Hollywood cambia la historia en Bolivia 2

En la edición de diciembre de 2012, la revista dat0s publicó una investigación sobre una red de extorsión conformada por funcionarios del Ministerio de Gobierno que puso en duda la reputación internacional del Gobierno. Jacob Ostreicher, ciudadano judío-norteamericano que llegó a Bolivia a realizar inversiones en tierras es el personaje central de esta historia de película, amigo de magnates estadounidenses y del actor de cine Sean Penn. Les contamos esta increíble historia en dos partes. POR REDACCIÓN DATOS

Primera Parte

Una de las noticias que alarmaron a la opinión pública al cerrar 2012 fue el descubrimiento de una red de extorsión que sirvió para hacer conjeturas sobre el terror que utiliza el Estado contra sus adversarios políticos, incluso contra empresarios e inversionistas extranjeros. Un método del que se valieron funcionarios de las dependencias de los Ministerios de Gobierno, Presidencia y de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción para recaudar millonarias ganancias ilegítimas.

El caso explotó curiosamente en un mensaje enviado al celular del presidente Evo Morales por uno de sus embajadores. Días después de esa comunicación, llegó al país el actor de cine estadounidense Sean Penn, interesado en conocer detalles sobre la detención del ciudadano de origen judío-norteamericano Jacob Ostreicher, ocurrida en 2011, acusado de legitimación de ganancias ilícitas y que más tarde fue vinculado en actividades del narcotráfico. No era la primera vez que el actor venía a Bolivia. Antes ya se había reunido en el palacio de Gobierno con el primer mandatario a quien lo unía una amistad política; como defensor de la revolución bolivariana que incluía una variedad de personajes de la farándula internacional. Esta vez, sin embargo, la presencia de Sean Peen en Bolivia tenía otro motivo: rescatar de la prisión a su amigo personal Jacob Ostreicher. Una tramoya confeccionada presumiblemente por el equipo jurídico del Ministerio de Gobierno -a encargo de altos funcionarios que no figuran en el cuaderno de la investigación había dispuesto encarcelar al extranjero por presuntas conexiones con esferas del narcotráfico.

El caso provocó malestar en el primer mandatario, según sus propias palabras; ya que él sabía de primera mano que gente de su administración estaba comprometida con la detención de Ostreicher, situación que derivó en un inusual temblor político en el corazón del Gobierno. El jefe de Estado prefirió mantenerse al margen del esclarecimiento, pero incluso estando lejos de los informes de Inteligencia, exigió a uno de sus ministros más próximos mantenerlo informado a él y a la opinión pública sobre un tema que estaba perjudicando su gestión. La información fue al correr de los días involucrando a niveles intermedios del Gobierno. El equipo jurídico del Ministerio de Gobierno fue detenido y días después, al menos dos de ellos enviados a la cárcel de Palmasola en la ciudad de Santa Cruz.

Los involucrados en la red de extorsión, el ex director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas y los demás abogados que servían de enlaces con jueces y fiscales para favorecer fallos y cambiar sentencias, fueron acorralados y apuntados como los directos responsables del movimiento irregular; eso sí, alejando de escena visible a las autoridades jerárquicas y al entorno presidencial.

Así las cosas, el titular de la cartera de Gobierno, Carlos Romero, exteriorizó temores de que la banda pudo infiltrarse en otras reparticiones públicas con tentáculos en niveles del Poder Judicial y la propia Policía Nacional, aunque descartó que el caso erosionaría en puestos altos de los ministerios de la Presidencia, Gobierno y de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

Los ex ministros Llorenti y Chávez

El caso cobró un nuevo giro al conocerse fotos de Boris Villegas durante la represión contra los marchistas indígenas del Tipnis en Chaparina. Como se sabe, a pesar de la resistencia de varios sectores de las organizaciones sociales, inclusive afines al Gobierno y grupos de la oposición, en octubre pasado, eludiendo todos los dossiers que lo involucran en la violenta intervención contra la marcha indígena, el ex ministro Llorenti fue nombrado por el presidente Morales, embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas en Nueva York. A pesar de esto, Villegas era asesor en el Ministerio de Gobierno.

También se supo que otro supuesto cabecilla de la banda delincuencial, Fernando Rivera, habría sido nombrado por Llorenti como director jurídico de mismo ministerio, cargo en el que permaneció hasta ser detenido hace un par de semanas en Tarija durante el intervalo del juicio que se dilucida en esa ciudad sobre el caso “terrorismo”.

Las denuncias comenzaron a complicarse para el ex ministro de Gobierno, hoy embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, por una declaración del ex viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, quien había manifestado que los principales cabecillas de la red eran amigos de Llorenti. También se conoció que tras un esporádico alejamiento de esa cartera de Estado, Fernando Rivera, retornó a ocupar la dirección jurídica de esa cartera de Estado, cuando Llorenti fue nombrado su titular. También, el exministro Wilfredo Chávez, quien ocupó por corto tiempo la cabeza del Ministerio de Gobierno, seguía atendiendo como abogado importantes trámites para el Gobierno en la justicia. En una de sus últimas tareas como ministro se le habría encomendado el traspaso de la red PAT -cuyo propietario involucrado en la millonaria estafa de Aerosur- fue obligado a ceder el control de esa red de televisión, otrora propiedad del ex presidente Carlos Mesa.

La red

En el último tiempo el Ministerio de Gobierno se ha convertido en un reducto de controversias incontrolables. Para varios analistas políticos resulta increíble que la seguridad del Estado y “procesos especiales” que se manejan en esa cartera de Estado hayan estado en manos de un grupo involucrado en una red de extorsión y, presumiblemente, sin que la cabeza del sector controle los hilos de la institución que maneja. La pregunta que se hace la opinión pública es cómo el equipo jurídico del Ministerio de Gobierno actuaba independientemente en casos álgidos e importantes como han sodo por ejemplo: “Terrorismo I y II”; “Porvenir”; “El juicio contra el alemán Dirck Schmidt”; “El proceso abierto en la justicia que se conoce como “Gastos Reservados I y II”. Todos estos en los que se afirma que la red actuaba sin mediar ninguna interferencia.

Pero más allá del avance de la investigación en el caso denominado “Jacob Ostreicher”, hay otro tipo de elementos inusuales que merecen ser apuntados. Por ejemplo, la relación que mantuvieron durante al menos cuatro meses desde su llegada a Bolivia, Jacob Ostreicher y Claudia Rodríguez, detenidos ambos casi al mismo tiempo entre marzo y julio de 2011 por ganancias ilegítimas y supuestos vínculos con el narcotráfico. Ha trascendido que Rodríguez pretendió quedarse con el dinero por la compra de las tierras que Ostreicher y su socio, el multimillonario suizo André Zolti compraron del narcotraficante Maximiliano Dorado, para intensificar labores agrícolas a gran escala.

Segunda parte lea este viernes ¿Quién denunció ese presumible volteó?