Al menos 5 muertos y más de 140 heridos en Colombia durante una noche de protestas contra la violencia policial

Colombia despertó contando muertos y destrozos luego de una violenta noche de protestas por causa de la muerte de un hombre de 45 años a manos de la policía de Bogotá.

Según las autoridades al menos cinco personas fallecieron de forma violenta en la capital colombiana y la vecina localidad de Soacha, pero reportes de medios locales elevan la cifra de víctima fatales a siete.

La violenta jornada dejó también más de 140 heridos así como 53 comandos policiales vandalizados y numerosos vehículos dañados, incluyendo patrullas y buses del sistema de transporte público.

Entre los Comandos de Acción Inmediata de la policía vandalizados figuran tres de Soacha y uno de Cali, en el suroeste del país, pero las principales protestas se registraron en Bogotá, donde 22 de estos CAI fueron incinerados.

Y a través del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el gobierno colombiano reaccionó a lo sucedido anunciando la militarización de la capital.

“Se reforzara el dispositivo de policía en Bogotá con 750 uniformados, más 850 que llegan de otras regiones del país. 300 soldados de la brigada 13 del ejército apoyarán la labor de la Policía Nacional en la capital de Colombia”, informó Trujillo.

El ministro también ofreció una recompensa “de hasta COP 50 millones (más de US$13.000) por información que conduzca a la captura de los autores del homicidio de cinco personas durante esta jornada violenta en Bogotá y el municipio de Soacha, así como de los responsables de hechos de vandalismo”.

Pero en una muestra de lo tensas que están las relaciones entre parte de la ciudadanía y las fuerzas de seguridad del país, numerosos usuarios de Twitter respondieron a la oferta del ministro publicando fotografías en los que parece verse a policías disparando contra los manifestantes.

Y, para muchos, la muerte de Javier Ordoñez -quien falleció luego de ser electrocutado en numerosas ocasiones por los agentes de policía que lo arrestaron por violar las restricciones de la cuarentena impuesta para tratar de contener la pandemia de coronavirus- no ha hecho sino poner de manifiesto un arraigado problema de abusos por parte de las fuerzas de seguridad.

En su intervención, sin embargo, Holmes Trujillo insistió en que el caso estaba siendo investigado y que el objetivo de esa investigación debía ser la “individualización” de las responsabilidades.

“Hacemos un llamado para que deje de estigmatizarse a la institución policial, que es querida por los colombianos”, pidió el ministro, quien también informó que “por instrucción del señor presidente de la República” los policías “comprometidos” en la muerte de Ordoñez “serán suspendidos en las próximas horas”.

Qué hay detrás de las protestas. Por Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

En la noche del miércoles terminó de quedar claro lo que el martes empezaba a exponerse: algo muy profundo está fallando en los mecanismos de control de la policía bogotana.

Las protestas del miércoles (que además de en Bogotá ocurrieron en otras ciudades) tuvieron un evidente carácter violento: los manifestantes quemaron estaciones, buses y motocicletas y desde un principio mostraron su intención enfrentar a la policía.

A eso, sin embargo, los cuerpos encargados de mitigar la violencia respondieron con más violencia: en los videos se ven aparentes disparos de armas de fuego y los perfiles de los muertos, según informes de medios locales, son de estudiantes y trabajadores informales de corta edad.

Detrás de los enfrentamientos está el gran descontento que existe con la policía, que reprimió el estallido social del 2019 con mano dura y que no cuenta con entes eficientes para prevenir y, más importante, sancionar, los casos de abuso de la autoridad.

Siempre que ocurre un caso de abuso policial, que como en resto de América Latina son frecuentes en Colombia, la sensación en la población es que el hecho queda en la impunidad.

La policía en Colombia no es un ente civil, sino que opera bajo lógicas militares y está adscrita al Ministerio de Defensa, no del Interior. Es una herencia de la guerra entre el Estado y las guerrillas y paramilitares.

Pero encima del descontento coyuntural con la policía hay una indignación mucho más grande: la provocada por el recrudecimiento de la violencia en sectores afectados por el conflicto armado, las masacres contra la población civil, la precaria implementación del proceso de paz con la guerrilla e incluso la falta de reformas en un sistema de educación excluyente y desigual.

La pandemia puso un paréntesis al inédito estallido de noviembre, que dio con una mesa de conversación entre el gobierno y organizaciones que no arrojó resultados concretos. Ese paréntesis parece haberse cerrado.