De 1.613 nuevos focos de calor en Bolivia, el 75,2% están en Santa Cruz

De 1.613 nuevos focos de calor registrados durante la última jornada en Bolivia, 1.214 (75,2%) están en Santa Cruz. Así lo revela un reporte del Ministerio de Medio Ambiente al que accedió EL DEBER y que se traduce en la complicada situación que atraviesa el departamento cruceño en su lucha contra las quemas y chaqueos que tienen como mayor consecuencia el aumento de incendios forestales.

A esto se suman la situación complicada de las áreas protegidas. Por ejemplo, en el Área Natural de Manejo Integrado (AMNI) San Matías hay 60 focos de calor, en el parque natural Noel Kempff Mercado hay 151, en la reserva de Copaibo hay 181, en la reserva departamental Ríos Blanca y Negro se dieron 75 focos, mientras que en Río Grande, un total de  42.

En lo que va del año se registraron 118.548 focos en el departamento de Santa Cruz y la superficie afectada por el fuego alcanza a 922.843 hectáreas, según el reporte.

Vale recordar que, en la última semana a escala nacional, la cifra de focos de calor se disparó a 40.953 focos, más que el histórico de 2019, cuando se registraron 27.152 a escala nacional.

Pero el problema también salta a otros departamentos, donde los focos de calor, al igual que en Santa Cruz, dieron lugar a 83 incendios forestales en la última jornada, de acuerdo al informe del director ejecutivo de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), Víctor Hugo Áñez.

“Tenemos 83 eventos de incendios activos, 58 de ellos se registran en el departamento de Santa Cruz, 10 en Chuquisaca y Beni, uno en La Paz y cuatro en Tarija”, informó Añez, quien denunció que el 95% de estos sucesos son provocados, por eso la labor de generar conciencia y dar con los responsables para sancionarlos.

En días pasados, las autoridades declararon desastre nacional por la sequía y los incendios y se está a la espera de ayuda internacional. Si bien ya se anunció la llegada de personal y de herramientas, todavía queda trabajo para hacer frente al fuego que no solo golpea a la biodiversidad, sino también a la economía y la salud de las familias que viven en las zonas afectadas.