Violentas protestas dejan 6 muertos y críticas a la represión del gobierno interino

La violencia y la muerte llegaron a El Alto, la ciudad aymara considerada un bastión de Evo Morales y donde se realizan movilizaciones contra el gobierno interino de Jeanine Áñez.

En la tarde de este martes, una operación militar policial acompañó la salida de un convoy de cisternas para dotar de gasolina a esta urbe y a la vecina ciudad de La Paz, donde el desabastecimiento del combustible llegó a niveles nunca vistos en los últimos años.

La respuesta de los sectores movilizados afines al expresidente fue un intento de bloqueo a la planta de hidrocarburos de donde partió el convoy y derivó en un enfrentamiento que terminó con el fallecimiento de seis personas. (RTP y La Razón ratifican el dato)

“De acuerdo a información preliminar, (al menos) tres personas habrían fallecido producto de impacto de arma de fuego, se desconoce las circunstancias en que ocurrió el hecho”, informó la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado.

La institución, que agregó que hubo además 30 heridos, pide “la desmovilización de las Fuerzas Armadas a fin de evitar que se produzcan más muertes”.

Desde el inicio de la crisis política que atraviesa Bolivia, al menos 30 personas han fallecido, 26 de ellas después de que Jeanine Áñez asumiera la presidencia interina del país, tras la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre.

Las protestas y enfrentamientos comenzaron un día después de las elecciones presidenciales del 20 de octubre en las que el exmandatario se proclamó ganador pero que fueron acusadas de fraudulentas por sus adversarios y que luego la OEA señaló que tuvieron “irregularidades”.

El enfrentamiento

De acuerdo a reportes del gobierno de Áñez,ciudadanos alteños acudieron a la planta de hidrocarburos para evitar el paso de más cisternas con combustible y camiones con tanques (garrafas) de gas licuado.

El Ejecutivo añadió que en la protesta se detectó el uso de dinamita, una práctica extendida durante las protestas, particularmente de los mineros.

Y la respuesta de las fuerzas de seguridad derivó en un enfrentamiento por el que algunas de las instalaciones de la planta se incendiaron.

“Son grupos que están recibiendo órdenes, dinero, alcohol y coca para crear vandalismo, para causar terror y pánico”, indicó el ministro de Defensa, Fernando López.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, afirmó que se trata de un “grupo pequeño instigador” el que generó la violencia en El Alto.

Imágenes divulgadas por medios de comunicación bolivianos mostraron cómo los vecinos alteños se encontraban atrincherados en una avenida frente al inmueble y la fuerte presencia de policías y militares en los alrededores.

Los grupos movilizados denunciaron ante los medios de comunicación que los militares utilizaron armas de fuego y aseguraron que las tres personas que fallecieron y muchos de los heridos recibieron disparos de parte de los uniformados.

También se captó cómo un médico alteño denunciaba que casi fue alcanzado por las balas en su intento de salvar a uno de los heridos.

“Se murió en mis manos”, indicó el doctor visiblemente afectado por lo sucedido.

Por su parte, el ministro López insistió que “de las Fuerzas Armadas no salió ni un solo proyectil”.

Las críticas

Además de la Defensoría del Pueblo, que “exhorta a las autoridades del Órgano Ejecutivo a evitar realizar discursos y acciones tendientes a la persecución de dirigentes y a la criminalización de la protesta social”, otras organizaciones bolivianas critican las acciones represivas desplegadas por el gobierno.

Una de ellas es la Central Obrera Boliviana, que pide el repliegue de las Fuerzas Armadas y la anulación del decreto supremo firmado por Jeanine Áñez por considerar que exime de responsabilidades penales a los militares durante las protestas que se realizan a diario en el país.

El decreto en cuestión establece que el personal militar “estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.

El gobierno señaló que se trata de una medida disuasiva, mientras diferentes organizaciones en Bolivia llegaron a calificarlo como una “licencia para matar”.

Humans Right Watch, entidad en defensa de los derechos humanos con sede en Washington, emitió un nuevo comunicado sobre Bolivia este martes indicando que “el gobierno ha adoptado y anunciado medidas alarmantes que violan los estándares de derechos humanos fundamentales”.

“Estamos profundamente preocupados por las medidas adoptadas por las autoridades bolivianas, que parecen priorizar la represión brutal de opositores y críticos y otorgan a las fuerzas armadas un cheque en blanco para cometer abusos, en vez de concentrarse en reestablecer el estado de derecho en el país”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Para la entidad, el controversial decreto rubricado por Áñez la anterior semana debería derogarse inmediatamente.

Días previos, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, también expresó su preocupación por el incremento veloz de las muertes en Bolivia.

La entidad dirigida por la expresidenta chilena enviará una misión técnica a Bolivia para evaluar la situación de los DD.HH. en Bolivia, al igual que lo hará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).