En varias oportunidades, autoridades del Gobierno nacional han manifestado que existe una declaratoria de emergencia nacional con la que se está atendiendo la contingencia.

De hecho el martes, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, manifestó que una palabra no nos va a salvar, sino un trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobiernos e instituciones. Esto en respuesta al pedido de declaratoria de desastre nacional. El Gobierno ya ha destinado $us 11 millones para atender los incendios.

Familias lo perdieron todo

El lunes pasado fue un día negro para los pobladores de la comunidad Minador, distante a 35 km de San Matías, porque el fuego arrasó en cuestión de minutos con ocho viviendas. Durante toda la tarde y parte de la noche, los comunarios lucharon con todo lo que tenían a su alcance contra las llamas, avivadas por el viento.

César Silvestre contó que luchó contra el fuego hasta la madrugada del martes para poder salvar sus animales. Él y su familia vivieron momentos de angustia intentando sofocar las llamas. Similar situación la vivieron las otras siete familias que claman apoyo de las autoridades nacionales.

COSTAS Y GOBIERNO COORDINAN ACCIONES CONTRA EL FUEGO; LA IGLESIA PIDE FRENAR LOS DESMONTES
El gobernador cruceño, Rubén Costas se reunió ayer con el ministro de Defensa, Javier Zavaleta para evaluar la situación de los municipios afectados por los incendios.

Al salir del encuentro que duró cerca de tres horas, Costas señaló que de forma conjunta se identificaron los aspectos que se deben mejorar en la respuesta a la emergencia, aunque no precisó cuáles.

Sin embargo, adelantó que aceptó volver a reunirse hoy con Zabaleta, quién está con todo su comando, las fuerzas armadas y equipos técnicos de Francia, Unión Europea y gente de Estados Unidos.

Este primer encuentro fue solicitado por Costas, a inicios de semana, después de recibir un informe de expertos, quienes indicaban que el incendio que afecta a la Chiquitania es de “sexta generación”, pues en el sobrevuelo que hizo el equipo fotografió columnas de vapor de hasta 4.000 metros en la zona de Roboré.

Por otra parte, en la jornada igual la Secretaría General de la Confederación Episcopal Boliviana, en nombre de los Obispos de Bolivia, realizó un pronunciamiento oficial sobre los incendios. “… Nos unimos al clamor popular y a las múltiples voces que piden poner solución a los incendios que están destruyendo una riqueza natural incalculable en el oriente de nuestro país…”, se menciona en el inicio del comunicado.

Igual se agrega que es urgente un debate sobre la ampliación de la superficie agrícola, teniendo en cuenta el interés común y el de los pueblos indígenas. “Como medidas es necesario que el Gobierno nacional revoque de inmediato las autorizaciones de desmontes y chaqueos”, se plantea.

La Conferencia Episcopal enfatiza que son necesarias sanciones ejemplares para los que causan estos incendios, por la gravedad del delito en contra del ecosistema y la biodiversidad.