Uruguay: el Frente Amplio perdió la batalla por el sentido común (y las elecciones)

El dato se oficializó el jueves, cuatro días después de la segunda vuelta del domingo 24 de noviembre: Luis Lacalle Pou, del centroderechista Partido Nacional, será el próximo presidente del Uruguay, tras 15 años de gobierno del izquierdista Frente Amplio (FA). Aunque todas las encuestadoras vaticinaban una distancia mayor, Lacalle Pou le ganó al candidato oficialista Daniel Martínez por apenas 30 mil votos y fue necesario esperar al conteo de los votos observados para que la Corte Electoral se pronunciara de manera oficial.

La noche del domingo, Martínez festejó la “dulce derrota” como un triunfo y Lacalle Pou recién podrá celebrar este viernes, con un acto en la rambla de Montevideo.

La imprevista paridad también alteró el tablero político. El presidente electo, tercer integrante de su familia que se convierte en jefe de Estado (ya lo fueron el bisabuelo y el padre), asumirá el 1 de marzo de 2020 y gobernará apoyado por una coalición “multicolor” de cinco partidos, desde el centro hasta la extrema derecha. Llegará al poder en su segundo intento y después de una campaña impecable, en la que no cometió errores.

Uno de los protagonistas de este proceso electoral tiene nombre, apellido e insignia: el ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, líder del partido conservador Cabildo Abierto, grabó un video al borde de la veda electoral en el que cuestionaba al ex presidente José Mujica y alentaba al personal militar a no votar por el candidato del FA.

No hay formas de saber cuánto incidió esta comunicación corporativa -inédita en la historia uruguaya- en el resultado final, pero sí está claro que Manini Ríos, que en la primera vuelta en octubre obtuvo 10% de los votos, le midió el aceite a todo el sistema político con su mensaje. En particular, a la coalición de gobierno que encabezará Lacalle Pou. La señal fue tan contundente como peligrosa: dejó claro que tiene tres senadores, 11 diputados y, por si acaso, 20 000 militares que acatan sus órdenes.

La famosa frase del escritor argentino Jorge Luis Borges, “no nos une el amor sino el espanto”, podría tener una doble aplicación en esta coyuntura política. Por un lado, la irrupción de Manini Ríos y otros episodios que involucran a militares de su entorno se han convertido en un inesperado factor de aglutinamiento para el bloque social y político de izquierda, sensible por lo que sufrió en carne propia a cualquier tema vinculado a las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura militar (1973-1985).

En segundo lugar, está claro que el principal punto de coincidencia de la “coalición multicolor” ha sido, por el momento, la urgencia por reemplazar al FA del gobierno. Lacalle Pou asumirá con el menor porcentaje de respaldo popular en un balotaje, desde que se instauró el sistema en 1996. Por ello, los términos en los que se desarrollará la negociación con Cabildo Abierto (con la posibilidad intacta de establecer un veto o “cordón sanitario” similar al que impulsaron partidos europeos) son aspectos que generan más incertidumbres que certezas respecto al futuro de la coalición.

La fragilidad de la alianza parecería ser mayor que la esperada. Al punto que, a pesar de la derrota, la discusión que se instaló rápidamente es qué papel jugará el FA para blindar la gobernabilidad de la futura administración. Por ahora, en todo caso, hay muchas preguntas y cinco años por delante para responderlas.

De todas maneras, ni el factor Manini Ríos ni la sensación de “empate técnico” en el balotaje deberían ser excusas para que la izquierda no inicie un rápido proceso de autocrítica. ¿Cómo pierde el FA una elección después de 15 años en el gobierno? Hay varias razones que pueden ayudar a entender la derrota.

La primera es la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic en septiembre de 2017 por un caso de corrupción durante su gestión en ANCAP, el principal ente petrolero del país. No importa la dimensión del caso ni la comparación con corruptelas mayores en países vecinos: los desvíos éticos siempre son demoledores para la izquierda. Y está bien que así sea.

En materia de seguridad pública, el FA no supo interpretar la demanda social de mejoras en las políticas y eso lo alejó de sectores sociales que tradicionalmente apoyaban al proyecto progresista, en particular los trabajadores y pequeños comerciantes.

Los gobiernos frenteamplistas garantizaron una determinada estabilidad macroeconómica y facilitaron el acceso al consumo, pero no promovieron un involucramiento social acorde. El resultado: la sociedad uruguaya no necesariamente es más solidaria que hace 15 años. Mientras el sentido común tendía a moverse, en el largo plazo, hacia nociones más liberales, la administración del FA impulsó políticas públicas (combate a la pobreza, progresividad tributaria, sistema de transferencias) que no contaron con el respaldo social necesario. La falta de politización entre amplios sectores de la sociedad, sumado a un contexto de estancamiento de la economía, configuró un escenario propicio para la fuga de votos hacia opciones más hacia la derecha.

Otro factor que incidió negativamente fue la soberbia de la dirigencia. En particular, este segundo gobierno del actual presidente Tabaré Vázquez consolidó la idea de un proyecto político agotado, sin reflejos de renovación en el elenco ministerial y aislado socialmente. En paralelo una parte de la izquierda, generalmente más vinculada a los consensos universitarios y académicos, mostró estar demasiado desconectada de otras realidades que existen en el país y lo pagó en las urnas. Los avances en la agenda de derechos, por ejemplo, demostraron tener más reconocimiento a nivel internacional que entre los votantes del interior del país, donde la izquierda cayó de manera estrepitosa.

Por último, la elección de la fórmula de candidatos Daniel Martínez-Graciela Villar terminó siendo una equivocación, entre otras cosas por su perfil excesivamente capitalino. Llevaron adelante una campaña errática, sin una estrategia clara, y Martínez no aprovechó los debates con Lacalle Pou para acortar distancias.

En resumen, hay un cambio de tiempo político en Uruguay, la negociación tenderá a intensificarse y serán momentos interesantes para quienes le seguimos el pulso a la agenda. A largo plazo, servirá para monitorear si la alternancia en el poder es, como indican algunos manuales, un síntoma de salud para la estabilidad democrática.

Y para el progresismo también se abre una oportunidad: mirarse al espejo, aprender de los errores y comprender el mensaje que enviaron los miles de militantes que se pusieron la campaña al hombro y dejaron al FA al borde de un cuarto gobierno. Personas que hacen política, ni más ni menos.

———–

Lucas Silva es periodista político y director del periódico La Diaria, de Uruguay.