Reparación de gasoducto demanda $us 500 mil y efectos son millonarios

La reparación del Gasoducto Carrasco Cochabamba (GCC), que el pasado martes sufrió daños a lo largo de 200 metros a raíz de un supuesto atentado provocado por grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), demandará al menos 500 mil dólares, aunque el perjuicio económico más importante, y difícil de estimar, es la interrupción en la distribución de gas a los departamentos de Cochabamba, La Paz y Oruro, donde algunas industrias tuvieron que detener sus operaciones.

La ruptura del ducto, provocada aparentemente por una explosión premeditada, restó la capacidad de transporte de gas natural en cerca de 57 por ciento, de 175 millones de pies cúbicos día (MMpcd) a 75 MMpcd a las mencionadas regiones, según el gerente de YPFB Transporte SA, Wilson Zelaya.

El especialista en hidrocarburos Álvaro Ríos considera que la restauración del ducto se puede completar en un plazo de cuatro a cinco días a un costo aproximado de medio millón de dólares. Sin embargo, advirtió que el mayor perjuicio económico para el país es por las restricciones en la provisión de gas al mercado interno.

Señaló que urge iniciar la reparación del ducto para evitar mayores perjuicios en las industrias del occidente del país, las cuales, ante la falta de gas, están obligadas a detener sus actividades.

A decir de Ríos, esto genera falta de productividad en industrias como las que producen cemento, cal, yeso, entre otras, lo cual abre la posibilidad de un despido masivo de personal.

“También YPFB deja de vender gas. Entonces, hay menos regalías para la población. Es toda una cadena de perjuicios muy fuerte para todo el país”, dijo. “No podemos estimar cuánto es eso, creo que es una irresponsabilidad dar un número”, agregó.

Por su parte, el analista en hidrocarburos José Padilla coincidió en que el costo de reparación del gasoducto bordea los 500 mil dólares, pero añadió que el perjuicio mayor es el daño económico a las industrias que ahora están paralizadas al igual que la provisión de gas y combustibles líquidos a mencionadas poblaciones.

El especialista aseguró que el daño al ducto fue provocado, puesto que se bajó la presión antes de provocar la explosión. Explicó que, si no hubiera sido un hecho premeditado y no se hubiera baja la presión del ducto, el daño hubiera sido mayor.

El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, afirmó que la ruptura del gasoducto, ubicado en la zona de Villa Tunari y Cristal Mayu, obedece a un atentado terrorista impulsado por grupos armados.

“Ha sido un boicot a la gestión, además de terrorismo de grupos armados que se ha identificado en la zona, que han hecho volar 200 metros con súbditos extranjeros”, dijo.

El pasado miércoles, Zelaya informó que existían dificultades para el traslado del personal técnico de YPFB Transporte S.A. hacia la zona afectada, debido al bloqueo de la carretera y caminos aledaños.

Los bloqueos en el trópico cochabambino también afectan la normal operación de la planta de urea, ubicada en la localidad de Bulo Bulo, según el vicepresidente de operaciones de YPFB, Gonzalo Saavedra.

GOBIERNO DESCARTA INTERVENCIÓN

El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, informó ayer que se agotará los mecanismos de diálogo para despejar el bloqueo a la planta de Senkata, cuyo cerco imposibilita el normal suministro de combustibles a las ciudades de La Paz y El Alto.

Según la autoridad, no se autorizará una intervención agresiva porque cualquier tipo de confrontación cerca de la planta es demasiado peligroso, tomando en cuenta lo inflamable que es la factoría.

“No queremos nosotros intervenir a la fuerza porque no vamos autorizar una intervención agresiva, vamos a esperar que se agoten los mecanismos de diálogo”, agregó el Ministro de Hidrocarburos.