Países de Amérca Latina pierden 36 mil mdd en demandas en centros internacionales de arbitraje

Los países de América Latina han pagado a distintas empresas privadas un total de 36 mil 607 millones de dólares como resultado de demandas interpuestas contra los Estados en centros de arbitraje internacionales, de acuerdo con un nuevo reporte del Transnational Institute difundido esta semana.

De acuerdo con el nuevo informe sobre demandas inversor-Estado conocidas por las siglas en inglés ISDS (Inversor – Estate Dispute Settlement), éstas se han multiplicado en las últimas dos décadas: de un total de 6 casos conocidos bajo tratados en 1996, se pasó a 1401 casos conocidos hasta finales de 2024.

Conforme al reporte, de ese total, los países de América Latina fueron demandados en 399 ocasiones hasta el 31 de diciembre de 2024, lo que representa un 28,5% de las demandas inversor-Estado conocidas a nivel mundial. Al cierre de del informe (15/10/2025), los países de la región habían recibido 20 demandas adicionales, alcanzando un total de 419 casos a mediados de octubre de 2025.

En cuanto a los montos reclamados por los inversores, el total de las demandas desde 1996 asciende a 295.378 millones de dólares, pero en 90 de las 419 demandas no se conoce el monto reclamado por el inversor, razón por la que el monto total es aún mayor.

“Teniendo en cuenta los casos ya resueltos (ya sea por decisión arbitral o por acuerdo entre las partes) en los que se conocen los montos, lo que se ha ordenado a los Estados pagar a los inversores asciende hasta el momento a 36.607 millones de dólares” señala el reporte elaborado por el Transnational Institute, un centro académico con base en Alemania que, entre cosas, monitorea las demandas ISDS.

Por su parte, el total reclamado por los inversores en las demandas pendientes (donde se conoce el monto) asciende a 64.728 millones de dólares. Hay que destacar que se conoce el monto reclamado en solo menos de la mitad de las demandas pendientes (54 de 117).

Conforme al reporte, los 36.607 millones de dólares que los países de América Latina y el Caribe han sido condenados a pagar a los inversores equivalen a la totalidad del servicio de la deuda pública, entre 2025 y 2030, de algunos de los países más pobres de la región juntos: Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Paraguay.

También alcanzaría para cubrir más de un tercio del monto faltante anual de América Latina y el Caribe hasta 2030 para cumplir con los objetivos en seis áreas prioritarias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente protección social y trabajos dignos, transformación educativa, sistemas alimentarios, cambio climático, pérdida de biodiversidad y polución, transición energética y digitalización inclusiva.

Asimismo, con ese monto se pagaría un año y medio de los fondos de toda América Central para la transformación inclusiva de sus sistemas alimentarios.

La cifra más alta ya pagado por un país a raíz de una única demanda fueron los 5.000 millones de dólares que pagó Argentina a la empresa Repsol en un acuerdo de partes.

El laudo más costoso, sin embargo, corresponde a Venezuela, el país más demandado de la región, que en 2019 perdió la demanda de Conoco Phillips en el CIADI. El Tribunal ordenó a Venezuela pagar 8.366 millones de dólares. Venezuela también perdió el proceso de anulación del laudo. Actualmente, ConocoPhillips está intentando reforzar el laudo en cortes nacionales para poder confiscar activos que Venezuela tiene en otros países.

Conforme al reporte, en los últimos años se ha registrado un “boom” de demandas en contra de Estados de América Latina y el Caribe, que comenzaron desde 1996 justamente con una demanda contra Venezuela.

“Desde entonces, la cantidad de demandas ha aumentado de manera sostenida y alcanzó su primer punto máximo en 2003, principalmente debido a la crisis de la Convertibilidad en Argentina, que implicó una devaluación de la moneda, la pesificación, el congelamiento de tarifas de servicios públicos y la renegociación de contratos de concesión. De las 25 demandas registradas en 2003, 20 corresponden a Argentina”, señala el reporte

Desde entonces, la cantidad de demandas ha seguido en ascenso. Mientras que entre 1996 y 2006 se registraron 91 demandas, en la última década (2014-2024) el número total ascendió a 212. Esto implica un incremento de más del 133% en la cantidad de demandas.

El año 2023 marcó un récord histórico en América Latina y el Caribe, con 28 demandas, 11 de ellas contra México, durante el gobierno del expresidente progresista Andrés Manuel López Obrador. Esto ocurrió, según el informe, porque aún era posible recurrir al capítulo de protección de inversiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuyo plazo de vigencia finalizó en julio de 2023, tres años después de su sustitución por el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Sobre la resolución de los casos, los Estados han sido los grandes perdedores. De las 419 demandas conocidas contra países de la región latinoamericano, en 268 ocasiones existió una resolución del caso (ya sea por laudos del tribunal o por acuerdo entre partes). De las 268 demandas resueltas, el inversor salió beneficiado en casi dos tercios de los casos.

Tomando en cuenta los 210 casos donde el tribunal se pronunció (es decir, sin considerar los acuerdos entre partes), los árbitros han decidido a favor del inversor en 104 casos (49,5%).

“Es importante tener en cuenta que, en el sistema de arbitraje internacional, los Estados siempre pierden, ya que las demandas implican millones de dólares en gastos de defensa y de proceso. Incluso en casos donde los tribunales de arbitraje fallan a favor del Estado, es común que este deba desembolsar millones de dólares en la contratación de firmas de abogados que pueden cobrar hasta 1.000 dólares por cada hora de asesoramiento”, se señala en el reporte.

Por ejemplo, solo hasta 2013, Ecuador llevaba gastados 155 millones de dólares en su defensa y en los costos del arbitraje. En la demanda de Freeport-McMoRan v. Perú, el tribunal rechazó los reclamos de la empresa minera estadounidense, aunque ordenó que las partes pagaran sus costos, lo que en el caso de Perú implicó casi 7 millones de dólares gastados en su defensa.

En una decisión reciente de una demanda originada en la crisis argentina de 2001 y que data de 2002 (AES vs. Argentina), Argentina no tuvo que afrontar solo sus propios costos – de 3,5 millones de dólares –, sino casi 16 millones correspondientes a los gastos de la empresa estadounidense, además de un laudo de 716 millones de dólares.

De hecho, en los casos en que el fallo favorece al inversor, es común que el tribunal obligue al Estado a pagar los costos del arbitraje del inversor. La demanda de Perenco contra Ecuador es otro ejemplo claro de esta práctica: en ese caso, el Estado tuvo que pagar 23 millones de dólares al inversor.