El Gobierno de Ecuador se traslada a Guayaquil ante la escalada de la crisis

Una gran movilización indígena en Ecuador ha sumido el país en un clima de tensión que ha puesto a las autoridades en alerta. Ante la escalada de las protestas, el presidente, Lenín Moreno, decidió el lunes trasladar la sede del Gobierno desde Quito a Guayaquil, la principal ciudad de la zona costera, mientras miles de indígenas marchan a la capital para protestar por la retirada del subsidio estatal a los combustibles. El Ejecutivo acusa al exmandatario Rafael Correa y sus partidarios de intentar desestabilizar el país. Este lo niega y pide elecciones.

La espiral de protesta contra la reforma del Gobierno se agudiza. Los líderes indígenas anunciaron el lunes por la mañana que más de 20.000 manifestantes llegarían a Quito para presionar y forzar a Moreno a que retire las medidas económicas porque afectan al bolsillo de las clases populares. Para este miércoles hay convocado un paro nacional.

Los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes, con piedras, palos y bombas lacrimógenas, se han agravado con ataques a empresas e instituciones públicas. El palacio de Carondelet, sede presidencial en la capital, reforzó su seguridad con un cerco de policías y militares y Guayaquil, desde donde Moreno dirige ahora el país, mantiene un fuerte dispositivo en puentes y puntos de acceso ante la llegada del reguero de manifestantes.

El Gobierno ve agresiva la protesta del movimiento indígena, apunta que no es habitual, y achaca el clima de tensión a un plan de desestabilización fraguado supuestamente por partidarios del expresidente Rafael Correa. Lo dijo el lunes por la noche Moreno con menciones explícitas al exmandatario y varios políticos que habrían viajado a Venezuela. “¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño o Pabón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? ¿El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización?”, denunció Moreno, aludiendo a la recién elegida prefecta de Pichincha, Paola Pabón, al excanciller Ricardo Patiño y al exasambleísta de Alianza PAIS, Virgilio Hernández.

El presidente fue más lejos y aseguró que están financiando a los manifestantes con “el dinero que robaron”. Correa tiene abiertos en el país más de una decena de investigaciones judiciales relacionadas con su gestión económica, por irregularidades en la contratación pública y por presunta financiación ilegal de campaña.

“Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando a algunos sectores indígenas; aprovechando su movilización para saquear y destruir a su paso”, reprochó el mandatario ecuatoriano en una intervención en televisión, escoltado por toda la cúpula militar, por su vicepresidente, Otto Sonnenholzner, y por su ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

Apoyo del Ejército

El expresidente Correa rechazó las acusaciones de desestabilización y exigió a Moreno que convoque elecciones anticipadas. “Nos llaman golpistas cuando llevamos dos años de la peor persecución política. Aquí no hay golpistas, los conflictos en democracia se resuelven en las urnas”, reclamó en un vídeo difundido a través de las redes sociales.

El canciller de Ecuador, José Valencia, afirmó este martes que la presencia de los militares durante la comparecencia del presidente es una forma de ratificar visualmente el respaldo de las Fuerzas Armadas al Gobierno. También aclaró que el traslado del Gobierno a Guayaquil no implica que las demás instituciones del Estado dejen de trabajar o funcionar en sus sedes habituales. Sin embargo, sí se han producido desde el inicio de semana paralizaciones en organismos públicos como la Fiscalía, sedes de gobierno provinciales o en tres campos petroleros, por la llegada de manifestantes indígenas. Además, se han suspendido las clases en todo el país hasta la semana próxima.

Las protestas por el alza de la gasolina por la retirada de los subsidios duran ya seis días. El pasado jueves, ante la agitación en las calles y un paro nacional del transporte, Moreno decretó el estado de excepción para restringir el derecho de reunión y desplegar a los militares en las ciudades y principales carreteras. Los seis días de conflicto social han estado acompañados por una fuerte campaña de desinformación con falsos comunicados oficiales que el Gobierno ha tenido que desmentir en el intento de evitar alimentar más el estado de alarma nacional.