Gobierno suspende de forma definitiva contrato con Heinsohn

El Gobierno decidió suspender de forma definitiva el millonario contrato que tenía con la colombiana Heinsohn Business Technology, que por 10,9 millones de dólares debía diseñar un software para la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo.

“El día 27 (de diciembre) le informamos (a la empresa) de la suspensión definitiva del contrato. Ahora hemos entrado en una etapa en la que le hemos comunicado nuestra decisión y nos volveremos a sentar para ir avanzando en la negociación”, confirmó ayer el viceministro de Pensiones, Osvaldo Jáuregui.

Página Siete envió ayer un cuestionario al representante legal principal de la firma colombiana, Luis Fernando Jaramillo Ceballos, para conocer su posición sobre la decisión del Gobierno, pero hasta el cierre de edición no obtuvo respuesta.

Jáuregui comentó que la Gestora no pudo iniciar operaciones en nueve años, y se evidenció un “despilfarro total” de recursos en el pago de un sistema informático que nunca se entregó.

La autoridad recordó que el  gobierno de Evo Morales firmó dos contratos para la provisión del software para la Gestora: primero con la panameña Sysde, a la que pagó casi tres millones de dólares por un producto que no entregó y, segundo, con Heinsohn, a la que contrató en medio de la convulsión social de octubre.

“El 23 de octubre se firmó contrato con la empresa Heinsohn, de Colombia, para la provisión del mismo software. Entonces el ministro (José Luis Parada) puso un freno: primero pedimos una prórroga de 15 días y después de 20, recurriendo al argumento de que se iban a correr los plazos de entrega de los productos. El 27 de diciembre se cumplía este plazo y teníamos que tomar una determinación”, dijo Jáuregui.

Ya durante la administración del Gobierno de transición, el nuevo Ministro de Economía ordenó una auditoría a la contratación de Heinsohn, un proceso que terminó con una serie de observaciones que hicieron que se decida suspender el acuerdo.

“El gerente de la Gestora (Sergio Flores) convocó al ejecutivo local de Heinsohn, le comunicó la preocupación del resultado que tenía el Ministerio de Economía respecto de la forma en la que habían procedido a la firma del contrato, con todas las observaciones de la auditoría que mandó a hacer el  ministro, vinculadas al objeto, las características apresuradas con las que se había firmado el contrato”, indicó el viceministro de Pensiones.

Agregó que la intervención de las nuevas autoridades de Economía llegó a tiempo, para evitar un daño mayor al ya causado al Estado con la firma y pago por el primer contrato con Sysde.

“Llegamos en el momento oportuno para parar este contrato, que no tuvo ni un solo desembolso, no se desembolsó ni un solo peso y, por lo tanto, la negociación con Heinsohn va a estar vinculada a las reclamaciones que podría estar planeando hacer respecto a si ellos se sentirían perjudicados por la suspensión definitiva del contrato”, acotó.

En la actualidad, la Gestora sólo se encarga del pago de la Renta Dignidad, ya que el inicio de sus operaciones quedó postergado hasta septiembre de 2021.

Gastos sin réditos

• Despilfarro “El proceso de despilfarro en la Gestora es alarmante, la forma de contratación de consultores por un monto elevado… Estamos con un nuevo gerente para dar una respuesta a la población y certidumbre en la administración de los recursos”, declaró ayer el viceministro de Pensiones, Osvaldo Jáuregui.
• Administración La autoridad sostuvo que el anterior Gobierno “habilitó la Gestora como una empresa pública con el único objetivo de viabilizar las contrataciones de servicios y compra de software”.
• Negociación Los ejecutivos de Heinsohn y las autoridades del Ministerio de Economía iniciarán en los próximos días las negociaciones para resolver el contrato de provisión.

La designaron “empresa estratégica” para facilitar contrataciones

La Gestora Pública fue designada por el  gobierno de Evo Morales como “empresa estratégica” para facilitar sus contrataciones, procesos en los que se detectaron varios despilfarros.

“La Gestora ha estado funcionando a media fuerza o cuarta fuerza en el proceso de consolidarse como empresa; lo que sí se ha podido determinar es que lo que ha funcionado es que la han designado como una empresa estratégica con el único objeto de facilitar sus contrataciones directas. Esto provocó un sinnúmero de problemas, como los dos procesos de contratación (de software), uno en proceso de arbitraje (con la panameña Sysde)”, explicó ayer el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Osvaldo Jáuregui.

La autoridad remarcó que los gastos superfluos en la institución fueron “alarmantes” y puso como ejemplo los salarios asignados a sus funcionarios.

“La forma de contratación, tres consultores por el millón de dólares, este tema está en proceso de investigación, pero en este momento estamos con un nuevo gerente que trabaja arduamente para poder dar una respuesta al pueblo boliviano, para ver qué es lo que vamos a plantear como salida a este intento que está determinado por  ley”, manifestó.

La Gestora Pública fue creada por   el Decreto Supremo 2248, de enero de 2015, que fijaba su inicio de operaciones para  junio de la gestión 2016, en cumplimiento de  la Ley 065 de Pensiones.

También por decreto, el   gobierno de Morales aprobó la transferencia de 200 millones de bolivianos para que la institución comience a funcionar.

Sin embargo, con el Decreto Supremo 2802, de junio de 2016, se amplió el plazo de inicio de actividades en 18 meses, de modo que se fijó su inauguración para el 15 de septiembre de 2017.

No obstante, el 20 de ese mes, mediante un nuevo decreto, el gobierno del MAS decidió aplazar la fecha hasta marzo de 2019, mes en el que se volvió postergar el inicio de operaciones de la institución pública, hasta septiembre de la gestión 2021.

Hay $us 19 mil millones en el fondo de pensiones

ABI / La Paz

El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Osvaldo Jáuregui, informó ayer que “hace un par de días” el fondo del sistema de pensiones de los trabajadores, que es administrado por las AFP, llegó a 19.000 millones de dólares, casi la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia.

En un desayuno que compartió con la prensa, Jáuregui  indicó que a pesar de que la Gestora Pública todavía no comenzó operaciones formales, no existe riesgo en el manejo de los aportes laborales, ya que su administración se enmarca en un proceso regulatorio que es muy exigente.

“Hace un par de días hemos llegado a 19.000 millones de dólares en el fondo y las bases de datos correspondientes a los contribuyentes, las cuentas individuales de los aportantes están siendo manejadas de la manera en que la ley lo determina, y a través de un proceso regulatorio bastante exigente”, aseguró.

No obstante, remarcó que en la actualidad la rentabilidad del fondo de pensiones atraviesa un momento “un tanto deprimido”, pero por problemas que son “exógenos” que no tienen que ver con aspectos previsionales.

Lamentó que después de casi 10 años, la Gestora Pública todavía no pueda iniciar operaciones formales y, al contrario, presente numerosas irregularidades en la adquisición de un software que permita administrar los recursos de los trabajadores.

“En este momento, la Gestora lo único que está haciendo es la administración del pago de la Renta Dignidad; la gran mayoría de los trabajadores de la Gestora está dedicada al pago de la renta y el saldo son técnicos que han estado intentando darle una respuesta al software”, sostuvo.