Muertes en Mocoví revelan falta de estrategia y descontrol en cárceles

Una granada de guerra ‘de alguna forma’ ingresó y luego salió de la cárcel de El Abra en Cochabamba para ‘viajar’ a Beni e ingresar camuflada en un paquete que contenía un par de salteñas, papas fritas y soda para un interno brasileño. Esa es la hipótesis que el Ministerio de Gobierno maneja sobre la explosión en la cárcel de Mocoví la noche del lunes que dejó dos internos muertos y 32 heridos.

Este hecho dejó en evidencia, una vez más, la realidad de lo que sucede en las cárceles del país: pugnas de poder y controles deficientes o permisivos.

“Hay pugnas de poder terribles en las cárceles bolivianas, principalmente provocadas por miembros del PCC”, señaló a EL DEBER el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Asimismo dijo que es evidente que los controles de lo que ingresa a los penales “son totalmente vulnerables” y además que la situación es “insostenible” debido, además, al hacinamiento carcelario.

Esa realidad, ‘heredada’ del anterior Gobierno, comprueba la falta de una estrategia integral del Estado para abordar la problemática, además del retorno de las irregularidades en los penales, que se habían aplacado luego de la intervención de Palmasola el 14 de marzo de 2018 y posteriormente en las principales cárceles del país.

Lo habían anticipado personas que visitan las cárceles, familiares, internos y algunos policías escudados en el anonimato por temor a represalias: la supuesta pacificación ‘pendía de un hilo’ y era una ‘bomba de tiempo’ que estallaría en cualquier momento, había que esperar cuándo y dónde.

Esa ‘bomba’, esta vez tenía forma de granada de guerra y explotó en Mocoví, la cárcel a 7 kilómetros de la capital trinitaria y que como casi todos los penales del país tiene un hacinamiento de alrededor del 200%. Allí llegó hace unos días un brasileño de nombre ‘Óscar’ que dejó un paquete con comida (y la granada) a su compatriota Lucas Rossendi, quien, según informes de la Policía de Beni, disputaba el poder en el penal con el boliviano Jorge Mauricio Soliz Rojas (36).

La noche del lunes, Rossendi, miembro del Primer Comando de la Capital (PCC), arrojó la granada contra Soliz y causó su muerte además de herir a 32 internos. En el hospital de Trinidad, posteriormente falleció Rubén Darío Salazar (26).

¿Quién era Mauricio Soliz?

Un conocedor de las pugnas de poder en las cárceles, así era Jorge Mauricio Soliz Rojas, quien en 2013 fue uno de los cabecillas de la matanza de 35 internos en el área de ‘Chonchocorito’ de Palmasola donde, con garrafas usadas como lanzallamas, fueron quemados reos del pabellón rival a los que esperaron en la puerta para ‘rematar’ a machetazos a los que salían huyendo.

Soliz estaba preso por robo a mano armada y fue condenado a 30 años por asesinato tras la matanza en Palmasola de 2013.

Estuvo implicado también en la pugna de poder con el entonces regente Víctor Hugo Escobar Orellana ‘Oti’. Entonces, Soliz fue uno de los 10 reclusos que se salvó de morir a manos de gente de Oti y fue ‘deportado’ a la cárcel de Mocoví una semana antes del megaoperativo en Palmasola que terminó con el ‘reinado’ de Oti en el reclusorio cruceño.

En Mocoví, Soliz estuvo preso menos de un año, porque en febrero de 2019 fugó. Su nombre volvió a ‘sonar’ en septiembre del año pasado cuando atracó una joyería en la zona de Equipetrol en Santa Cruz, donde le disparó al propietario causándole serias lesiones.

En diciembre del año pasado fue recapturado en Riberalta y enviado nuevamente a Mocoví, algo que fue observado por el entonces director de la Felcc, Óscar Gutiérrez, pues a Soliz se lo ‘devolvía’ al lugar de donde había fugado.

Por otra parte, sobre su verdugo, Lucas Rossendi, quien se atribuyó la explosión en Mocoví, se sabe que purga una pena de 10 años por narcotráfico, de la cual ha cumplido la mitad. La Fiscalía de Beni informó de que se lo trasladó a celdas de la Felcc de Trinidad y que se lo imputará por el delito de asesinato.

Pugnas y hacinamiento

Tras el operativo del 14 de marzo de 2018 en Palmasola, y luego en las otras cárceles del país para ‘descabezar’ los grupos de poder, las extorsiones, los alquileres y otros cobros irregulares de los presos y los custodios, el Gobierno del MAS se atribuyó la pacificación temporal como si fuese un logro. Desde entonces, se empeñaron en negar que los grupos de poder y las irregularidades se estaban rearticulando en los penales.

Mientras tanto, el actual Gobierno ha admitido el problema y ha planteado medidas reactivas y la continuación de proyectos que la anterior gestión gubernamental llevaba a paso lento.

La defensora del pueblo, Nadia Cruz, señaló que el informe sobre esta temática publicado en 2018 retrata la situación en la que viven los privados de libertad, con un hacinamiento del 225% y vulneración de derechos como a la salud y educación.

“Las personas privadas de libertad se encuentran en limitadas condiciones de vida. El hacinamiento a mayo de 2018 ha oscilado en promedio el 225%, (hay) evidentes vulneraciones de derechos en cuanto a la salud y educación, la mala alimentación, el deficiente acceso a los servicios básicos y de infraestructura, así como la ausencia de programas efectivos en reinserción social”, remarcó Cruz.