En medio de la polémica, se inicia la auditoría de la OEA
Bajo el liderazgo del mexicano Arturo Espinosa Silis, la Organización de Estados Americanos (OEA) inició ayer la auditoría electoral a los comicios del 20 de octubre, en medio del rechazo y desconfianza de la oposición y de sectores cívicos.
“Estaremos haciendo, sin duda, un trabajo eminentemente técnico y profesional de integridad electoral… Estaremos informando, de manera oportuna, acerca de los avances de nuestro trabajo”, aseguró Espinosa Silis, jefe de la misión que realiza la auditoría, en una conferencia de prensa que brindó junto al canciller Diego Pary.
El equipo lo integran alrededor de 30 especialistas y auditores internacionales, entre ellos están abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos, especialistas en documentos, en caligrafía, en cadena de custodia y en organización electoral.
La primera actividad que cumplió el equipo fue reunirse con los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para solicitar toda la documentación y accesos para realizar la auditoría electoral, según un comunicado de la OEA.
La delegación de profesionales inició ese trabajo en medio del rechazo de líderes de oposición y de organizaciones cívicas, que consideran que “es unilateral”, debido a que el acuerdo con la OEA -subrayaron- no toma en cuenta a las partes en conflicto, como la sociedad civil movilizada. Entre las observaciones que se hacen está que el estudio se concentrará en la jornada electoral y fases posteriores.
El excandidato a la vicepresidencia de UCS, Humberto Peinado, sostuvo que la auditoría “no fue consensuada con los actores que participaron del proceso electoral, que sufrieron el robo de votos”.
Según la OEA, cuando todos los especialistas estén desplegados, “se hará un llamado a partidos políticos, academia y sociedad civil para que entreguen la información y denuncias que consideren deben ser analizadas por los auditores”.
Los resultados de la auditoría están previstos para dentro de 10 o 12 días. Fuentes cercanas al proceso comentaron que costará 250 mil euros y que para esa labor se está eligiendo a los mejores técnicos. La Unión Europea -comentaron- está “muy pendiente” del trabajo, y que su misión de veedores acompañará el estudio.
Pary explicó que los expertos trabajarán con el TSE y los tribunales electorales departamentales. “A partir de este momento, el equipo de profesionales de la OEA trabajará directamente con el TSE, ya que es la instancia constitucional encargada de los procesos electorales en el país”, manifestó.
España, según un comunicado de su Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó que “considera fundamental restaurar la credibilidad del proceso electoral, y preservar el orden público y la convivencia ciudadana en Bolivia, todo ello en el marco del pleno respeto al Estado de Derecho”. Ese país también lamentó la muerte de dos personas en Montero.
El presidente Evo Morales insistió en que la oposición y los cívicos posicionaron la idea de “fraude”, y por ello les pidió aceptar el trabajo de la OEA. “Para saber si hubo fraude o no, tiene que haber alguien que lo diga”, manifestó.
Vice: La auditoría es confiable porque representa a los Estados latinoamericanos
El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que la comisión de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que realiza la auditoría a los comicios del 20 de octubre “es confiable”, porque representa a los Estados latinoamericanos.
“Tenemos que confiar en su transparencia y en su representación”, dijo García Linera en la entrevista que brindó al programa Perspectivas desde Buenos Aires, que se difunde por CNN en español.
Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, rechazó la auditoría, porque “no se consultó al país”. “La auditoría acordada entre la OEA y el candidato del MAS no ha consultado ni al país, ni nuestras condiciones, principalmente las de desconocer los resultados del cómputo realizado por el TSE y la necesaria participación de representantes de la sociedad civil en el proceso”, dijo Mesa.
La Secretaría General de la OEA aseguró que Mesa expresó su acuerdo con la auditoría integral. “Estos puntos fueron expresados en conversación telefónica con el expresidente Carlos Mesa, quien había expresado su acuerdo respecto a los mismos”, se lee en un comunicado de la OEA.
CC respondió “que la posición invariable de Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana es la de no aceptar la auditoría mencionada, debido a que el gobierno del MAS se empeña en dar por válidos los resultados del cómputo realizado por el Tribunal Supremo Electoral y no ha permitido la necesaria participación de representantes de la sociedad civil en el proceso”.
Las observaciones previas al 20-O
1. Habilitación: El 4 de diciembre de 2018, el Órgano Electoral habilitó al binomio Evo-Álvaro, pese al resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría dijo “No” a la reelección.
2. “Militancias truchas”: En noviembre de 2018, cientos de ciudadanos de todas partes del país denunciaron irregularidades en el padrón de militantes, pues figuraban inscritos en partidos políticos sin su consentimiento; en otros casos, militantes de un partido aparecían en los registros de otro frente político.
3. Impugnación: En septiembre de 2018, los entonces vocales Katia Uriona, Dunia Sandoval y Antonio Costas, del bloque “institucionalista”, expresaron su disidencia al reglamento de las primarias, porque sólo militantes podían impugnar a los candidatos y no cualquier elector, como establece la Ley de Régimen Electoral.
4. Vacíos jurídicos: En junio de 2019, expertos en materia electoral identificaron al menos cinco “vacíos jurídicos”, como la carencia de una disposición que especifique quién tiene tuición para dictar sanciones (juez o TSE), la falta de un reglamento que distinga entre campaña y entrega de obras, y la carencia de una disposición que establezca el tipo de sanciones para el ofrecimiento de dinero o prebenda.
5. Acarreo de votos: El 15 de junio, Gleizi Nakashima, notaria de Pando -asignada a registrar votantes en la localidad de Gonzalo Moreno (Pando)- fue sorprendida inscribiendo en Riberalta (Beni). El segundo caso data del 14 de julio, cuando se descubrió que Wálter Cortez Ayala, notario asignado a trabajar en Loma Velarde (Pando), estaba empadronando en un domicilio particular en Riberalta.