El efecto dominó del caso Odebrecht arrastra altos cargos en el Gob. de Perú

El efecto dominó del caso Odebrecht ha alcanzado esta semana a los altos cargos del Gobierno de Perú. Todos los ministros del equipo del presidente Martín Vizcarra pusieron este jueves sus cargos a disposición, tras una crisis política que empezó la mañana del martes con la salida del ministro de Energía y Minas. La polémica estalló hace una semana, cuando la constructora brasileña demandó al Estado peruano por la cancelación de un proyecto para construir un gasoducto al sur del país, que el Gobierno paralizó en 2017 por supuestos hechos de corrupción. Siete días después, cuatro de las 19 carteras -Energía y Minas, Justicia, Transportes y Comunicaciones y Educación- han cambiado de titular en el puesto.

Vizcarra ha tomado juramento la noche de este jueves a sus nuevos cuatros ministros, que deberán integrarse a un Gobierno que atraviesa una crisis política frente al caso Odebrecht. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo de arbitraje del Banco Mundial que dirime disputas comerciales, aún no ha admitido la demanda presentada por la constructora por 1.200 millones de dólares.

Otra de las empresas que participaban en el proyecto del Gasoducto Sur Peruano era la española Enagás, que también acudió al CIADI contra Perú por el mismo caso. La obra, aprobada durante el Gobierno de Ollanta Humala, está paralizada desde 2017 al no lograr financiamiento y Odebrecht, que se encontraba en medio de la explosión del caso de pago de sobornos, fue incapaz de vender sus acciones.

Las autoridades de Odebrecht firmaron en febrero de 2019 un acuerdo de colaboración con la justicia peruana a cambio de que la empresa pudiera continuar operaciones en el país. En el documento, la constructora reconoce que pagó sobornos y realizó gestiones ilegales para obtener cuatro concesiones, sin embargo, no aceptó esa misma responsabilidad en la obra del gasoducto. El texto no incluyó una cláusula que prohibiera a la empresa demandar a Perú ante el CIADI, lo que se tradujo en críticas contra el Ejecutivo peruano y el procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, quien negoció los términos de ese acuerdo firmado con la empresa brasileña.

En plena controversia por el comportamiento de la constructora, el pasado domingo un programa de televisión reveló que el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, había sido consultor privado de Odebrecht mientras se desempeñaba en paralelo como asesor del ministerio entre 2010 y 2014. El funcionario asumió el cargo en octubre y en su declaración de intereses no consignó aquellos servicios a la constructora brasileña.

Como asesor del ministerio, Juan Carlos Liu elaboró un estudio en 2013 recomendando el modelo de financiamiento del Gasoducto del Sur, la concesión que es objeto de controversia entre la constructora y el Gobierno peruano. Además, reveló que en enero, por acuerdo con el procurador encargado del caso Lava Jato, se reunió con ejecutivos de Odebrecht que querían saber sobre el futuro del gasoducto, hoy llamado Sistema Integrado de Transporte de Gas.

Los detractores del acuerdo de colaboración eficaz entre la constructora brasileña y la procuraduría encargada del caso Lava Jato, es decir, políticos de oposición al Gobierno -como el partido fujimorista Fuerza Popular y el Partido Aprista- cuestionaron que el procurador se preocupara por los intereses de la transnacional brasileña en vez de los intereses del Estado.

Ante el revuelo mediático y las acusaciones a los ministros, el procurador general recién nombrado, Daniel Soria, retiró del cargo al procurador Ramírez este miércoles. La procuradora adjunta Silvana Carrión le reemplazará. La mañana de este jueves trascendió que Ana Teresa Revilla, ministra de Justicia, presentó su dimisión al presidente Vizcarra, al igual que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, uno de los más cercanos al jefe de Estado. Trujillo es investigado por pagos millonarios realizados al margen de la ley de contratación en los últimos días de su gestión en la ciudad peruana de Moquegua, cuando Vizcarra era gobernador regional.

“La crisis política se ha generado por revelar información que no es del todo cierta. La decisión [de la salida del procurador] no es mía, sino del procurador general. No gestioné la reunión del procurador con los ejecutivos de Odebrecht, sino la reunión de diciembre con el ministro Liu”, precisó esta noche Revilla en la radio Radioprogramas.

En una entrevista a IDL-Reporteros, el exprocurador Jorge Ramírez explicó que Odebrecht planteó a Perú prorrogar el plazo de prescripción para ejercer su derecho de arbitraje ante el CIADI, mientras llegaban a un acuerdo sobre la venta de parte de los tubos del Gasoducto. Sin embargo, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, ni el primer ministro Vicente Zeballos dieron una solución. Venció el plazo, y la empresa pidió el arbitraje por presión de los acreedores.

Desde inicios de octubre, la Administración de Vizcarra gobierna mediante decretos de urgencia debido a que el presidente disolvió el Congreso mediante una atribución constitucional de balance de poderes llamada cuestión de confianza. Se espera que el nuevo Parlamento, elegido en comicios en enero, se instale en marzo y retome la reforma política que bloquearon los congresistas disueltos, de mayoría fujimorista y aprista.

Entre los miembros del Gabinete que dejan el cargo este jueves, no queda claro el cambio de la ministra de Educación, Flor Pablo, cuya gestión no tuvo altibajos. Es posible que haya sido una concesión a algún sector político tras las reuniones de Vizcarra con las nuevas bancadas parlamentarias que llegarán pronto a sus escaños.

Por causa del caso Odebrecht, los más importantes políticos peruanos enfrentan investigaciones fiscales, entre ellos los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y su esposa; además de Pedro Pablo Kuczynski. La ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán; y la excandidata presidencial Keiko Fujimori también han estado salpicadas en las pesquisas. Toledo tiene un pedido de extradición, Kuczynski está bajo detención domiciliaria y Fujimori cumple prisión preventiva. El expresidente Alan García se suicidó en abril de 2019 cuando un fiscal y un grupo de policías iba a detenerlo por las investigaciones ligadas al pago de sobornos de la constructora.